Los gobiernos federal y estatales estarán incorporando cada vez más nuevos modelos de negocios en los que compartan riesgos con la industria, lo que también entraña oportunidades.

 

Por César F. Lara Álvarez

En 2015 el sector salud en México se debe preparar para una reforma legal estructural que logre la integración del Sistema Nacional de Salud (SNS) mediante la universalización y portabilidad de la atención médica, y de un mayor peso a la prevención y promoción de la salud, que es la piedra angular del sistema, que permite evitar mayores gastos para atender las complicaciones de las enfermedades que más afectan a los mexicanos, lo cual impactará de manera significativa en el modelo de negocio de la industria farmacéutica.

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La reforma empezó a implementarse a finales de 2014, cuando se establecieron nuevas reglas para la operación del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), en que se establece un padrón con el objetivo de contar con un sistema que identifique la relación de personas afiliadas a las instituciones de salud públicas, dejando en manos de las entidades federativas la responsabilidad de integrar, administrar y actualizar la relación de las personas afiliadas al sistema; asimismo, para reforzar esta medida, el gobierno de la República ya trabaja de manera simultánea en la Cédula Única de Identidad.

Otro aspecto no menor consiste en que en 2015 se deben incluir en el Seguro Popular los medicamentos, la atención médica y los demás insumos necesarios para una atención médica integral y de calidad.

Para que realmente se pueda tener un control de los recursos del Seguro Popular, el gobierno federal ahora cuenta con la facultad de suspender las transferencias de recursos a los estados correspondientes a la aportación solidaria o cuando dejen de informar a la federación, durante el tiempo contemplado para tal efecto, sobre la utilización de los recursos provenientes de las cuotas familiares, por lo que los estados que no tengan un buen control administrativo deberán implementarlo lo antes posible para no perjudicar a su población con falta de atención médica y medicamentos.

En este sentido, el gobierno federal, así como las entidades federativas, estarán incorporando cada vez más nuevos modelos de negocios en los que compartan el riesgo con la industria al solicitar de forma integral servicios, incluyendo los medicamentos y, como bien supremo, la calidad. Sobre este rubro, las dependencias del sector gobierno buscan estandarizar la prestación de los productos y servicios que garanticen la máxima seguridad y calidad.

Para los siguientes años, en cuanto a la adquisición de medicamentos por parte del gobierno de la República, se debe tener claro que se permite la coexistencia de diversos jugadores, quienes actúan como articuladores y poseen personalidad jurídica, lo cual los dota de capacidad técnica y operativa para realizar sus propias compras, y cada ente gubernamental (sea del ámbito federal o del estatal) maneja sus propios fondos de manera independiente.

Diversos factores generan altos requerimientos de medicamentos en nuestro país. La cobertura de protección en salud para prácticamente toda la población, así como factores demográficos y epidemiológicos, son unos de ellos. En este sentido, la industria farmacéutica debe migrar a nuevos modelos de negocio que contemplen un valor agregado, a efecto de buscar la integración de los servicios que incluyan los medicamentos por enfermedad, a fin de poder atender en un futuro una población determinada para un padecimiento específico. Los retos son muchos, pero también las oportunidades.

 

César F. Lara Álvarez es director de Asuntos Regulatorios Sector Salud de PwC México ([email protected]).

 

 

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