Por Dan Alexander y Matt Drange

La oficina estadounidense más grande del banco más grande de China se encuentra en el piso 20 de Trump Tower, seis niveles debajo del escritorio donde Donald Trump construyó un imperio y arrebató la presidencia. Es difícil verlo por dentro. No parece que haya fotos públicas de la oficina, el banco no da la bienvenida a los visitantes, y un hombre vigila los ascensores de la planta baja, una de las ventajas de pagar más de 2 mdd estimados al año por el espacio.

La Trump Tower oficialmente enlista al inquilino como el Banco Industrial y Comercial de China, pero no nos confundamos con quién paga la renta: el gobierno chino, que posee la mayoría de la compañía. Y si bien el propietario es técnicamente la Organización Trump, no confundamos quién está cobrando esos millones: el presidente de los Estados Unidos, que ha colocado la administración diaria con sus hijos pero conserva el 100% de la propiedad. Este contrato vence en octubre de 2019, de acuerdo con un prospecto de deuda obtenido por Forbes. Entonces, si supones que los Trump quieren mantener a este lucrativo inquilino, entonces Eric Trump y Donald Trump Jr. podrían estar negociando cuántos millones pagará el gobierno chino al presidente en función. A menos que ya se haya ocupado de ello: en septiembre de 2015, el entonces candidato Trump alardeó ante Forbes de que había “recién renovado” el contrato, en el momento en que estaba preparando su campaña.

Es un conflicto de intereses sin precedentes en la historia de Estados Unidos. Pero difícilmente inesperado. Los Padres Fundadores construyeron específicamente esta contingencia en la Constitución a través de la Cláusula de Emolumentos, que prohíbe a los funcionarios de EU aceptar regalos, títulos o “emolumentos” de gobiernos extranjeros.

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En Federalist 75, Alexander Hamilton enmarcó la amenaza así: “Un hombre avaro podría verse tentado a traicionar los intereses del Estado por la adquisición de riqueza”. Los académicos han estado debatiendo qué constituye exactamente un “emolumento” desde el momento en que Trump ganó las elecciones, y casi 200 demócratas del Congreso demandaron al presidente por posibles violaciones en junio.

Gran parte de las quejas al respecto involucran a los hoteles de Trump, especialmente el de Washington, que ha facturado 268,000 dólares en habitaciones de hotel y por atender al gobierno saudí, y sus acuerdos de licencia internacional, que permiten a magnates y vendedores ambulantes extranjeros, muchos de ellos con conexiones a sus gobiernos locales, para pagar a la Organización Trump más de 5 millones de dólares al año con el fin de beneficiarse del nombre del presidente en lugares remotos.

Pero esas son pequeñeces. El dinero del imperio Trump proviene de inquilinos comerciales como el banco chino. Forbes estima que estos inquilinos le pagan al presidente 175 millones de dólares al año. Y lo hacen de forma anónima. Las leyes federales, redactadas sin imaginar a un multimillonario de bienes raíces como presidente, requieren que Trump divulgue públicamente las empresas ficticias que posee, pero no a los cientos de empresas que les inyecta dinero o incluso la cantidad de dinero involucrado.

“El público que lee el formulario [de declaración] no sabe quién le está pagando al presidente”, dice Walter Shaub, quien renunció como máximo funcionario de ética del gobierno federal en julio. Al presidente le gusta que sea de esa manera. Ni la Casa Blanca ni la Organización Trump proporcionarían una lista de los inquilinos del presidente, y mucho menos revelarían lo que pagan. En cambio, el abogado de la organización Trump Alan Garten pronunció una declaración: “Tras la elección, la Organización Trump implementó un riguroso proceso de investigación para todas las transacciones, incluidos los arrendamientos, que incluye una revisión detallada y la aprobación de nuestro jefe de cumplimiento y asesor externo de ética”. En otras palabras, los funcionarios de ética del gobierno, encargados de detectar conflictos de interés, nunca han visto los pagos de alquiler que recibe el presidente.

Así que creamos uno por nuestra cuenta, identificando 164 inquilinos, de prácticamente todas las industrias, de todo el mundo, y luego calculamos los pagos, cuando fuera posible, basados en registros de propiedad, prospectos de deudas y conversaciones con expertos inmobiliarios. Cuando los inquilinos se negaron a decir cuánto espacio alquilaban, hicimos visitas en persona y tomamos medidas aproximadas. (Hubo obstáculos: el día después de enviar preguntas a la Organización Trump, dos guardias de seguridad expulsaron a un periodista de Forbes de un área comercial de una propiedad de Trump.) Cuando no pudimos obtener información más detallada, asumimos que los inquilinos pagaban tarifas comparables a aquellas para propiedades similares en sus respectivos mercados. Creemos que hemos rastreado las fuentes del 75% del alquiler que fluye hacia las arcas del presidente.

