El siglo XX estuvo marcado por un presidencialismo profundo donde el poder estaba en el centro del país; los gobiernos estatales eran elegidos por el Presidente siendo miembros del mismo partido; y, a su vez, a los Presidentes municipales los elegía el Gobernador y así se perpetuaba una estructura de caciquismos y poder.
Una de las actividades que se administraban desde el poder fue el narcotráfico. Presidente y Gobernadores sabían de la existencia de estos grupos y se negociaban acuerdos, en teoría, para que sólo se sembrara la droga y se enviara a otros países. Los narcotraficantes pagaban cuotas y los gobiernos los dejaban operar, en esta misma teoría sólo existían tres cárteles que se dividían el país y con cuyas cabezas había que negociar.
Con la transición democrática en el 2000 y la entrada del Presidente Vicente Fox, este “equilibrio” se rompió. Fox no quiso negociar con los cárteles, pero tampoco desarrolló una estrategia para detener y enjuiciar a estos grupos delincuenciales, así como tampoco dio un fortalecimiento real de las distintas policías municipales, estatales y la Policía Federal Preventiva fundada por el Presidente Ernesto Zedillo en 1999.
Con policías débiles, los gobiernos estatales y municipales seguían acordando con los cárteles, siguieron creciendo los muy altos índices de impunidad en casi todas las esferas del sistema de seguridad y justicia de nuestro país, con poco interés de generar políticas públicas que verdaderamente rompieran los ciclos de pobreza y generaran las mismas oportunidades. En un país donde más de la mitad de la población vive en la pobreza, fue el ambiente perfecto para lograr un crecimiento exponencial del crimen organizado.
Para el 2006, la cantidad de grupos de crimen organizado era inmensa, un ciudadano medianamente informado podría mencionar al menos a 25 y los cárteles ya no sólo se dedicaban al tráfico de drogas, habían diversificado su negocio en tráfico y trata de personas, extorsión y secuestro entre otros.
En esta coyuntura, el entonces Presidente Felipe Calderón decidió, como parte de la estrategia de seguridad, apoyarse en las Fuerzas Armadas (FFAA) para que llevaran a cabo labores de seguridad ciudadana. En aquel entonces muchas voces se alzaron en contra de utilizar al Ejército y la Marina en estas actividades; el entrenamiento de las FFAA es muy distinto al de las corporaciones policiacas, los primeros están entrenados para usar fuerza letal y “terminar” con el enemigo, las segundas para lograr la seguridad de la ciudadanía a través de procesos y protocolos muy distintos. En su momento, el argumento fue la falta de capacidad de las policías, además de la corrupción que existía en la mayoría de estas instituciones.
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Basado en esta idea parte de la estrategia fue el fortalecimiento de las instituciones policiacas y generar una Policía Federal que en el futuro se hiciera cargo de estas labores. Se crearon fondos federales para el fortalecimiento de las policías, se construyeron mecanismos de transparencia, medición y rendición de cuentas. Y por supuesto, se hizo la promesa de que, una vez que estas policías estuvieran listas, las FFAA regresarían a sus cuarteles.
Terminó el sexenio de Calderón e inició el de Peña Nieto donde la estrategia siguió siendo la misma, aunque se redujeron los estímulos y apoyos para el fortalecimiento de las policías. Además crecieron los índices de impunidad, con lo cual los homicidios, secuestros, extorsiones y el resto de delitos siguieron al alza.
López Obrador y sus seguidores, fueron de los principales críticos al uso de las FFAA en el desempeño de labores de seguridad ciudadana por parte del gobierno de Calderón, tanto así que López Obrador usó como discurso de campaña el que las FFAA regresarían a los cuarteles en el mismo momento en que él llegara al poder, sin embargo, nada ha estado más alejado de la realidad. En los últimos cuatro años, ha militarizado a nuestro país como ningún otro gobernante (incluso durante el siglo pasado) se había atrevido y no sólo en temas de seguridad sino en todo tipo de actividades civiles. El poder que hoy tiene el Ejército jamás se había visto en nuestro país.
