Siete pesos por cada joven
El activismo de los jóvenes no es casual, los programas gubernamentales de atención son ínfimos pese a tratarse de un sector que representa una cuarta parte de la población. El Imjuve cuenta con un presupuesto de apenas siete pesos para apoyar a cada joven en el país.
Antes, el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) pertenecía a la Secretaría de Educación y sus asignaciones eran actividades operativas, no estratégicas. Pero en este gobierno se decidió pasarlo a la Sedesol con la promesa presidencial de aumentar 45% la cobertura en educación superior y promover el empleo para este sector.
En 2014 se destinaron al gasto para la juventud 203,000 millones de pesos (mdp) del presupuesto federal, pero está fragmentado en distintas dependencias e instituciones educativas.
Se cumpla o no la promesa presidencial, las políticas públicas de juventud no tienen en México la misma relevancia que en países como Brasil, donde la institución que atiende estos temas depende directamente de la Presidencia.
La inclusión de planes de gobierno relacionados con la juventud es una respuesta al movimiento #YoSoy132, que se gestó para cuestionar las posturas del hoy Presidente Enrique Peña Nieto durante su campaña en 2012. “En México entendemos que los institutos de la juventud son instrumentos electorales o asistenciales, trabajan a un nivel operativo y no como generadores de la política pública”, dice Greta Ríos, directora de Ollin, una organización civil, que elabora cada año el Índice de Participación Juvenil.
El nuevo mandato del Imjuve es coordinar, articular y diseñar la política pública de la juventud, dice su director, José Manuel Romero Coello. Para ejercer esa responsabilidad, cuenta con un presupuesto de 345 millones de pesos (MDP), lo que dividido entre los más de 31 millones de jóvenes y una vez descontado el 20% del presupuesto que consume la nómina de la institución, lo que queda son once pesos para cada joven mexicano de 15 a 29 años.
Con esas monedas, el Imjuve debe implementar políticas públicas e institucionales que permitan que los jóvenes tengan acceso a puestos de liderazgo, educación y empleo, y que retengan a los que piensan salir del país en busca de mejores oportunidades.
En México, los jóvenes en condición de ninis (que ni estudian ni trabajan) son el 22% de los 11 millones con edades de 15 a 19 años, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Las razones principales por las que más de 2.4 millones de jóvenes estén inactivos son que no encuentran empleo o les faltan recursos para pagar sus estudios, señala Claudia Sotelo Arias, directora del Centro de Especialización de Estudios Psicológicos en la Infancia y Adolescencia (CEEPI). Casi 50% de ellos, viven en la pobreza.
“No es casual que los jóvenes sean abanderados de las protestas callejeras cuando sus vidas están marcadas por el desaliento y la frustración a causa de la falta de oportunidades –dijo la directora de la OIT, Elizabeth Tinoco, en Lima, Perú, durante la presentación del documento Trabajo decente y juventud en América Latina: políticas para la acción, en agosto pasado. Esto tiene consecuencias sobre la estabilidad social e incluso sobre la gobernabilidad democrática”.
El activismo juvenil que mostró el movimiento #Yosoy132 se replica con mayor frecuencia. Miles de jóvenes marcharon en varias ocasiones para protestar contra cambios realizados al reglamento del Instituto Politécnico Nacional (IPN), sobre aquellos que implican que determinan que los jóvenes salgan con título técnico en lugar de una profesional.
En las últimas semanas, los jóvenes estudiantes y no han vuelto a mostrar su fuerza. Han sido los más persistentes en la exigencia generalizada a las autoridades federales para que presenten con vida a 43 estudiantes desaparecidos con ayuda de la policía en Ayotzinapa, Guerrero. Universitarios de instituciones públicas y privadas de distintos puntos del país y aún en el extranjero también se han solidarizado mediante paros de actividades.
Discordancia
El desempleo es otra mala noticia. Pero aún si hubiera empleos suficientes, el problema sería la falta de egresados con el perfil que demanda el mercado, debido a que no se corresponden del todo las carreras que se ofrecen a los jóvenes con los profesionales que necesitan las empresas.
Se calcula que en 2020 la cifra de profesionistas desempleados podría alcanzar los tres millones de egresados, según la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
Ese dato se explica porque cerca de 38% de los empleadores no encuentra los candidatos con los perfiles que necesitan, según la encuesta de escasez de talento de Manpower 2013. Un ejemplo es Coahuila, donde se requieren 500 técnicos especializados en áreas de la petroquímica para proyectos relacionados con la reforma energética, y no hay disponibles.
A ello se debe que siete de cada 10 jóvenes consigue su primer empleo a través de redes informales, preferentemente amigos o familiares, de acuerdo con cifras del Programa Nacional de Juventud 2014-2018.
El desempleo y la falta de oportunidades de estudio, no sólo arruina las perspectivas de los jóvenes, también las de un país. Casi la mitad de la población migrante que sale de México tiene la edad más productiva, entre 24 y 29 años.
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