La Cámara Minera de México (Camimex) pidió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable a la industria minera, así como resolver la huelga de mina Peñasquito y destrabar los permisos ambientales.
“Solicitamos a las autoridades competentes colaborar en la solución de la huelga que se ha suscitado en Minera Peñasquito en el estado de Zacatecas”, declaró el organismo empresarial.
El órgano que agrupa a la industria minera en México externó que están preocupados por el impacto de la huelga de Mina Peñasquito y otras situaciones similares en el empleo, la producción nacional, la confianza de los inversionistas en el país, la operatividad de las empresas responsables y los beneficios que se generan en las comunidades mineras.
Desde el 7 de junio de 2023, la mina Peñasquito, la mayor productora de oro y segundo lugar en plata dentro de México, tiene detenidas sus operaciones.
La empresa estadounidense Newmont, operadora de la mina, ha perdido más de 183 millones 600 mil dólares en la mina Peñasquito por la huelga de la sección 304 del sindicato minero liderado por Napoleón Gómez Urrutia, que exige el paso de más utilidades a las establecidas en la Ley Federal del Trabajo.
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Diariamente se están perdiendo 2.7 millones de dólares por la huelga, que este lunes 13 de agosto cumplió 68 días, señala la compañía, cuyos abogados presentaron el procedimiento de imputabilidad ante el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos. Dicha instancia definirá quién tiene la razón.
Por otro lado, la Camimex pidió al gobierno federal destrabar permisos ambientales pendientes para varias compañías.
“Es imperativo resolver el retraso generalizado en las respuestas a las solicitudes de permisos ambientales, ya que son necesarios para que las empresas cumplan con la normatividad y operen responsablemente”, apuntó.
Resulta crucial, agregó, que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) actúe de manera ágil y eficiente en los procesos de evaluación y en la emisión de resoluciones, especialmente cuando las empresas cumplen rigurosamente con los requisitos establecidos por la ley.
La certeza y eficiencia en el proceso administrativo son fundamentales para retener e impulsar la inversión responsable en el sector minero, la cual es clave para el crecimiento económico y el bienestar de nuestro país, manifestó la Cámara.
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En 2022, el sector minero-metalúrgico generó 3 millones de empleos y representó el 2.46% del producto interno bruto (PIB) nacional y el 8.63% del PIB industrial.
Adicionalmente, abastece a más de 70 sectores productivos que dependen de la minería en su cadena de suministro, lo que reafirma su contribución al desarrollo social y económico de México, en particular en zonas de alta marginalidad.
“Desde Camimex, reiteramos nuestro compromiso con el desarrollo responsable y sostenible de la minería en México. Nuestro sector es consciente de la relevancia de operar con responsabilidad para contribuir al bienestar de las comunidades que alojan nuestras operaciones”, añadió.
“Hacemos un llamado a las autoridades laborales y ambientales para trabajar en conjunto y construir un entorno propicio para la inversión y el desarrollo económico, siempre bajo el marco de la legalidad y la responsabilidad económica, social y ambiental”, indicó.
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