Hoy construyen, carreteras, trenes, bancos, operan aeropuertos y la totalidad de las aduanas. Incluso la Guardia Nacional, cuyo mandato constitucional es ser una institución civil, ahora por orden presidencial formará parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. El amor y la entrega del Presidente López Obrador a las FFAA es algo sin precedente y digno de preocupación.
AMLO desapareció en 2019 a la Policía Federal, la cual, por supuesto no era perfecta, pero era un buen esfuerzo para poder eventualmente hacerse cargo de la seguridad ciudadana; desapareció también todos los apoyos para el fortalecimiento de las policías estatales y municipales, dejando sin presupuesto a cientos de instituciones que volvieron a caer en la corrupción y el abandono.
Su política provocó el diagnóstico que hoy nos da: no hay ninguna institución civil que pueda hacerse cargo de la seguridad. Y es cierto, no la hay, porque él y su gobierno han destruido a cada una de estas instancias.
La Guardia Nacional era una simulación de institución civil ya que en la realidad era totalmente militar, pero a partir del 15 de septiembre dejará de existir dicha simulación, ahora será una realidad. La Guardia Nacional y la Seguridad Ciudadana dependerán al 100% de las fuerzas armadas violando la Constitución de forma brutal con conocimiento y sin que esto le importe a él, a su equipo o seguidores.
Por si fuera poco, está comprobado que las FFAA no garantizan la seguridad, ni la reducción de homicidios, ni son buenos dedicándose a las tareas de investigación. Así que tenemos el peor escenario: un país violento con índices de impunidad, según la organización México Evalúa, rayando en un 94.8%, con más de 100,000 desaparecidos según la ONU, con violaciones a DDHH por parte del Ejército las cuales no se registran y sin la esperanza de estar fortaleciendo una instancia ciudadana que pueda hacerse cargo del cuidado y seguridad de los ciudadanos mexicanos.
Lo que AMLO pretende hacer es militarizar de forma total a nuestro país, violar la Constitución y con ello la voluntad del pueblo. En pocas palabras cobijarse bajo el poder del Ejército, ¿Cuál es su verdadero objetivo? Eso no lo sabemos, pero los riesgos los tenemos muy claros y no sólo por lo que ya hemos vivido como país, sino por lo que hemos visto en otros países.
¿Cómo podremos recuperar el carácter civil de las instituciones? ¿Cómo vamos a recuperar la seguridad, los puertos, las aduanas, la construcción y ese largo etcétera que AMLO ha cedido al Ejército? Es un panorama muy complejo para la próxima década. Siendo optimistas, si no es que más años, las FFAA no van a soltar esos presupuestos y ese nivel de poder sólo porque la o el nuevo Presidente se los solicite. Además, no existen ni se pueden formar con la voluntad política y presupuestaria que existe, instituciones civiles capaces de hacerse cargo en el corto plazo.
Como sociedad, en el silencio y la omisión, hemos permitido que López Obrador viole las leyes, nombre funcionarios públicos que no están capacitados para el puesto, destruya la selva y ponga en riesgo todo el sistema de cenotes, que gaste miles de millones de pesos en obras faraónicas sin sentido, que bloquee el acceso a medicinas de niñas, niños y enfermos y una larguísima lista que ha llevado a nuestro país a una situación crítica.
Pero nada de esto, grave cual es, se puede comparar con el hecho de permitir que el Ejército tenga todo el poder y todo el despliegue en las calles. Muchos han dicho que los ha sorprendido las decisiones que tomó AMLO como Presidente porque nunca lo intuyeron como candidato.
Hoy todas las banderas rojas están a la vista, hoy todas las señales son claras. Si callamos hoy, difícilmente podremos recuperar a nuestro país.
Contacto:
Jimena Cándano, actualmente es la Directora Ejecutiva de la Fundación Reintegra.
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.
