Es ilegal la intención de la Secretaría de Gobernación (Segob) de pedirle la base de datos electoral al Instituto Nacional Electoral (INE), además sería riesgoso que una entidad gubernamental tuviera el control de tanta información ciudadana, así como indebido, ya que el padrón electoral tiene un fin democrático, coincidieron experto en la materia.

Con el objetivo de nutrir el proyecto del Registro Nacional de Población (Renapo), la semana pasada la Segob formalizó la petición al INE de adquirir la información de los electores, pero el  árbitro electoral se negó con el argumento de protección a los datos personales.

Además de no existir un marco legal para dicha petición, la finalidad del padrón electoral es para que los ciudadanos elijan a nuestros representantes de manera democrática, no para que esté a disposición del gobierno en turno. Además, los datos personales están protegidos por los fines por los cuales fueron recogidos, en este caso, para votar, explicó Diego García Ricci, académico de la Universidad Iberoamericana.

Es importante que la base de datos la mantenga el INE, ya que es un organismo autónomo que no está sujeto a la administración federal; de lo contrario, información valiosa de los ciudadanos como la fotografía, dirección, huellas dactilares y demás elementos, podrían ser utilizados con fines no democráticos, sentenció el experto en derecho.

No quiere decir que la administración federal vaya a utilizar la información de esa manera, en caso de que la tuviera, pero sí podrían hacerlo. En cambio, la única forma en que se podrían otorgarle tales datos sería con la autorización de todos los electores o una reforma legislativa, abundó García Ricci.

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En México, las bases de datos de la población están fragmentadas, no las posee de manera íntegra una sola institución. Además la Segob ya cuenta con la Clave Única de Registro de Población (CURP), la cual se basa en el los registros civiles plasmados en el acta de nacimiento, refirió el jurista.

En 1992 se reformó la constitución para dar paso a un registro nacional de ciudadanos, para así emitir la cédula de identidad, pero no se materializó la idea ya que tal función la comenzó a realizarla el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), relató.

La credencial para votar emitida por el INE, además de su fin electoral, sirve como identificación oficial para trámites gubernamentales o similares, por lo tanto la idea de crear una nueva data sería “absurda”, sostuvo Víctor Manuel Martínez Bullé Goyri, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Segob insite

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió en su conferencia mantutina a la Segob que no insista al INE con la solicitud de datos, ya que el organismo electoral está muy “sensible” y no hay que “testerearlo”. A lo que Sánchez Cordero respondió que acatará las indicaciones del ejecutivo, aunque reiteró en que la dependencia a su mando tiene las atribuciones constitucionales para darle a los mexicanos una cédula única de identidad.

“El INE no se la podría dar (la cédula) a los menores de 18 años, porque es una credencial para votar con fotografía; pensamos que la obligación tanto de la Secretaría de Gobernación”, resaltó la mandataria a los medios este martes.

Sin embargo, Gobernación tiene convenios con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para la recabación de datos biométricos de los mexicanos, lo cual permitiría forjar el proyecto del Renapo, afirmó Sánchez Cordero.

“Tenemos ahorita ya convenios con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el SAT, a través de un convenio, está tomando datos biométricos, en una acuerdo con la Secretaría de Gobernación”, detalló.

Hay otras instituciones del Estado mexicano, abundó, que tiene bases de datos biométricos, como el Instituto Mexicano para el Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Preocupa a los expertos

La información que solicita Gobernación, abundó, podría ser utilizada con fines negativos, como la suplantación de identidades o que se use como condicionante a la población para la inscripción a programas sociales con fines de obtención al voto, al igual que para atacar la democracia del país.

¿Por qué y para qué quiere la Segob una base de datos?, se preguntaron ambos expertos, quienes convergieron en que dicha acción no es propia de naciones con una buena democracia.

“Se puede usar para que un grupo se perpetúe en el poder, en mal usar esos datos”, aseguró Martínez Bullé Goyri.

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