La industria automotriz mexicana se encuentra ante el umbral de una reestructuración, impulsada por el cambio global de la industria y enfocada en la sostenibilidad, que podría atraer inversiones de miles de millones de dólares en el mediano y largo plazo. No obstante, el beneficio económico es solo un resultado del ambicioso y necesario camino que necesitamos recorrer ante los actuales desafíos ambientales y energéticos que como sociedad global enfrentamos; ese camino es el de la electromovilidad.
Para llegar a su consolidación en nuestro país es fundamental establecer una estrategia conjunta entre los tres niveles de gobierno (federal, estatal y local), que involucre también a la academia e industria para, juntos, ser parte del cambio internacional por el que atraviesan las actividades económicas en cuanto a sus procesos y objetivos en razón de cumplir con los compromisos internacionales de los que nuestro país es miembro, como el Acuerdo de París.
En este sentido, implementar una política de electromovilidad es una necesidad urgente para que México aproveche sus ventajas competitivas y se posicione como un fabricante líder mundial en la manufactura de vehículos electrificados. Tomemos en cuenta que hoy somos el séptimo fabricante y cuarto exportador de vehículos a nivel global y contamos con cerca de un millón de empleos directos; más los generados en las 219 ramas económicas de las cuales consumimos insumos.
En la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) confiamos en la ruta de la electromovilidad como la vía para mantener a México como la potencia automotriz que hoy es, para reafirmar a nuestra industria como el motor económico del país bajo nuevos parámetros sostenibles, y como una ruta para el desarrollo social responsable. Por ello, se decidió trabajar con la consultora internacional Frost & Sullivan, dada su amplia experiencia, para realizar el estudio “Recomendaciones para una Política Nacional de Electromovilidad en México”.
Este estudio ofrece un análisis profundo y neutral de los retos actuales y futuros de la transición hacia la electromovilidad, además de que presenta bases sólidas a tomar en cuenta para la formulación de una política pública integral y viable hacia el largo plazo en México, tras una investigación sobre buenas prácticas y casos de éxito en otros países que ya van muy avanzados hacia esta realidad.
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Un marco jurídico nacional que respalde y propicie la transición de la industria automotriz hacia la electromovilidad, permitirá que se manufacturen vehículos híbridos y eléctricos con tecnologías de punta en nuestro territorio y, con ello, que se dejen de emitir 26.2 millones de toneladas de CO2 entre 2016 y 2030; en comparación con solamente 15.8 toneladas de no tener una política. Esto, además, impulsaría a su vez el objetivo de descarbonización que México se ha fijado para 2050.
Asimismo, de acuerdo con las estimaciones de Frost & Sullivan, de adoptar una Política Nacional de Electromovilidad, los vehículos de estas tecnologías representarían 316,856 unidades de las ventas totales en 2030, es decir, el 38.9%. A diferencia de únicamente el 19.1% en caso de no adoptar esta política.
Alcanzar un escenario en el que México sea un hub de manufactura y proveeduría con una cadena sólida de suministro regional, y que sea preferido sobre otros países, requiere de políticas públicas que otorguen incentivos y estímulos, fiscales y no fiscales, a la producción y al consumo de vehículos de esta naturaleza, una amplia oferta de energías limpias a costos competitivos para asegurar cero emisiones y la creación de infraestructura para recarga en todo el país (existen 1,336 estaciones de carga pública o semipública en México, muy por debajo de los países que más están avanzando en esta transición).
Es importante destacar que en el estudio “Recomendaciones para una Política Nacional de Electromovilidad en México” se detallan aspectos de gran valor que, con base en la experiencia de otros países, robustecerían un marco jurídico capaz de aumentar y acelerar los beneficios de una transición regulada. Entre los puntos más relevantes destacan, por ejemplo, la reducción temporal del IVA a vehículos híbridos y eléctricos, descuentos en los peajes de carreteras federales al transitar en este tipo de transporte o créditos fiscales temporales para empresas que realicen inversiones en la fabricación de estos vehículos o de infraestructura.
Sin duda, en la formulación de las políticas públicas para la implementación ordenada, planeada y exitosa de la electromovilidad en México será de gran ayuda una visión integral que amplíe las contribuciones actuales de la industria automotriz, como el empleo y el aporte fiscal, para con ello sumar al desarrollo sustentable de nuestro país.
Reducir la huella de carbono y fortalecer el rol clave de nuestro país en las cadenas globales de suministro para vehículos electrificados es un objetivo que desde la AMIA estamos comprometidos a alcanzar, en colaboración con el gobierno y con los actores involucrados. Confiamos en que esta es una nueva era para la industria automotriz, en la que estaremos trabajando por mantener nuestra posición global y nuestra capacidad de contribución a la economía mexicana, así como creando una conciencia ambiental madura en un ecosistema tecnológico de vanguardia.
Contacto:
José Zozaya, presidente ejecutivo de la AMIA
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