La libre competencia en el segmento que le reporta mayores ingresos implicará para la CFE transformarse por completo e incluso “achicarse”, al cambiar su carácter legal al de empresa productiva del Estado.

 

 

 

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La electricidad que se comercializa en México está bajo el control de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero a partir del cambio constitucional y la nueva regulación que establecerán los legisladores, inversionistas y corporativos privados involucrados en el sector le apuestan a vender la energía para competir directa y abiertamente con la paraestatal.

La comercialización de la energía eléctrica entre particulares es la asignatura pendiente para inversionistas y empresas del sector energético, y están a la espera de las modificaciones a  las leyes secundarias en la materia que apruebe el Congreso en este periodo ordinario de sesiones o en los meses siguientes. Para la paraestatal, implica entrar a competir por el segmento de la gran industria que en la actualidad le representa el 59.5% del total de sus ingresos.

Actualmente, México cuenta con una capacidad efectiva de 63 Gigawatts, de los cuales cerca del 64% los opera la CFE y el 36% restante los particulares. Sin embargo, de acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía de 1994 a la fecha ha expedido 728 permisos para proyectos de energía que implicarán una capacidad global de casi 34,000 MW, es decir más de la mitad de la capacidad total instalada actualmente.

La reforma aprobada a finales de 2013, abre ahora la puerta para la participación conjunta de la CFE y el sector privado en el desarrollo del sector eléctrico nacional, a través de contratos, mismos que serán detallados por la reglamentación que aprueben los legisladores, con lo que surgirán nuevos comercializadores de energía para la gran industria.

Aunque tampoco es de esperarse que las leyes reglamentarias abran a la libre competencia todo el sector, de hecho, en lo que toca al servicio doméstico o residencial, en la propia reforma energética se dejó a la CFE como responsable de la comercialización de energía en este segmento de mercado que representa el 19.1% de sus ingresos.

Las reformas a las leyes en materia de energía que se han realizado a partir de 1992 permitieron la participación del capital privado, nacional y extranjero, en lo que se refiere a generación de electricidad para consumo propio, de tal modo que ahora los industriales producen más del 30% de la energía que se consume en el país, aunque no puede comercializarla directamente lo que ha creado un mercado paralelo de electricidad bajo el esquema de autoconsumo, principalmente.

La libre competencia en el segmento que le reporta mayores ingresos, implicará para la CFE, transformarse por completo e incluso “achicarse”, al cambiar su carácter legal al de empresa productiva del Estado, como quedó establecido en la reforma energética; o sólo reorganizarse y enfrentar este gran reto con una pesada estructura de 97,235 trabajadores activos -de los cuales 70,154 son permanentes; 22,703 temporales; 4,378 eventuales y 38,977 jubilados- y pérdidas acumuladas por más de 131,000 millones de pesos hasta noviembre de 2013.

Con base en esas expectativas de deterioro para la CFE, el senador Miguel Barbosa, coordinador del Partido de la Revolución Democrática consideró que la renuncia de Francisco Rojas a la dirección de la CFE la primera semana de febrero de este año fue una posición digna para evitar cargar el peso de desmantelar esa empresa pública.

Las expectativas de negocio, tanto para las empresas que ya se enfocan al rubro de generación de electricidad bajo el esquema de productores privados, al igual que para corporativos como Bimbo, Wal-Mart y Cemex que producen su propia energía, se centran en la posibilidad de vender a otros particulares su producción o el excedente que generen con la apertura del mercado.

Sin embargo, frente a las expectativas de libre competencia y nuevos negocios para la inversión privada, la agencia calificadora Fitch advierte sobre la necesidad de contar con el suficiente suministro de gas natural para la generación de electricidad, pues la falta de este insumo ha derivado en tarifas eléctricas hasta 84% más caras para la industria nacional frente a la estadounidense, con la que compite de manera directa.

Industriales e inversionistas -tanto nacionales como extranjeros- esperan entonces que las modificaciones a las leyes reglamentarias del sector les otorguen suficiente certeza jurídica y condiciones para que el riesgo y el negocio resulten atractivos. Esos, digamos, son los términos que han fijado para invertir y competir con la CFE en el mercado.

Hay otras voces, las de especialistas y académicos que sugieren a los legisladores a cargo de las modificaciones a las leyes secundarias, blindar jurídicamente el proceso de apertura para que tenga un sentido social. Habrá que ver si estas voces son escuchadas.

 

 

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