Rodrigo Medina de la Cruz, ex gobernador de Nuevo León, no está en este momento riéndose de las autoridades estatales, porque está acusado de un delito grave producto de actos de corrupción en la entrega de recursos a KIA, así como se le investiga por desvíos en Monterrey 6, Metro Rey, Ecovía, Sistemas de Autopistas y otras obras.

“Si yo fuera Rodrigo Mediana no me estaría riendo, de hecho, no me estoy riendo”, advirtió Aldo Fasci, asesor del estado gobernado por Jaime Rodríguez Calderón, durante una conferencia de prensa para detallar cuáles son los delitos cometidos por Medina de la Cruz.

“Medina está vinculado por un delito grave, lo cual es la primera vez que sucede por un acto de corrupción en el estado de Nuevo León”, manifestó el asesor legal de El Bronco.

El ex mandatario cometió tres delitos, pero el juez sólo lo vinculo por el ejercicio indebido de funciones que significa entregó de forma incorrecta recursos públicos y contratos para general un daño patrimonial, así como beneficio con exenciones de fiscales a empresas como KIA, dijo el asesor.

“El caso de KIA no es el único caso que se está investigando en relación al comportamiento de Medina como gobernador: Hemos recibido denuncias y así lo hemos informado al público sobre otros casos significativos en su contenido económico como el Monterrey 6, Metro Rey, Ecovía, Sistemas de Autopistas y otro más”, comentó Ernesto Canales, subprocurador Especializado en Combate a la Corrupción de NL.

Forbes México publicó este martes que el sueño de Rodrigo Medina de la Cruz, ex gobernador de Nuevo León, tal vez no era ser el terrateniente más próspero al terminar su gestión, pero seguro sí estaba entre sus planes que su familia y amigos amasaran riqueza a través de negocios con el estado.

Su padre, su madre, sus hermanos y sus amigos adquirieron 2,428 hectáreas de terrenos ejidales a bajo precio, los cuales fueron revendidos con un sobreprecio a la administración de Rodrigo Medina para que construyeran ahí el Penal de Mina, una prisión que no recibió a los reclusos de alta peligrosidad de Topo Chico, en donde en menos de seis meses se asesinaron a 52 personas.

“Humberto Ricardo Medina Ainslie (padre del ex mandatario neoleonés), María Rebeca de la Cruz Barrera (madre del político del PRI), así como Humberto Ricardo y Alejandro David Medina de la Cruz (sus hermanos) se presentaron como propietarios de 14 parcelas en los ejidos California, La Azufrosa y El Pui en Mina, Nuevo León”, de acuerdo con actas de la asamblea ejidal en poder de Forbes México.

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Los documentos certificados del Registro Agrario Nacional (RAN) señalan que en la compra de tierras también participaron Francisco Cienfuegos Martínez, alcalde priista de Guadalupe, así como los hermanos Héctor Armando, Alejandro y Elisa Martínez Martínez; propietarios de Grupo Kalos Regiomontana, una compañía dedicada a la construcción de almacenes y edificios industriales.

A los hermanos Martínez Martínez, quienes se quedaron con 10 parcelas, los usó la familia de Rodrigo Medina para apoderarse de los terrenos ejidales.

Otros 20 predios de Mina quedaron en manos de personas cercanas al ex gobernador como: Alicia Martínez Elías Calles, David Jiménez Rodríguez, Gerardo Jiménez Rodríguez, Ignacio Gerardo Martínez González, Olga Deciga Peña y Rogelio González Aguilar.

“Quiero precisar que en el caso de los otros dos delitos que pretendía imputar la Fiscalía, si bien no fueron aceptados para vinculación, quiero resaltar que no se trata de una decisión definitiva”, expresó el fiscal anticorrupción.

La administración de El Bronco busca impugnar la decisión del Juez de Control Jaime Garza Castañeda, que vinculó a Rodrigo Medina solo por el delito de ejercicio indebido de funciones y no por los de peculado y daño al erario público.

Ernesto Canales dijo que el Estado recabará más pruebas con la intención de revertir la no vinculación emitida por el juez en turno.

La vinculación del juez no es un asunto menor, dado que la penalidad en cualquiera de los tres delitos va de 2 a 12 años de prisión.

“A la Fiscalía con esta decisión del Juez se le abren dos oportunidades: una, impugnarla a través de la apelación, algún recurso de este tipo que lo estamos analizando para tratar de revertirla”, expuso el fiscal anticorrupción.

“Y segundo, considerar los comentarios del Juez, aprovechar que siempre podemos volver a vincular y trabajar en la carpeta de investigaciones para recabar mayor número de pruebas que lleven al Juez a la misma convicción de la Fiscalía”, dijo Ernesto Canales.

Aldo Fasci reiteró que, conforme al Código Penal del Estado, el delito de ejercicio indebido de funciones es patrimonial de tipo grave.

“Esto significa que los 3, 600 millones de pesos están involucrados directamente con el ejercicio indebido”, mencionó.

El abogado de El Bronco cuestionó el criterio del Juez de Control para vincular al ex Gobernador solamente por este motivo, aunque lo consideró normal, dado que se deriva del nuevo sistema de justicia penal.

“Ese tema es el que nos preocupa, es el que indigna, ese tema es el que tiene molesta a toda la gente que un día nos dicen un criterio y al otro, otro, dependiendo qué Juez sea”, concluyó.

 

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