El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que busca limitar el endeudamiento de los gobiernos locales y más transparencia en su registro.

Con 85 votos a favor, nueve en contra y una abstención, la cámara alta aprobó el dictamen, que contiene modificaciones a las leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental, y fue devuelta a la Cámara de Diputados, donde se originó la iniciativa.

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La Ley contempla regular los créditos que las entidades federativas y municipios contraten y la creación de un registro general de deuda único para todos los pasivos que con el tiempo requieran el uso de recursos de los gobiernos locales y un sistema de alertas de endeudamiento, que fijará los límites de financiamiento para los gobiernos en los ejercicios fiscales subsecuentes.

El senador por el Partido Acción Nacional, Jorge Lavalle Maury, dijo que la ley establecerá límites de endeudamiento proporcionales a la capacidad de pago de cada estado.

La iniciativa restringe el acompañamiento del gobierno federal en la garantía de futuros endeudamientos bajo la figura de deuda estatal garantizada, la cual define como erogaciones que no tienen definido ni etiquetado un destino presupuestal específico.

Además, se creará una comisión bicameral que dará seguimiento a estados y municipios con un nivel alto de deuda.

Los senadores hicieron modificaciones a la iniciativa de la Cámara de Diputados. Entre ellas están que las instituciones financieras otorguen las condiciones de disposición y oportunidad de entrega de recursos, y se incrementa el techo de endeudamiento neto autorizado para entes públicos que cuentan con endeudamiento sostenible, pasando del 10 al 15%.

Al cierre de 2015 la deuda de los estados ascendía a 536,269 millones de pesos (mdp), 70% más que en 2010, de acuerdo con registros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La entidad más endeudada es la Ciudad de México, que incrementó su deuda 35% en cinco años hasta 71,083 millones de pesos. Les siguen Nuevo León con 63,832 mdp, 88% más que en 2010; Veracruz, con 45,879 mdp (113% más que en 2010) y Chihuahua con 42,762 mdp (240% más que en 2010).

Uno de los casos más notorios de endeudamiento es Coahuila, que de 2010 a 2015 aumentó su deuda 4.5 veces hasta 38,000 millones de pesos, debido a la falsificación de documentos para contratar más créditos respaldados con participaciones federales.

 

Sin auditorías ni infracciones

Organismos del sector privado criticaron que la iniciativa de ley no contemple auditorías ni sanciones por el mal manejo de la deuda pública y que sí permita el refinanciamiento de los empréstitos que hayan sido adquiridos de forma inconstitucional.

Aunque la iniciativa de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios contienen elementos que contribuyen a la sostenibilidad de las finanzas públicas de los tres niveles de gobierno, también permite que se pueda refinanciar deuda estatal con la garantía del gobierno federal y que pudo haber sido inconstitucional al no ser aprobada por el congreso local respectivo, alertaron el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), México Evalúa y el Centro de Análisis e Investigación Fundar.

En un documento publicado el pasado 8 de marzo, los organismos señalaron que el artículo 34 del dictamen, referente a las fracciones, IX, XI, XXIX y XXXV del artículo 2 y del artículo 22 de la misma, da al gobierno federal la facultad de garantizar la deuda pública que contraten los estados y municipios para refinanciar las obligaciones de los mismos.

“Con su refinanciamiento, en los términos propuestos en la Iniciativa, se convalidarían éstas sin que medie un análisis jurisdiccional sobre su procedencia constitucional, y sin que se haya condicionado su pago a una exhaustiva fiscalización o a procesos de auditoria”, comentaron los organismos.

En la discusión del dictamen, la senadora por el PRD, Dolores Padierna, dijo que deben considerarse mecanismos de auditoría para cada entidad con el objetivo de saber si la deuda contratada fue para proyectos de infraestructura o para gasto corriente.

Sin auditorías y sin la revisión de constitucionalidad de los créditos, “se estaría beneficiando sólo a los acreedores de los proyectos de inversión, quienes tendrán ahora la certeza de que la Federación eventualmente sea quien les pague. Es decir, se estarán asumiendo esas deudas en  prejuicio del contribuyente y de las finanzas públicas”.

Contrario al propósito de la ley, los especialistas de dichos centros consideran que, de promulgarse esta iniciativa, el monto de la deuda estatal garantizada por la federación pasará del 3% del Producto Interno Bruto (PIB) hasta al 6.5%.

Las organizaciones civiles agregaron que la iniciativa no contiene un catálogo de infracciones por el mal manejo de la deuda pública y en incumplimiento de la ley.

 

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