Joe Biden, como muchos actores globales, ha tenido que hacer frente a complejos escenarios derivados del gran disruptor del siglo XXI que es la pandemia. Sin embargo, más allá de los desafíos económicos y políticos que ponen en riesgo la posibilidad de que logre un segundo periodo presidencial, la crisis social generada por la polarización, la violencia y la incertidumbre que vive la población ha detonado una crisis de seguridad interna sumamente delicada.

En lo que va del 2022, ha habido 201 tiroteos masivos, más de seis mil personas han muerto a causa de violencia vinculada a armas de fuego, más de once mil heridos por arma de fuego, trescientos veinticinco niños heridos con armas, unos mil cuatrocientos adolescentes han muerto a causa de los tiroteos y ha habido más de ocho mil suicidios, todo esto en cuatro meses, lo que representa el 37% del total de los tiroteos perpetrados en 2021. Cabe resaltar que desde 2014 esta tendencia ha ido en incremento y que en 2020 y 2021 el incremento exponencial de la violencia asociada a las armas, tiene un común denominador: el discurso supremacista dispersado e incrustado en las fibras de un tejido social sumamente vulnerable. Impensable que 35 de los 50 estados que conforman los Estados Unidos de América hayan vivido en 4 meses en lo que debería ser ya decretado como un estado de emergencia.

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 Este complejísimo fenómeno es multifactorial y multicausal, no se puede entender bajo una sola óptica, sin embargo, hoy se percibe un ambiente sobre agitado por la polarización y las influencias de ideologías añejas difundidas por personajes tóxicos que han permeado los espacios de la comunicación digital. El supremacismo blanco, es ese elephant in the room que rehúsan a ver como lo que es: una patología social que requiere atención urgente.

Desde los rincones más oscuros de la sociedad estadounidense se prueba nuevamente que las teorías nocivas y arcaicas en las que se fundamenta el sentido xenófobo que hoy vemos como motivación para “re-equilibrar” a la sociedad, no sólo requieren de un urgente replanteamiento de la segunda enmienda constitucional; se requiere además de educación y un nuevo contrato social que regenere el tejido social en franca descomposición.

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El regreso de “el gran reemplazo”, esa teoría a la que se refieren recientemente los grupos xenófobos estadounidenses para explicar que las mal llamadas minorías raciales les reemplazan demográficamente generando problemas sociales, económicos y pérdida del poder político. Lamentablemente, el come back de esta ideología no se focaliza en los Estados Unidos, alrededor del mundo las propuestas políticas ultraderechistas están plagadas de líderes, propaganda y discursos que respaldan ampliamente este argumento absurdo y fuera de contexto.

Ante un cambio inminente en los patrones migratorios globales, es alarmante la creciente dispersión de ideologías y el crecimiento de movimientos en favor de la segregación y la violencia racial. El problema es que los patrones sociales tóxicos parecen sistematizarse sin que el Estado tenga la capacidad de detenerlos, ya sea por los incontables intereses económicos entorno a la industria de las armas o por la incorrecta interpretación de la protección a la libertad de expresión.

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