Los tiempos políticos se acortan y apremian para que se concrete la reforma energética con la aprobación de sus 21 leyes secundarias en un periodo no mayor de 3 a 6 meses. ¿Lo lograrán?

 

 

Inversionistas y grandes corporativos, a nivel nacional e internacional apremian a que se concrete la reforma energética a través de la aprobación de las leyes secundarias, que establecerán las reglas para la participación hasta ahora vedada del capital privado en todas las áreas de negocio del sector como la exploración y producción de petróleo y gas, así como la generación y distribución de electricidad, que terminaría con el monopolio que ejercen Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE) y las obligaría a competir con empresas privadas.

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Los alcances de esta reforma están ahora en manos de los legisladores quienes tienen delante la tarea de examinar nada menos que 21 leyes, 9 de ellas nuevas, y el resto que se modificarían para adaptarlas a las condiciones que exige este proceso que revolucionará –se esté de acuerdo o en desacuerdo con su contenido- el rumbo del sector energético y el perfil industrial del país.

Esta reforma, delimitada en las leyes que envió el gobierno federal al Congreso, ha sido calificada por analistas e inversionistas como la más ambiciosa y con mayor potencial de las que se han intentado en el país en materia energética; pero también no son pocos sus detractores y opositores, quienes demandan que se someta a una consulta popular y se posponga su aprobación en el Congreso, para dar tiempo a un debate más amplio y profundo de sus alcances.

Las expectativas con respecto al crecimiento económico de México, desde el corto al largo plazo, se centran en la evolución y aplicación de la reforma energética, pero, en tanto las leyes secundarias permanezcan en el Congreso como iniciativas de ley para su análisis, discusión y eventual aprobación por parte de la Cámara de Senadores y después para su ratificación en la Cámara de Diputados, sólo se trata de una agenda de proyectos.

Los legisladores, antes de cerrar el periodo ordinario de sesiones el pasado 30 de abril, determinaron llamar periodos extraordinarios de sesiones en los siguientes tres meses para sacar adelante este paquete de leyes. La Comisión de Energía del Senado presentó una tentativa de agenda para la discusión de las leyes secundarias de energía; el inicio de la dictaminación sería del 11 al 14 de junio, mientras que la discusión y votación en el Pleno sería del 23 al 28 de ese mes.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) considera que, en particular, la aprobación en diciembre de 2013 de la reforma energética, reforzó la confianza empresarial y mejoró el clima para la inversión privada, lo que implica “a largo plazo” un impulso tanto a la productividad como al crecimiento.

En esa tendencia de la actual administración de difundir y promocionar sus proyecciones sobre los beneficios de las reformas estructurales -entre ellas, sino la principal, la energética- analistas de grupos financieros señalan que el país se puso “de moda” demasiado pronto por las expectativas que generó pero que en los hechos ha tardado en concretarse.

Empresas consultoras advierten sobre el riesgo “de ilusión” que implica todo este proceso, es decir, que la agenda de proyectos e inversiones para el sector energético se postergue por la falta de acuerdos en las bancadas de los partidos políticos para la aprobación de estas leyes o que no se logren los alcances propuestos en las iniciativas como las presentó el gobierno federal; de tal manera que el incremento de gasto público y la inyección de capital privado tarden en materializarse año.

Según estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el atraso en la aprobación de las leyes secundarias de las reformas al sector de energía tiene un costo inmediato de .03% del Producto Interno Bruto (PIB) y advierte que, de no aprobarse pronto el paquete legislativo en materia energética y echar a andar los nuevos proyectos e inversiones, el impacto de las reformas se atrasaría nuevamente algunos años.

El asunto, claro, no es tan simple. Entre la complicación que trae consigo sumergirse en la materia y analizar a profundidad 21 textos de las leyes sin naufragar en pleitos y divergencias sin solución por parte de los legisladores; y las advertencias de consultores y grupos financieros, además de los propios funcionarios públicos encargados de promover el proceso de aprobación de las leyes y de los beneficios de la reforma, sobre la posibilidad de que otros mercados como el brasileño le “coman el mandado” a México si no se apura; va quedando claro que implementar la reforma del sector energético es y será un proceso gradual y de largo plazo.

Funcionarios de la administración pública federal aseguran que, mientras el proceso legislativo se ha ido postergando, inversionistas internacionales han estado pendientes de la anunciada apertura de la industria de petróleo y gas natural de México. Afirman que empresarios y empresas de China, Singapur, Noruega, Estados Unidos, Canadá, y otros de América Latina muestran interés en invertir y participar en el sector energético del décimo productor mundial de crudo. Los representantes de los organismos cúpula del sector privado nacional también urgen a los legisladores a que emprendan la tarea y saquen adelante el paquete de leyes secundarias en la materia.

El apuro en realidad se debe mucho a la agenda política nacional. Los tiempos políticos se acortan y apremian para que se concrete la reforma energética con la aprobación de sus 21 leyes secundarias en un periodo no mayor de 3 a 6 meses, antes que inicie el periodo de las elecciones intermedias para cambiar a los miembros de la Cámara de Diputados y a la mitad de los integrantes del Senado, que contaminaría políticamente aún más el proceso legislativo en la materia y que podría detener, bloquear o congelar alguna de estas leyes.

Así que en los próximos meses todo puede pasar, para que quede claro cuál será la nueva configuración de la industria energética del país y si el resultado del proceso legislativo redundará en el fortalecimiento de la industria nacional encargada del procesamiento del petróleo y gas, o si los beneficios finales irán a parar a otros países.

 

 

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