De acuerdo con el Índice de Paz México (IPM), presentado hoy en su octava edición, los niveles de paz en nuestro país mejoraron 3.5% durante 2020. El incremento se debió, principalmente, a la reducción de 1.3% en la tasa de homicidios y la baja en 13% de algunos delitos con violencia, como el robo (-22%) y los asaltos (-13%).
Estas disminuciones de las tasas delictivas marcan un cambio de tendencia que ya se venía observando desde mediados de 2019, y que el confinamiento derivado de la pandemia de COVID-19 terminó por acelerar.
En este sentido, no es posible saber si esta tendencia positiva se mantendrá en los próximos meses y años, dado que 2020 fue definitivamente un año atípico.
A pesar de que el aumento de los niveles de paz representa una buena noticia, no debemos soslayar que la crisis de violencia vigente sigue siendo grave: con más de 35 mil homicidios en 2020 y una tasa de 27.8 muertes por cada 100 mil habitantes, México ostenta la novena tasa de homicidios más alta a nivel global, y concentra a las cinco ciudades más violentas del mundo (Tijuana, Ciudad Juárez, Uruapan, Irapuato y Ciudad Obregón).
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El Instituto para la Economía y la Paz (IEP), think tank internacional e independiente encargado de producir el IPM, elabora también una amplia y compleja estimación del impacto económico anual de la violencia en México. El análisis plantea como premisa que el fenómeno de violencia que vive el país produce una serie de efectos y distorsiones en la economía y la conducta económica de los actores y sectores sociales.
La violencia y el miedo a la violencia crean importantes trastornos económicos. Los incidentes violentos incurren en costos en forma de daños a la propiedad, lesiones físicas o trauma psicológico. El miedo a la violencia también altera el comportamiento económico, principalmente al cambiar los patrones de inversión y de consumo, lo que desvía recursos públicos y privados de las actividades productivas hacia medidas de protección. La violencia y el miedo a la violencia generan pérdidas significativas en forma de déficit de productividad, pérdida de ingresos y gastos distorsionados. Por lo tanto, medir la escala y el costo de la violencia tiene implicaciones importantes para evaluar sus efectos sobre la actividad económica. (IPM, 2021)
Algunos de estos recursos son de origen público y se destinan a infraestructura militar, equipo y armamento policial, mantenimiento de cárceles o recursos para el sistema de justicia, entre otros rubros. Otros fondos provienen del sector privado y representan la compra y contratación de mecanismos de protección (alarmas, cámaras, rejas, seguridad privada, etc.), o recursos familiares para atención hospitalaria, apoyo psicológico o servicios funerarios.
Adicionalmente, se calcula e incorpora al modelo el costo de oportunidad que representa la violencia. Es decir, lo que la economía nacional pierde o no produce por la ausencia de paz: inversiones, emprendimientos, dinamismo económico, e incluso la productividad y consumos de las personas que pierden la vida.
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A través de esta metodología, el Índice de Paz México calcula que en 2020 el impacto económico de la violencia fue de 4.7 billones de pesos, lo que equivale a 22.5% del PIB nacional o $36,893 per cápita. Para ponerlo en perspectiva, este impacto es siete veces mayor que el presupuesto federal de salud pública y seis veces más que el presupuesto para educación en 2020.
En contraste con lo anterior, cuando se analiza a más detalle el destino de los presupuestos públicos, algunos montos resultan preocupantemente bajos.
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Entre 2015 y 2020, el gasto federal en seguridad pública disminuyó 31%, mientras que el gasto destinado al sistema de justicia se redujo 3%. Con estas reducciones, México se ubica como el país de la OCDE que menos invierte en los sistemas de seguridad y justicia como porcentaje de su PIB, con solo 0.7%. México es también el país de Latinoamérica que menos invierte en ese rubro y tiene un promedio de 2.2 jueces por cada 100 mil habitantes, es decir, ocho veces menos que el promedio global.
Para contrarrestar eficazmente la violencia, México necesita invertir más recursos en el fortalecimiento de sus instituciones de justicia y seguridad pública.
La construcción de la paz en nuestro país requiere indispensablemente de una significativa reducción de la impunidad y la corrupción, y esto sólo se logrará con instituciones sólidas y confiables. La investigación del IEP revela que en países donde la corrupción es alta y los gobiernos son ineficaces, los grupos de delincuencia organizada suelen proliferar con mayor facilidad.
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Por tanto, es fundamental analizar y comprender la profunda relación entre paz y economía, ya que ambas se interrelacionan e impactan mutuamente de formas que van mucho más allá de aspectos financieros.
La compleja crisis de violencia que vivimos en México nos recuerda todos los días que la ausencia de paz es muy costosa. Nos cuesta vidas humanas, sufrimiento, trauma. Nos cuesta el futuro del país, el bienestar de las generaciones más jóvenes y aquellas por venir. Nos cuesta la tranquilidad y la esperanza de vivir sin miedo.
Contacto:
*Carlos Juárez Cruz es director en México del Institute for Economics and Peace.
El reporte completo puede ser consultado en www.indicedepazmexico.org y www.economicsandpeace.org.
Twitter: @cjuarezcruz
@IndicedePaz
FB: @CarlosJuarezCr
@GlobalPeaceIndex
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.
