Ni la censura, las excusas, la corrupción, la negación, el ocultamiento o la tergiversación de la información pueden ocultar la profundización y exacerbación de la violencia en el país. Parecería que la aceptación de una nueva “normalidad” cotidiana incluye -en efecto- que ya nada puede hacerse y que nadie está a salvo de ella.
Lo mismo las calles, las autopistas, los hogares que las escuelas, los centros de trabajo, el transporte y hasta las iglesias, templos o cualquier zona turística no existe lugar donde la gente pueda sentirse “totalmente segura” o al menos “en paz y/o protegida”.
Las expresiones inclementes, crudas y terribles de la violencia se ensañan contra infantes, adultos mayores, las mujeres y todo tipo de grupos sin que se haga distinción de género, edad, demarcación, segmento socio-económico u ocupación. Lo mismo a plena luz del día como a la vista de cientos de personas y muchas veces con el contubernio y/o pasividad de las autoridades.
El principio de la impenetrabilidad política. ¿te acuerdas de las clases de física en la secundaria, cuando oíste algo así como que el lugar que ocupa un cuerpo no puede ser ocupado por otro?
Pues lo mismo sucede con respecto al poder; si el Estado y las autoridades se sustraen de ejercer las funciones constitucionales a su cargo, estos “vacíos” y omisiones van a ser ocupados por otros actores.
Abandonar a la sociedad a su suerte bajo el discurso de la misericordia y bondad es únicamente pretender ocultar la elusión y claudicación de la responsabilidad fundamental del gobierno: organizar políticamente a la sociedad para protegerla de toda amenaza.
¿Qué mayor estímulo y aliciente para la violencia cuando esta puede ejercerse en total y absoluta impunidad? La maldad aflora a plenitud cuando estás segurX de que todo está a tu favor, cuando sabes que los afectados tienen todo un calvario de frente y que al final se quedarán indefensXs, sumidXs en el dolor y sin ninguna “reposición” del daño.
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Para lXs “generadorXs de violencia” las “leyes” les conceden miles de recursos de leguleyo para librarla; que el procedimiento fue omiso, qué si el arresto o la investigación tienen fallas, los derechos humanos, los traumas y, claro, la pobreza.
Agrégale corrupción, ineptitud, colusión y sazónalo con la intimidación hacia las víctimas, el sarcasmo, el cinismo y la falta de servicios legales competentes que logren penas y castigos severos y contundentes. Sin justicia no existen libertad, equidad, democracia ni igualdad.
Las secuelas psicológica y sociológica del miedo. Parecería que una situación tan obvia, cruda y permanente de violencia debería funcionar como el ariete de crítica y cuestionamiento hacia un gobierno; pero sucede lo contrario, al sentirse impotente y abandonada la sociedad opta por sobrevivir y quedarse callada.
Gracias a las redes sociales los casos más virales de violencia ejercida en el hogar, feminicidios, infanticidios, asaltos, bloqueos, balaceras, similares y/o conexos llegan en cuestión de segundos y producen una onda expansiva en la percepción que paraliza, intimida y funciona como recordatorio de una realidad para la que solo queda rezar, encomendarse, blindarse y/o salir corriendo.
Los casos a los que se da seguimiento suelen acabar en frustración, claudicación y minusvalía del ser ciudadano, cada hecho y expediente se archiva, se pierde, se olvida; los detenidos saldrán pronto y -en el muy remoto caso- de ser condenados, las penas aplicadas serán ridículas e insulsas.
Cada vez que este ciclo se repite se genera un desbalance, un saldo perjudicial para el contrato social, que al mismo tiempo estimula las actitudes negativas entre la población: ¿para qué respetar la ley? ¿por qué no aprovecharse de la oportunidad, si todos lo hacen? ¿a quién le importa? Con la “autoridad” convertida en un espectador más, no hay consecuencias, no pasa nada si cometo un crimen.
Ni la denuncia de los medios, las marchas o las protestas cívicas, las organizaciones no gubernamentales y/o los cuerpos de justicia internacionales son tan efectivos como las acciones de los criminales para plantearle resistencia a las autoridades y ese desequilibrio se profundiza.
El costo del progreso social. La familia, las instituciones, la organización social, el orden, el respeto, educación, lealtad, valores y la sana convivencia son conceptos hundidos en el pasado, cosas de ropero de los viejitos que ya ni pueden invocarse sin riesgo de ridiculizarse.
Una vida al día, el disfrute del momento, el egocentrismo, la repulsa social y la convivencia primitiva son detonadores sobre los que no puede haber queja, cada generación debe lidiar con sus avances y retrocesos y si impera el “consenso” es que dolor, abandono y la propia violencia son “normales” e “intrínsecos” todo llamado a la reflexión es inútil.
Desafortunadamente, suelen ser los mejores elementos de la sociedad los que pagan el precio de ese “estado de cosas”; aquellXs que no se rinden, que salen a partírsela en serio y que luchan por progresar, quienes representan la esencia del orgullo, trabajo, determinación, buena voluntad, heroísmo, solidaridad, compromiso y cuya seguridad debería estar en la cima de las prioridades estatales.
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