Las cifras son significativas: 21 mdd por aquí, 12 mdd por allá. Los nombres lo son aún más: al menos 36 de los inquilinos de Trump tienen relaciones significativas con el gobierno federal, desde contratistas hasta empresas de cabildeo y objetivos regulatorios.

¿Qué tan enredado está todo? Forbes descubrió un acuerdo, previamente no revelado, en el que Trump sirve parcialmente como su propio propietario: el gobierno de Estados Unidos está pagando un alquiler a la persona que lo administra.

En resumen, la Organización Trump es más una colección de ofertas que una empresa en funcionamiento. Si bien Wal-Mart y General Motors dependen de millones de clientes en todo el mundo, la Organización Trump depende de un puñado de grandes entidades. Eso aísla el negocio del presidente de los caprichos del consumidor, y de las calificaciones de favorabilidad más bajas, mientras que lo deja vulnerable a los intereses corporativos (o gubernamentales).

¿Cómo, entonces, evaluar las discusiones internas entre los funcionarios federales y Walgreens Boots Alliance, una de las farmacias más grandes del mundo? A través de su marca Duane Reade, es el inquilino que paga más en el rascacielos de Trump en 40 Wall Street en Nueva York, con 3.2 millones de dólares en renta anual, según un prospecto de 2015. En octubre de 2015, Walgreens Boots Alliance anunció una fusión por 9,400 mdd con su rival Rite Aid, que requería la aprobación de los reguladores antimonopolio. Después de que el acuerdo no logró la aprobación del presidente Obama, recayó en la administración Trump, que llegó a Washington durante el primer trimestre de 2017. Según las divulgaciones federales, ese fue el mismo trimestre en que Walgreens Boots Alliance comenzó a presionar directamente a la Casa Blanca sobre “problemas de política de competencia”. En septiembre, a pesar de las objeciones de una de los dos comisionados de la Comisión Federal de Comercio, el inquilino de Trump recibió luz verde por una versión reducida del contrato de 4,400 millones. En enero, Trump anunció que nominaría a la comisionada que apoyó el acuerdo, Maureen Ohlhausen, como juez federal.

¿Cuánto, si es que lo hizo, la relación comercial afectó la decisión del gobierno? Es intrínsecamente imposible de medir. Walgreens Boots Alliance dice que no había conexión alguna y que su cabildeo no era específico del trato. Pero incluso si Trump intentara gobernar sin ningún favor personal, o si esto se decidiera sin su participación directa, la aparición de un conflicto de intereses es inevitable. Las compañías saben que su casero es el presidente. Y es difícil meterse en la cabeza de los reguladores, por bien intencionados o eliminados de la Casa Blanca, que prestan servicios a un presidente famoso por su obsesión con la lealtad personal.

Un ejemplo son los bancos. Capital One alquila un espacio por un valor estimado de 1 millón de dólares en la parte inferior del edificio de condominios Trump’s Park Avenue, mientras que los departamentos de Justicia y Tesorería investigan el programa antilavado de dinero del banco. Hace cuatro años, el Departamento de Justicia llegó a un acuerdo de casi 17 mil mdd, el más grande de su tipo, con el Bank of America, el mayor inquilino (con un estimado de 18 mdd al año) en el complejo 555 California Street en San Francisco, donde Trump posee una participación del 30%. Al igual que todos los grandes bancos, BofA permanece bajo escrutinio por parte de los funcionarios federales. En diciembre, los inquilinos de Trump UBS, Barclays y JPMorgan, además del prestamista de Trump Deutsche Bank, obtuvieron extensiones de exención del Departamento de Trabajo que les permiten evitar parte de su castigo por manipular ilegalmente las tasas de interés y las tasas de cambio.

Los asuntos constitucionales que rodean a un propietario en jefe trascienden la Cláusula de Emolumentos extranjeros. Tres meses después de que Trump se convirtiera en presidente, el Servicio Postal de EE. UU. ,una parte de la rama ejecutiva, inició un nuevo contrato de arrendamiento en una urbanización de Brooklyn donde Trump posee una participación del 4%, según su informe de divulgación financiera. Mientras él está en proceso de vender la participación, su abogado Garten dice que el negocio de Trump no tiene control diario sobre las propiedades donde tiene inversiones minoritarias: el presidente y sus socios continúan cobrando una renta anual estimada de 25,000 dólares del gobierno federal, cuya carta constitutiva, la Constitución, parece prohibir que el presidente obtenga una compensación del gobierno a excepción de su salario.

Lo que no se dice: la Organización Trump gana más dinero solo del banco chino de lo que podía esperar de las visitas a hoteles de miembros de un gobierno extranjero. Y el presidente no ha prometido entregar ese dinero. O la renta entrante del Banco de la India, propiedad del estado, que arrienda espacio en San Francisco, parte de un acuerdo que vence en 2019.

