Desde 2010, el gasto aprobado en el Presupuesto de Egresos y el monto de recaudación que se integra a la Ley de Ingresos de la Federación ha sido inferior, pero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) insiste en señalar que estas diferencias entre lo aprobado y lo ejercido se encuentran sustentadas.

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Dicha constante está identificada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como posible subpresupuestación, advierte la Auditoria Superior de la Federación (ASF) en el informe de resultados de la fiscalización de la cuenta pública 2016.

Sin embargo, la dependencia encabezada por José Antonio Meade, señala que “el concepto de subpresupuestación no es utilizado en ningún ordenamiento jurídico referente al proceso presupuestario”.

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Además, señaló que no conoce de manera oficial las opiniones emitidas por el FMI respecto a la denominada práctica de subpresupuestación.

De acuerdo con el estudio Prevensión y Gestión de los Atrasos en el Pago de los Gastos Públicos, elaborado por Suzanne Flynn y Mario Pessoa, los órganos a veces utilizan la subpresupuestación deliberada de infraestructuras, programas de prestaciones sociales, subsidios a empresas estatales o artículos esenciales como táctica para obtener la autorización inicial de una variedad más amplia de gastos que la que pueden costear en última instancia.

La variación de los ingresos que se aprobaron a lo que realmente se recaudó en 2010, fue de 5.8%, en 2011, 7.1%; en 2012, de 6.2%; en 2013 se calculó una variación de 5.5%; en 2014 de 4.4%; en 2015 de 6.1%; y durante 2016 se estableció la variación más amplia de 16.6%.

El gasto que se aprobó en 2010 fue 5.6% más amplio al momento de calcular lo que se ejerció; en 2011 se reportó una diferencia de 6.3%; lo mismo que durante 2012 y 2013; en 2014 se registró una diferencia de 2.2% en el ejercicio de recursos; en 2015 4.7%; y en 2016 el gasto ejercido se disparó 12.9% en comparación a lo que se aprobó.

En ese sentido, la Auditoría recomendó mejorar la normativa y mecanismos de presupuestario y control respecto a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

“Debido a los ingresos excedentes y las ampliaciones presupuestarias en relación con el destino y resultados alcanzados mediante el ejercicio del gasto en los programas aprobados en el PEF”, se puede leer en el reporte de la Auditoría.

Esta no es la primera vez que se cuestiona a las autoridades hacendarias por los ajustes al presupuesto.

Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados como parte de la Glosa del V Informe de Gobierno en octubre pasado, algunos integrantes de la cámara bajo, entre ellos Videl Llerenas, de Morena, y Herminio Corral, del grupo parlamentario del PAN, insistieron en el gasto de 321,000 millones de pesos más respecto al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados en 2015 y 740,000 millones más a lo aprobado en 2016.

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José Antonio Meade respondió en aquella ocasión que el ajuste del gasto se llevó conforme a los tres supuestos que marca la ley, es decir, con el uso de remanentes del Banco de México, en el marco de la puesta en marcha de la reforma energética y en una serie de ingresos con destino específico que se presupuestan en cero y que cuando se actualizan se autorizan como un ingreso excedente.

 

 

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