Por Xavier Pires*

Hacía mucho tiempo que quería volver. Extrañaba estar en Barcelona, pasear por la Plaza Cataluña y bajar por la Rambla hasta llegar al monumento a Colón, allá donde nace el Port Vell. Deseaba caminar por las calles del Barrio Gótico, subir a Montjuïc o al Tibidabo. Visitar las catedrales, museos, mercados…  Disfrutar de toda la oferta cultural, gastronómica y deportiva de la que, para mí, es la mejor ciudad del mundo. Después de casi dos décadas en territorio americano, deseaba volver a vivir en la tierra que me vio nacer y crecer.

Y volví. Y sentí que el país que había dejado, no era el mismo. Por un lado, un sentimiento de negatividad y hastío se había adueñado de la sociedad, quizás fruto de las múltiples elecciones de los últimos años y sin que se llegara a alzar un líder claro para tener un gobierno estable. Por otro, malestar e inconformismo, sobre todo en Cataluña, una región de poco más de siete millones y medio de habitantes, de la que muchísimos de ellos nunca se han sentido parte de España.

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Ese estado de desazón y molestia de gran parte del pueblo catalán, que ya había mostrado su rechazo en diferentes ocasiones durante toda la historia, tuvo su punto álgido el 1 de octubre de 2017, cuando el gobierno catalán realizó una consulta de autodeterminación, que previamente había sido declarada ilegal y suspendida por el Tribunal Constitucional de España, y en la que se vivió una jornada de tensión y violencia, incluso llegando a generar denuncias por uso desmedido de la fuerza de los cuerpos de seguridad del Estado. Recuerdo ver esas imágenes desde la lejanía, con un sentimiento de impotencia y tristeza, esperando a que el conflicto no pasara a mayores.

Los resultados de esa consulta, que contó con un 43% de participación, dejó un 90% de votos a favor de la independencia. La votación fue considerada vinculante por el gobierno catalán y desencadenó en una declaración unilateral de independencia. Pero, por parte del gobierno español, en ese entonces presidido por Mariano Rajoy, se decidió aplicar el artículo 155 de la Constitución, que le autorizaba a cesar al gobierno catalán, y con ello a asumir sus funciones, hasta convocar unas nuevas elecciones para diciembre de ese mismo año, en las que las fuerzas independentistas volvieron a obtener su mayoría en el parlamento catalán.

Durante esos meses, el presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, se refugió en Bélgica, y los demás políticos que lideraron el movimiento independentista eran encarcelados a la espera de un juicio que inició en febrero de 2019. Finalmente, el 14 de octubre de este año marcó un antes y un después en la tensa relación de España y Cataluña. Ese día, el Tribunal Supremo condenó a los nueve líderes catalanes, entre los que está el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, a cumplir penas de prisión de entre 9 y 13 años por sedición, un castigo que para muchos, independentistas y no independentistas, ha sido excesivo.

A raíz de esta sentencia, la población de Cataluña ha salido a las calles indignada. Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona, las cuatro provincias del territorio catalán, han sido el escenario para las movilizaciones contra la condena de los políticos. Hay que destacar que la gran mayoría de estas marchas son pacíficas, como la que el viernes 18 de octubre se vivió en Barcelona, después de que miles de personas caminaran tres días conjuntamente en un ambiente solidario desde cinco puntos distintos de la geografía catalana, desembocando en la ciudad condal. Ese día coincidió además con una huelga general en Cataluña de todos los sectores, por la decisión del Tribunal Supremo.

Lo que he percibido, como observador recién llegado al país, es que ha sido un autentico sentir de la población contra esa sentencia. Ahora bien, ¿y los actos vandálicos que suceden tras esas manifestaciones? ¿quién está detrás? ¿es cierto que pueden ser grupos antisistema infiltrados que actúen aprovechando esta coyuntura? ¿o son jóvenes independentistas con ganas de causar daño? Lo que si es cierto es que estas guerrillas urbanas, aunque minoritarias, son las que están marcando la agenda mediática.

Mientras siguen estas manifestaciones, el gobierno español por otro lado, se prepara para las elecciones del 10 de noviembre, las cuartas en menos de cuatro años, con una clara campaña enfocada en el enojo como tónica general, y con los ojos puestos en lo que sucede en Cataluña. Creo que nos esperan unos meses complicados, y con incertidumbre en cuanto al destino de la relación entre catalanes y españoles. Lo que está claro es que estamos ante el resultado de una mala gestión de ambos gobiernos.

Desde mi escritorio deseo que este clima de crispación entre ambos lados se neutralice, y puedan sentarse para hablar y llegar a un acuerdo que beneficie a todos. Espero que una vez así, por fin, pueda sentirme que realmente volví a la tierra a la que tanto extrañaba.

 

Contacto:

Xavier Pires es Corporate Communication Manager en LLYC Barcelona

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