Sociedad civil denuncia trabas al Sistema Anticorrupción

Integrantes de organizaciones civiles, empresarios y académicos denunciaron la resistencia de Congresos locales y funcionarios que han puesto trabas a la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), así como de los sistemas locales. En la presentación del colectivo #VamosPorMás, conformada por 40 organizaciones y 17 figuras destacadas de la sociedad mexicana, se advirtió que durante el último año hubo indiferencia hacia las mejores prácticas al momento de hacer nombramientos en los 32 sistemas locales y el federal. “La más evidente expresión de esa resistencia ha sido atacar, sin fundamento alguno, la forma en la que fueron seleccionados los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, quienes están a la cabeza del Sistema Anticorrupción. Dicha selección se hizo con apego a las mejores prácticas y con completa apertura y la información sobre la metodología utilizada siempre fue pública”, señala el mensaje de la organización, cuya lectura corrió a cargo del actor Diego Luna. Se han identificado a congresos locales que han querido conformar comités ciudadanos que integrarán los sistemas anticorrupción, advirtió Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), quien evitó precisar los estados en los que advirtieron estas prácticas. “Mañana deberían de estar completamente conformados los Sistemas Locales Anticorrupción y el Sistema Nacional, me parece que puede operar en el ámbito nacional y en los estatales desde luego debemos aspirar a que haya una conformación plena integra del sistema y en eso los nombramientos de los magistrados y el fiscal especializado juega un papel fundamental”, expresó el líder empresarial al concluir la presentación de Vamos Por Más. En 2015 se reformó la Constitución para integrar el apartado del SNA, el cual mandata a congresos estatales generar una estructura y facultades equivalentes, e impuso como fecha límite para eso el martes 18 de julio del año en curso. También puedes leer: Leyes anticorrupción estales, lentas y de mala calidad   Como parte de la agenda de Vamos Por Más, sus integrantes solicitarán al Gobierno federal, Congreso de la Unión, gobernadores y legislaturas locales; nombrar a los integrantes de los sistemas anticorrupción con apego a la ley, así como la asignación de recursos suficientes para asegurar la independencia y funcionamiento de los comités de participación ciudadana de estos entes. También promoverán la discusión para construir una reforma constitucional por la autonomía de la Fiscalía General; reformas legislativas a las leyes de Adquisición y Obra Pública; y la revisión del fuero constitucional para funcionarios, legisladores y gobernadores. Entre los integrantes del colectivo Vamos Por Más se encuentran organizaciones como Artículo 19, Asociación de Bancos de México, la Barra Mexicana de Abogados, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Causa en Común, Consejo Coordinador Empresarial (CCE), México SOS, México Evalúa, entre otros.   Empresarios se alinean Con el arranque del Sistema Nacional Anticorrupción las empresas mexicanas están mejorando sus códigos de ética y los protocolos para relacionarse con los representantes del gobierno federal, aseguró el presidente de Coparmex. Se busca eliminar prácticas de corrupción al interior de las empresas, explicó. “Hay estimaciones serias que señalan que entre 6 y 8% del PIB podría estarse perdiendo en hechos vinculados con la corrupción, esto podría ser muy grave si tomamos en cuenta que representa prácticamente el crecimiento de la economía por cuatro años”. La Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE), calculó en 1,600 millones de pesos el costo por corrupción en materia regulatoria a las empresas durante 2016. Más del tema: ¿Para qué nos alcanzaría con lo que nos cuesta la corrupción en México? 5 causas de la corrupción (y la impunidad) en la política mexicana Los 10 trámites que más invitan a la corrupción, y cómo blindarlos Trámites corruptos costaron 1,600 mdp a empresas en 2016