Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, solicitó al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, que las armas que sean incautadas a la delincuencia organizada puedan ser donadas a la Policía estatal, que registra un déficit de armamento para el cumplimiento de su labor.
En especifico, el gobierno estatal pide que los aseguramientos realizados por la Sedena el pasado 1 y 2 de marzo en Navojoa, donde aseguró 2 millones 829 mil 950 cartuchos de diversos calibres, 14 mil 722 cargadores y 128 armas largas de diversos calibres, pasen a las fuerzas policiacas del Estado.
En el operativo también se resguardaron 100 placas balísticas, 89 granadas, 54 fornituras, 38 armas cortas, 19 ametralladoreas, 12 chalecos tácticos y 8 vehículos, entre otros artículos e inmuebles.
“Estabamos planteando en la mesa estatal de seguridad que en virtud de ese carácter, de ser armas nuevas que no han sido utilizadas, que no tienen historia, previo proceso con la Sedena, destinarse a algunos cuerpos municipales”, planteó Durazo.
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De acuerdo con la ley actual, las armas que son incautadas por las Fuerzas Armadas, después de las averiguaciones correspondientes, deben ser destruidas, para lo cual, señaló el gobernador, se debe promover una reforma a la norma de la Sedena que permita, bajo diversos supuestos, utilizar este armamento.
En respuesta, el titular de la Defensa, dijo que se analizará la propuesta y adelantó que como parte del fortalecimiento de las fábricas de armas de la Sedena en el futuro podrían fabricarse armas en los institutos armados para satisfacer las necesidades de los gobiernos estatales y sus fuerzas policiales.
“Son armas que no todo el tiempo están en las mejores condiciones, habría que hacer un análisis de cada una de ellas y determinar cuáles pueden ser utilizadas en otras organizaciones policiales de los estados”, comentó Sandoval.
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