La tarea principal que afronta la práctica jurídica y la impartición de justicia en el país tiene nombre y apellido: la lucha contra la corrupción. Así lo establece Rodrigo Ugalde, socio fundador de Ugalde Camizau & Asociados S.C., una de las oficinas con mayor crecimiento en el ámbito penal en México, con más de 15 años de experiencia en el ramo.
“La corrupción se ha convertido en un problema estructural en nuestro país; tenemos el reto de disminuirla y abatirla en todos los frentes”, explica el especialista.
Ugalde recuerda que México se ha estancado en la lucha contra la corrupción, con calificaciones reprobatorias en el Índice de Percepción de la Corrupción, que realiza Transparencia Internacional, donde el país ocupa el sitio 126 entre 180 naciones calificadas.
“El combate a la corrupción debe iniciar con procesos de investigación y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, respetando la legalidad y el debido proceso, promoviendo las alertas ciudadanas de actos de corrupción en curso, garantizando su anonimato y protección”, propone Ugalde.
El abogado destaca que, entre los factores adecuados que se requieren para limitar la impunidad, se debe contar con un buen sistema de quejas y denuncias, así como la capacidad de investigación de presuntos hechos de corrupción y mecanismos eficaces para castigarla.
Ante este panorama, México tiene todavía múltiples tareas pendientes para contrarrestar los actos de corrupción, castigarlos, y con ello inhibir la impunidad.
De acuerdo con la organización Impunidad Cero, la probabilidad de que un delito se resuelva en el país es de 0.9%, mientras que el 94% de los ilícitos no se denuncia.
Ugalde, especialista en Derecho Penal y litigios de toda índole, ha participado en múltiples casos que le han llevado a entender el combate a la corrupción desde los ámbitos de poder en el país.
Desde pleitos legales por delitos patrimoniales, financieros o de alto impacto, hasta de propiedad industrial e intelectual, llevando así la defensa y asesoría a empresas de alto perfil, funcionarios y servidores públicos de diversos partidos políticos.
Ugalde destaca que el papel de los abogados es sumamente relevante cuando se habla de la lucha contra la corrupción.
“La actualización sobre las nuevas estructuras de corrupción que se han estado arraigando en México resultan un reto para los abogados”, explica.
Para el experto, esto ha escalado de tal forma, que le ha llevado a una especialización que incluye una maestría en Materia de Anticorrupción, y un programa que le permitirá implementar la Certificación ISO 37001, que establece las medidas que pueden desarrollar las organizaciones para prevenir, detectar y tratar la corrupción en cualquier ámbito.
“No basta con combatir la corrupción desde los tribunales, debemos empezar desde la familia, escuela, empresas, sindicatos y oficinas de Gobierno”, exhorta Ugalde.
Para el abogado, la responsabilidad social pasa por cultivar principios y valores que inhiban la comisión de actos de corrupción, y con ello también la ciudadanía aprenda y normalice la denuncia de dichos actos.
TECNOLOGÍA, FACTOR DE LUCHA ANTICORRUPCIÓN
Para Rodrigo Ugalde, la tecnología jugará en ambos lados del tablero de la corrupción ya que servirá para enfrentarla, pero también será un detonador de métodos más sofisticados para crear redes de corrupción.
“Los principales cambios que vienen en la materia legal están totalmente ligados a la era digital y su implementación. A los abogados nos ha ayudado a implementar nuevas estrategias y herramientas para automatizar nuestros servicios y procesos legales”, explica el especialista.
Para ello, dice, esta disrupción se deberá afrontar con carácter e innovación para que la actualización de los profesionales vaya de la mano del uso de avanzadas tecnologías, sus aplicaciones y nuevos mecanismos en los que derivará.
Hablando específicamente del tema anticorrupción, Ugalde aplaude los nuevos mecanismos digitales para la detección de actos de corrupción en el Gobierno y en diversas Secretarías, como las bitácoras y registros electrónicos con las cuales se pretende dar seguimiento puntual a las acciones que emprenden servidores y funcionarios públicos.
“Con esta implementación se cuentan con sistemas de revisión de declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos, a fin de detectar irregularidades”, dice Ugalde.
Herramientas como DeclaraNet ayudan a identificar incongruencias entre ingresos y nivel de vida de los funcionarios públicos, mientras que organismos como la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como el propio SAT han mejorado sus sistemas digitales para favorecer la lucha contra la corrupción.
Para el abogado, se requiere fortalecer los sistemas políticos, administrativos y judiciales, en donde los abogados son indispensables para contribuir en la evolución de la prevención de delitos, así como al reformar y reforzar las legislaciones que tienen como objetivo la lucha contra la corrupción.