El objetivo de las leyes anticorrupción es evitar la posibilidad de influencia externa, de modo que nadie tenga que preguntarse, después de los hechos, si sucedió. Sin embargo, una de las principales leyes de conflicto de intereses del país no se aplica al presidente. Al aferrarse a sus activos, Trump ha elegido probar si la Cláusula de Emolumentos sigue su ejemplo (obtuvo un caso desestimado en enero, otros dos están activos). Entonces, el presidente sigue en el negocio con los dos países más poblados del mundo. Incluso si trata de evitar un sesgo, hay una sensación clara por parte del capital extranjero de que congraciarse con su negocio no puede perjudicar. Es un problema de percepción global, en el mejor de los casos. “No olvida a sus amigos”, dijo Emin Agalarov, quien ayudó a negociar la infame reunión de campaña de Rusia en Trump Tower, según Donald Trump Jr. Cuando el presidente Trump anunció una prohibición de viaje de siete países de mayoría musulmana, era difícil pasar por alto que la prohibición excluía a Arabia Saudita, Egipto, Azerbaiyán y los Emiratos Árabes Unidos, todos los lugares en los que anteriormente había realizado negocios. En mayo, el primer ministro de Georgia hizo una visita a la Casa Blanca, donde, según dos de los ex socios comerciales de Trump, el presidente le preguntó sobre su antiguo proyecto en la ex república soviética.

En los EE. UU., los inquilinos extranjeros de Trump, incluso los que no tienen vínculos oficiales con el gobierno, pueden plantear complicaciones diplomáticas. Gucci alquila un espacio comercial de la Quinta Avenida en Trump Tower por un estimado de 21 mdd al año, pagando a la Organización Trump más que a cualquier otro inquilino en la cartera del presidente. Eso crea un potencial dolor de cabeza con el gobierno italiano, que según los informes está investigando si Gucci evadió 1,500 mdd en impuestos. La compañía dijo que está trabajando con las autoridades y “confía” en sus operaciones. El gigante francés de seguros AXA paga un estimado de 41 mdd para alquilar en un rascacielos de Nueva York en el que Trump tiene una participación del 30%. Según un prospecto presentado en noviembre, la firma francesa podría tener que revelar negocios con entidades iraníes, lo que podría abrirlo a las sanciones de los Estados Unidos, a discreción del presidente de los Estados Unidos, que por casualidad recibe aproximadamente 12 millones de dólares de AXA cada año.

A pesar de todo esto, Trump no parece pensar que los pagos continuos de alquiler por parte de entidades extranjeras planteen un problema. Todo lo contrario. “No se harán nuevos acuerdos extranjeros durante la gestión del presidente Trump”, dijo su abogado en esa conferencia de prensa de enero. Aparentemente, el equipo de Trump definió “negocios extranjeros” estrictamente como proyectos que no están en territorio estadounidense, porque un año después, sin alardes, los carteles en las ventanas de un par de propiedades de Trump revelaron nuevos inquilinos: el vendedor de yoga Lululemon y la tienda de sándwiches Pret A Manger , con sede en Canadá y Gran Bretaña, respectivamente.

Pronto podría volverse más complicado. Justo a la vuelta de la esquina de Trump Tower se encuentra Niketown, que, después de oponerse a Trump en la Asociación Transpacífico y las protestas de la NFL, anunció que abandonaría el edificio esta primavera, a pesar de que todavía le quedaban años en su contrato de arrendamiento. El espacio de aproximadamente 6,038 metros cuadrados debería costar alrededor de 13 mdd en alquiler por año, y Donald Trump lo tiene libre de deudas. Quien intervenga tiene la posibilidad de hacer pagos anuales al presidente, a cualquier precio que desee, y el público no tendrá una forma previsible de saber cómo se compara con las tasas del mercado.

La tragedia de este desastre de 175 mdd es que era completamente evitable. Justo después de que Trump fuera elegido, la mayoría asumió que el septuagenario se desharía de sus activos y se involucraría en el mayor trabajo del mundo con las manos limpias. Como su empresa básicamente consiste en activos y negocios de gestión, podría haber puesto en marcha un proceso de liquidación. Sus torres icónicas todavía llevarían su nombre. Y cuando dejó el cargo, seguramente podría tomar ese tesoro en efectivo para volver a comprar propiedades o aprovechar su perfil más alto para obtener aún más y mejores acuerdos de licencia. Poco después de las elecciones, twitteó: “Se están elaborando documentos legales que me sacan por completo de las operaciones comerciales. ¡La Presidencia es una tarea mucho más importante!”

Al parecer por “completamente fuera”, el presidente se refería a dejar que sus hijos lo manejaran, y este animal de costumbre mantiene su propiedad total, junto con los muchos pagos que vienen con ella. Entre ellos: el imperio mediático de Rupert Murdoch, que parece estar pagando a Trump 50,000 dólares por año para alquilar una antena en la cima de un rascacielos de Nueva York y cuyos activos remotos incluyen el New York Post, un periódico fundado por la persona que identificó el problema hace dos siglos, Alexander Hamilton.

 

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