- Adoptar tecnologías de la información y comunicación para mejorar la eficiencia de los programas.
- Descentralización de la operación de los programas y más articulación entre los órdenes de gobierno.
- Dar mayor certeza a los productores a través de presupuestos multianuales, transparencia y rendición de cuentas.
- Fomentar una política de asociación entre pequeños productores para impulsar la productividad del minifundio.
- Planeación en la producción de granos y oleaginosas en función de la demanda, considerando los incentivos de Agricultura por Contrato e Inducción Productiva.
- Aplicar la Ley Federal de Competencia Económica para evitar prácticas monopólicas y especulativas.
- Hacer una reserva estratégica nacional de frijol, maíz y quizá de azúcar, que disminuya la sobreoferta estacional.
- Reformar el artículo 73 de la Constitución y su marco jurídico para que la Federación regule la movilización de productos agroalimentarios, excluyendo las regulaciones locales que impactan de manera negativa a los movilizadores.
- Aplicar la Ley de Bioseguridad con apego a la evidencia científica.
- Generar y poner a disposición de los productores variedades mejoradas para que sean más productivos y competitivos.
Reforma al campo, otro damnificado del recorte presupuestal
La reforma al campo se encuentra estacionada en una pausa indefinida hasta ahora. Sin embargo, el agro mexicano requiere de una respuesta pronta que lo rescate del olvido de las últimas décadas.
La reforma al campo es ya otro de los damnificados del recorte presupuestal de 124,300 millones de pesos (mdp) este año. Además tendrá que enfrentar la reducción de 4.3% en el gasto para 2016, que representa iniciar el próximo año con 135,000 millones de pesos menos, lo que amenaza con dejarla (una vez más) en el olvido.
Casi cuatro meses han transcurrido de este año y la propuesta de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para reformar al sector agrícola no se ha hecho pública, pese a que el panorama es urgente para el país: en los últimas dos décadas, la dependencia alimentaria de México se ha incrementado, al tiempo que 20 millones de mexicanos presentan carencia alimentaria.
Tan sólo en 2012, la importación de maíz alcanzó 9.5 millones de toneladas, que provinieron casi en 90% de Estados Unidos y representaron cerca de 27,000 millones de pesos (mdp), indican datos de la Sagarpa.
México se encuentra en el séptimo lugar mundial como productor de proteína animal, el sexto en carne de res (1.8 millones de toneladas al año), el quinto en carne de pollo (2.8 millones) y en huevo (2.5 millones), además de que exporta alrededor de 1.2 millones de bovinos en pie, según cifras de la Coordinación General de Ganadería.
Organizaciones campesinas consultadas por Forbes México afirman que la apuesta del gobierno federal para el sistema de producción básico en el país se mantiene en espera, ya que el recorte al gasto público de 2015 y el presupuesto menor del año entrante son dos retos que la dependencia de Enrique Martínez y Martínez tiene que afrontar.
“En términos de comunicación es muy malo que no se haya anunciado oficialmente la reforma al campo. La sociedad está esperando un impulso al campo que se prometió. Es malo anunciar algo y no realizarlo”, dice Leticia Armenta Fraire, directora del Centro de Análisis Económico del Tecnológico de Monterrey campus Ciudad de México.
Sin embargo, voces del agro mexicano aseguran que la reforma está en marcha y pronto comenzará a dar frutos, que no se verán opacados por el recorte al gasto público y presupuestal en el país. Una postura que parece compartir el gobierno federal.
Una historia de olvido
En enero de 1915, el presidente Venustiano Carranza promulgó la primera versión de la Ley Agraria en México. Los principios eran simples: la formación de la pequeña propiedad, al disolver los latifundios, y restituir la tierra a los campesinos.
A 100 años de aquel acontecimiento, el reto de la administración federal es hacer del campo un espacio más justo, productivo, rentable y sustentable, con beneficios para la población mexicana.
En noviembre de 2013, el presidente Enrique Peña Nieto anunció frente al Consejo Nacional Agropecuario (CNA) la entrega de una iniciativa al Congreso de la Unión para hacer una “gran reforma al campo”.
La intención del primer mandatario parecía tomar forma en marzo del año pasado. La instrucción para el titular de Sagarpa fue la organización y realización de ocho foros temáticos nacionales con la presencia de organizaciones sociales, así como privadas, sumados a siete foros regionales con vocación territorial, foros estatales y foros vía internet.
Los foros temáticos y regionales concluyeron el 23 de julio, con saldo de 65 mesas de trabajo, la participación de 17,537 personas y la recepción de 3,945 propuestas; mientras, los 32 foros estatales contaron con 20,004 participantes y 3,921 ponencias.
El gobierno federal intenta generar un acuerdo de los sectores que representan al campo, como son productores e instancias gubernamentales, sobre temas como uso de biotecnología, financiamiento, comercio internacional y precios justos.
Algunas de las propuestas más recurrentes en los foros, de acuerdo con el Informe de la Consulta Pública para Transformar el Campo, fueron las siguientes: