- Eliminar el fuero, consolidar la autonomía del Ministerio Público para perseguir delitos de corrupción, homologar los delitos, extinción de dominio a los bienes incautados al narcotráfico y mantener a las Fuerzas Armadas en labores de combate a la inseguridad, propuestas hechas por José Antonio Meade, candidato de la coalición “Todos por México”.
- Crear un Sistema Nacional de Seguridad Pública que articule los esfuerzos entre las instituciones federales y las autoridades estatales, una Guardia Nacional o una Contraloría Ciudadana que vigile la actuación de los cuerpos de seguridad, enarbolados por Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”
- Fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, dotar de autonomía constitucional a la Auditoría Superior de la Federación, impulsar una Comisión Ciudadana para la Investigación de Actos de Corrupción o crear una Secretaría de Seguridad Ciudadana que no dependa de la Secretaría de Gobernación, de Ricardo Anaya, candidato de la coalición “Por México al Frente”
- Consolidar la Policía Federal para relevar a las relevar a las Fuerzas Armadas de las tareas de apoyo a gobiernos estatales y municipales, propuesta de la candidata independiente, Margarita Zavala.
El Estado de Derecho: una urgencia para México
En el contexto electoral, cualquier planteamiento que implique retroceder en Estado de Derecho deberá ser vigilado por los ciudadanos y verse reflejado en su voto.
Por Gustavo Almaraz Petrie*
El próximo 1 de julio se llevará a cabo la mayor elección de la historia moderna de México, se elegirán alrededor de 3,400 cargos a nivel local y federal, en un contexto de nuevas reglas que determinarán la relación entre gobernantes y ciudadanos, como la reelección legislativa y de autoridades municipales.
Una ciudadanía participativa, activa e informada es una condición necesaria para el futuro democrático del país. El ejercicio del derecho al voto libre e informado determina proyectos futuros y define políticas públicas que los ciudadanos demandan para fortalecer su vida cotidiana.
De ahí la relevancia de encuentros como el realizado por la American Chamber of Commerce de México (AMCHAM) en su 101 Asamblea Anual, que como organización apartidista invitó el 9 de abril a los cuatro candidatos a la Presidencia de la República para que expusieran los compromisos que buscan posicionar en la agenda para alcanzar las metas del México del futuro [Este artículo fue escrito previo a la fecha del evento].
Asimismo, fue relevante la presencia de Carla A. Hills, exrepresentante comercial y principal negociadora por parte de Estados Unidos y del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) original, principalmente en el escenario actual, en el que reforzar un ambiente de negocios atractivo para la inversión es prioritario.
Aunque es necesario pensar en un México del futuro en el que las relaciones trilaterales México, Estados Unidos y Canadá se vean fortalecidas, también lo es mirar hacia dentro. ¿Cuál es uno de los principales problemas públicos a los que se enfrenta nuestro país que impacta en la competitividad y retrasa su desarrollo como una potencia económica y comercial a nivel mundial?
La mayor parte de los diagnósticos recientes apuntan a que el déficit de Estado de Derecho, acompañados de corrupción e impunidad, son los principales factores que han mermado el desarrollo nacional.
México ocupa el lugar 92 de 113 países evaluados en el Índice de Estado de Derecho 2017-2018 del World Justice Project, ocupa la posición 25 de 30 países de América Latina y 34 de 36 países de ingreso medio alto. Dos indicadores son los que resultan peor evaluados en el índice para México: justicia penal y corrupción.
Aunque recientemente se han aprobado leyes e instrumentado algunas políticas públicas orientadas a fortalecer el Estado de Derecho, como el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema de Justicia Penal, la Ley de Seguridad Interior, o la reciente reforma en materia de mejora regulatoria, aún hay muchos pendientes por avanzar, uno de ellos, quizá el más relevante, es la garantía de la seguridad pública y el combate a la impunidad.
El Estado de Derecho no es sólo aquél que se fundamenta en normas jurídicas fundamentales, sino en la definición y funcionamiento de las instituciones, la cultura y prácticas de los actores, donde existe un control efectivo sobre las acciones de gobierno y se respetan los derechos elementales de los ciudadanos. Es decir, no basta con reformar el marco jurídico vigente, sino que es necesario fortalecer el marco institucional y el sistema de valores y principios que rige el orden social. Ahí los ciudadanos debemos ser partícipes activos, no pasivos.
Cualquier planteamiento que se presente en el contexto electoral que implique retroceder en los cimientos del Estado de Derecho, deberá ser vigilado por los ciudadanos y formar parte del criterio para el ejercicio efectivo de su voto.
Esperamos que durante la Asamblea Anual de AmCham se aterricen planteamientos sobre:
