Por Alejandro Mújica*

La preferencia ciudadana por un gobierno militar en México ha crecido en términos reales casi 200 por ciento entre 2004 y 2023 (de 14.4 a 42.9). Esto puede inferirse del procesamiento de datos que ha venido realizando la corporación Latinobarómetro en torno a la pregunta “¿Apoyaría a un gobierno militar si las cosas se pusieran difíciles?” (50/214).

Un gobierno militar sugeriría que la titularidad del Ejecutivo federal se depositara en un alto mando de las fuerzas armadas con la intervención o no de actores civiles. Hace pensar en un sistema donde resultan lesionadas, en mayor o menor medida, la competencia política, los derechos y las libertades. Latinobarómetro no define qué significa o qué se entendería por “difíciles”, aunque puede interpretarse como la irrupción de acontecimientos críticos o extremos que debido a su impacto no logran ser procesados o resueltos por instituciones o autoridades.

La medición de este creciente apoyo a la posibilidad de un gobierno marcial abarca a cuatro administraciones federales, las encabezadas por los presidentes Vicente Fox (últimos dos años), Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador (hasta el penúltimo año de su gestión).

Si concentramos la observación en el último dato con que se cuenta, presupondría (siguiendo las proyecciones de Conapo), que de los poco más de 92 millones de personas mayores o iguales a 18 años que hay o había en México en 2023 (esto es, las susceptibles de ser encuestadas), 39.5 millones no se opondrían a que en dado caso las fuerzas armadas gobernaran. Solo como contexto, esta cifra representaría a la población que tienen, por su cuenta, Canadá, Polonia y Ucrania o, en su conjunto, el total de electores de Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Puebla y Morelos.

Como es de esperar, el porcentaje de quienes en ninguna circunstancia apoyaría a un gobierno militar ha decrecido en términos reales en casi un 20 por ciento durante el mismo periodo, situándose en 50.4 por ciento en 2023. Esto daría un total de 46.3 millones de personas que, aun cuando las cosas se pusieran difíciles, no apostarían por un gobierno de tal naturaleza.

La pregunta sustantiva, en este sentido, debería estar orientada a las razones veladas del incremento sostenido de esta motivación. Con los datos del propio Latinobarómetro, entre las más significativas estarían las siguientes:

1) las fuerzas armadas han sido, en el promedio 1995-2023, las mejor ponderadas con respecto a otras instituciones públicas y de gobierno; 2) la democracia mexicana subsiste con un deterioro crónico en cuestión de legitimidad (difusa y específica); 3) la solución de los problemas, liderados por seguridad y pobreza, es una inquietud o aspiración que se sobrepone al tipo de régimen político, y 4) las autoridades, particularmente las policías, han adolecido de efectividad para evitar el aumento de la incidencia delictiva, en algunos casos con graves fallas del Estado en regiones y comunidades del país.

México tuvo su última experiencia militarista hace poco menos de un siglo y su generalato, separado además entre militares y navales, no reprodujo las medidas golpistas que entre las décadas de los sesenta y ochenta del pasado siglo padecieron muchos países de la región y del sur latinoamericano. La fuerte formación sobre su rol subordinado al poder civil podría ser la variable más consistente para comprender esta conducta.

Dicha circunstancia, junto al hecho de que una mayoría de mexicanos se resiste todavía al esquema hegemónico de las fuerzas armadas aun en condiciones multiplicadas de riesgo social y disrupción, parece hacer improbable que se instaurara en México un gobierno militar. Sin embargo, por citar al menos un escenario, esto no impide el ascenso futuro de una figura castrense surgida de elecciones competitivas que gobierne con el predominio de instituciones públicas civiles.

Contacto:
* Es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM
X (twitter): @lejandromujica
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