Como parte de las acciones de protección a la vaquita marina, la Secretaría de Gobernación (Segob) pidió el despliegue de elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para salvaguardar las actividades del Alto Golfo de California.

También planteó buscar una vinculación internacional y regulatoria, para retomar el caso del embargo de camarón en la zona, así como hacer de conocimiento a instancias de otros países sobre las acciones afirmativas que se ejecutan en el lugar para la preservación de la especie, detalló la Segob en un comunicado de prensa.

Se combatirá la corrupción e impunidad, así como las prácticas indebidas en la zona, aseguró la Segob, luego de que se llevara acabo la mesa “Estrategia del Alto Golfo de California”, donde estuvo presente su titular, Olga Sánchez Cordero.

Otra línea de acción para preservar a la vaquita marina, abundó Gobernación, es el trabajo coordinado entre organizaciones sociales y las secretarías involucradas en el tema, así como de los pobladores afectados en la región, para ejecutar y diseñar acciones de apoyo a pescadores y trabajo de reconstrucción del tejido social.

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“Esta estrategia será coordinada por la Secretaría de Gobernación, a través del subsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta Saucedo, que dará a conocer los avances y resultados”, aseguró.

Peralta Saucedo sugirió una agenda con compromisos por cada una de las dependencias involucradas, para mostrar el trabajo realizado, así como rectificar o innovar acciones.

En las mesas de diálogo estarán presentes las secretarías de Marina, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Economía, de Hacienda y Crédito Público, de Agricultura y Desarrollo Rural, así como de del Trabajo y Previsión Social.

De igual manera lo harán las dependencias de Seguridad y Protección Ciudadana, de Bienestar, y de Relaciones Exteriores, al igual que el Servicio de Administración Tributaria, la Profepa, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, el Instituto Nacional de Pesca y la Fiscalía General de la República.

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