Por Julio Pilotzi* Desde hace ya varios años, el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) ha presentado graves problemas que no sólo ponen en peligro el bienestar de millones de mexicanos, sino también la estabilidad económica y social del país. Recientemente, la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), que encabeza Carlos Noriega, presentó un paquete de reformas, tanto legales como administrativas, para mejorar al SAR. Éstas incluyen un incremento a la aportación tripartita, elevar la edad de retiro, ofrecer incentivos fiscales al ahorro voluntario y establecer una pensión universal. Aunque todo esto es necesario, la solución propuesta resulta insuficiente, ya que atiende exclusivamente a los intereses de las Afores que conforman el oligopolio en este mercado y dominan este organismo. Además, la propuesta de Amafore no incluye mecanismos que fomenten la competencia, pieza esencial de la sustentabilidad del SAR. Como en cualquier mercado, la competencia obligaría a las Afores a ofrecer mejores servicios y menores costos en beneficio de millones de trabajadores asegurados. Y es que no es un tema menor, se trata de un sector altamente concentrado: hasta junio de este año, cuatro Afores (Banorte, Citibanamex, Sura y Profuturo) de las 10 en el mercado, concentran cerca del 70% del total de recursos administrados. En 2017, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) enfatizó la necesidad de fomentar la competencia en un mercado tan regulado e impuso multas por 1,100 millones de pesos a lo que hoy se conoce como el “Cártel de las cuatro Afores” (Profuturo, Sura, Banorte Siglo XXI y Principal), por la comisión de prácticas monopólicas absolutas (acuerdos para evitar el traspaso de trabajadores entre Afores). Contrario a su responsabilidad, la CONSAR, que preside Carlos Ramírez, no sólo no ha evitado la concentración en este mercado, sino que la ha institucionalizado a través de políticas y regulaciones anticompetitivas que consienten la existencia de cuotas de mercado, vía la imposición de barreras de salida, para evitar que los trabajadores cambien de Afore. Un ejemplo de ello es la Circular Única Operativa (CUO) de la CONSAR, que permite a las Afores obligar a sus clientes a tramitar un “permiso” (constancia sobre las implicaciones del traspaso) para cambiar de Afore. Estas políticas anticompetitivas no sólo alteran las condiciones del mercado, sino que violentan la libertad del trabajador, al impedirle ejercer su derecho a elegir y cambiar de Afore. Sin duda urge reformar el SAR, pero la propuesta de la Amafore resulta insuficiente y beneficia a los mismos de siempre. El 8 y 9 de octubre la Amafore llevará a cabo su Convención Anual, a la que seguramente invitarán a Andrés Manuel López Obrador y a Carlos Urzúa, con el objeto de impulsar su propuesta de reforma. Esperemos que AMLO y su equipo, quienes han manifestado su preocupación por asegurar una pensión digna para todos los trabajadores mexicanos, adviertan el sesgo de la propuesta de Amafore e impulsen una reforma integral que fomente la libre competencia, acabe con la concentración de mercado y, lo más importante, respete la libertad de los trabajadores para elegir su Afore.   *El autor es analista en temas económicos.
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