El mundo en pleno 2020 está girando hacia el final de la corrupción en muchos países, lo cual puede ser un aliciente pero también un gran reto tanto para gobernantes como para la sociedad civil y el sector privado, consideró Camilo Enciso, exzar anticorrupción de Colombia durante el gobierno del premio Nobel Juan Manuel Santos.

“Las empresas, el sector privado y la Academia tienen una responsabilidad gigantesca en proteger el sistema democrático, luchar contra la corrupción no solo es necesario porque es ético, sino porque el escenario al que nos enfrentamos si no lo hacemos es el de la dictadura, donde todo vale para destruir a los malos, pero la gran pregunta va a ser ‘¿quiénes son los malos?'”, consideró el especialista.

En su presentación en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey, destacó 5 desafíos (y oportunidades) que tienen los Estados en toda su extensión para combatir y acabar con la corrupción.

1) Globalización de la lucha anticorrupción: en muchos países del hemisferio occidental los gobiernos han declarado la guerra a este flagelo y han comenzado a crear organismos, regulaciones y penas para quien cometa actos de esta naturaleza. Si bien eso puede ser aprovechado por las sociedades, también supone algunas complicaciones.

“La presión que están recibiendo los países para cambiar sus sistemas de integridad y  para evitar que haya impunidad en los casos de corrupción es cada vez mayor”, comentó en su exposición.

Al respecto, citó el caso de las naciones de la región latinoamericana que buscan entrar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), para lo cual tienen que cumplir estándares de calidad en materia de persecución del fraude.

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2) Revolución digital: si bien la digitalización puede servir para dar trazabilidad a las operaciones y crear herramientas para prevenir fraudes, también aumenta los frentes por los que se pueden generar engaños y abusos cibernéticos.

“Las empresas tienen programas serios de ciberseguridad porque saben que su contabilidad puede ser manipulada, su software de administración de compras, sus registros tributarios pueden ser manipulados. Ahí hay un gran desafío, es un tema fundamental además para el sector financiero”, señaló el también director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción.

Por otro lado, la colectabilidad de datos permite controlar esa información con inteligencia para detectar y anticipar los abusos y actos de corrupción, tanto en el sector privado como en el público.

3) Transformación jurídica: empatado con la globalización, hay una tendencia generalizada en especial en América a modificar las leyes para sancionar y perseguir actos corruptos. No obstante, aquí se puede caer en la imitación cuando no todas las disposiciones pueden funcionar en cualquier lugar.

“Hay una explosión en América Latina de leyes que sancionan la responsabilidad penal de las personas jurídicas y en algunos países la responsabilidad administrativa, pero en todo caso tienden a ser normas muy drásticas que le están poniendo el revólver en la cabeza a las compañías enviando el mensaje de ‘ustedes también son parte del problema y tienen que ser parte de la solución”, acotó.

Y si bien hay más normas, no necesariamente esas normas funcionan o están actualizadas, por lo que se pueden necesitar tanto más como mejores leyes.

4) Despertar de la sociedad civil: la gente está cada vez más atenta y capacitada para atender lo que ocurre en sus gobiernos, a la par que exige mayor rendición de cuentas y busca mejores herramientas para lograrlo.

“Ahí tenemos el despertar de la sociedad civil, y es una sociedad civil cada vez más seria, cada vez más organizada, cada vez más profesionalizada, que está intentando impulsar distintos tipos de iniciativas de transparencia, mejor legislación”, dijo Enciso.

Recordó el caso de Honduras, donde un escándalo en el seguro social orilló a la presión social para la creación de una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) en ese país contra los abusos de poder.

5) El populismo anticorrupción: si bien la sanción de la corrupción es algo necesario, a veces ese afán está derivando en acciones que también pueden violentar la ley y los derechos humanos.

“Hay un balance muy importante entre la integridad y la honestidad del servicio público y la necesarísima decisión plena de un gobierno de combatir la corrupción con hacerlo dentro de los estrictos límites de la constitución del estado de derecho y el debido proceso.

“Cuando un Estado asume que hay que ponerle límites a los derechos fundamentales y al debido proceso, nos enfrentamos al germen de la dictadura. Y el problema que tenemos en AL es que la gente está tan desesperada que perdió su fe en la democracia y las instituciones”, alertó.

Por ello, llamó al trabajo conjunto entre gobierno y sociedad civil para recomponer la institucionalidad y reposicionar a los poderes ante la gente.

Al respecto de México, el especialista destacó el distanciamiento que hay entre el presidente y las organizaciones de la sociedad civil que buscan combatir los abusos de poder.

 

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