Los proyectos de infraestructura de Centroamérica cada vez tienen más fuerza y visibilidad a la hora de competir por las inversiones globales. Así lo demuestra la última versión del “Strategic 100 Latin American Infrastructure Report”, elaborado por la consultora CG/LA Infrastructure, en el que 19 de su centenar de proyectos están basados en los países que integran el Istmo.

Esto se debe a que, con nuevas líneas de metro, aeropuertos, carreteras, trenes, complejos logísticos, proyectos de generación energética, plantas de tratamiento de agua, y otros, las diferentes naciones pretenden elevar la competitividad de la región, que hoy en día experimenta grandes contrastes entre unos y otros territorios.

Entre los proyectos más importantes están la Línea 3 del Metro de Panamá (2,620 millones de dólares, mdd), el Gasoducto México-Guatemala-Honduras (1,600 mdd) y el Sistema de Transporte Rápido de la Gran Área Metropolitana en Costa Rica (1,400 mdd), los cuales van de acuerdo con la tendencia de inversión de la zona.

Por ejemplo, en 2015, la mayoría de los proyectos de Latinoamérica (Latam) estuvieron enfocados en las áreas de transportes (50%) y energía (25%), indica Infralatam, una base de datos auspiciada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

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Pero, a pesar de los esfuerzos, la mayor parte de los países del Istmo están abajo del 6.2% del Producto Interno Bruto (PIB) de inversión en infraestructura que la Cepal recomienda para Latam, región que, en promedio, únicamente ejerce el 2.3% del PIB en este rubro.

Además, el contraste es grande. Al promediar las cifras de Infralatam, encontramos que, mientras sitios como Nicaragua, Panamá, Honduras y Costa Rica han hecho la tarea de invertir 5.9%, 5.3%, 4.9% y 4.1% de su Producto Interno Bruto (PIB) en infraestructura entre 2008 y 2015, Guatemala y El Salvador sólo alcanzaron el 2.5% y el 2.0%. El promedio regional es de 4.1%.

Pero los datos cambian si nos vamos al año más reciente que reporta la base de datos: En 2015, los seis países del Istmo ejercieron, de manera conjunta 6,762.97 mdd en infraestructura, mientras que el PIB promedio destinado a este rubro fue de solamente 3.4%.

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“Si uno compara la Centroamérica de hace 15 años con la Centroamérica de hoy, ha habido un progreso”, opina Lucio Cáceres Behrens, asesor regional de Infraestructura de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

Sin embargo, todavía hay un rezago importante al comparar estos resultados frente a los obtenidos por otras regiones. “Por ejemplo, en los 15 o 20 años pasados, el sureste asiático, que pasó de una situación muy inferior en materia de infraestructura, por haber invertido del 3 al 5% del PIB en infraestructura hoy tiene una infraestructura que es superior a la que tiene Centroamérica, que, por haber invertido entre el 1 y el 3% del PIB tiene una infraestructura de menor calidad”, puntualiza el especialista.

Piso disparejo

Son precisamente estas desigualdades las que impiden una competencia equitativa y uno de los sueños más anhelados del Istmo: la integración regional. “Los servicios de infraestructura en Centroamérica tienen grandes diferencias entre subsectores y también entre países”, asegura Lucía Meza, directora de proyectos de CAF para la Región Norte.

Por ejemplo, Panamá posee una infraestructura que “se ha desarrollado mucho” en los últimos tiempos, mientras que la de Costa Rica está “básicamente estancada” y en los demás países tal vez es “demasiado pobre”, ahonda Cáceres Behrens.

“Si hablamos desde el punto de vista de la población, las implicaciones que tiene [esta desigualdad] es que la población está recibiendo servicios de menor calidad o con menor cobertura que lo que sería razonable el día de hoy”, agrega.

Como consecuencia, hay carreteras en malas condiciones y combustibles caros, lo que eleva los costos de logística y resta competitividad a la zona. De acuerdo con Cáceres Behrens, cada país tiene desafíos muy particulares:

El de Costa Rica está en su infraestructura vial; El Salvador debe mejorar su condición de país pequeño y volverse más activo dentro de la región, por lo que tendrá que mejorar las condiciones de sus puertos y aeropuertos; Guatemala ha tenido dificultades para modernizar sus puertos; en Panamá es preciso cumplir el compromiso de dotar de agua potable a todos los habitantes; en Honduras habrá que sacar adelante la carretera Litoral Caribe, la cual ha tenido dificultades, o la carretera a Copán; y Nicaragua requiere elevar la calidad de su infraestructura carretera y energética y de telecomunicaciones para que el turismo pueda crecer.

La llave maestra

Para elevar las condiciones de la región, será necesario cerrar la brecha de inversión. Meza, de CAF, argumenta que esto será posible mediante esquemas de estabilización económica que permitan acceder a recursos financieros de bajo costo, reformas regulatorias e institucionales que atraigan el mayor expertise en construcción y operación de infraestructuras, ejercicios de planificación a largo plazo, promoción de buenas prácticas en materia de inversión y operación de servicios de infraestructura.

Es evidente que hay muchas metas, sólo que las arcas gubernamentales no alcanzan. Con datos de Infralatam, la Cepal explica que, hacia 2015, Latam destinó a infraestructura el 1.5% del PIB mediante capital público y el 0.8% con dinero privado.

Entonces, los recursos privados serán fundamentales en sus distintas modalidades, como obras financiadas, concesiones y asociaciones público-privadas (APP). También están los fondos de pensiones.

Pero Cáceres Behrens pide estar alerta: “Con el sector privado más duro, hay que tener cuidado con el diseño de esos arreglos institucionales, [para] que no terminen costándole a los países, en el largo plazo, el doble o el triple de lo que le costarían si los estuviera canalizando a través de la obra pública tradicional”.

Pero los países también deberán echar mano de la banca multilateral, como ya ocurre. Por ejemplo, en junio de este año, el BID anunció una inversión de 750 mdd para proyectos de infraestructura en El Salvador, Guatemala y Honduras, los cuales se añadirán a un monto de 1,750 mdd comprometidos por el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo del Norte, que incluye fuentes públicas y privadas, que se ejercerán en los próximos cinco años. Esta suma podría crecer en un futuro.

En otra muestra, Costa Rica y Panamá son miembros de CAF, institución que ha apoyado la Carretera Bajos de Chilamate-Vuelta Kooper, ubicada en territorio tico, un proyecto de 27 km, todavía en ejecución, que permitirá mejorar la conexión vial de la zona Huetar Norte, que destaca por su producción agroindustrial. En algunos casos, la vía reducirá en 60 km la ruta entre algunos centros de producción y de consumo.

A nivel regional, CAF financió a Redca, una empresa multinacional encargada de inversiones y explotación de fibra óptica para brindar servicios de telecomunicaciones desde Colombia hasta México, a través de la red de interconexión eléctrica. El proyecto contribuirá a la llamada infraestructura compartida, que dará pauta a la optimización de costos de inversión para diversos usos.

Pero la inversión no lo es todo y, de manera paralela, los gobiernos deberán resolver el problema de seguridad jurídica que aqueja a la región, rubro en el que Panamá y Costa Rica están a la cabeza de mejores prácticas en el Istmo.

Cáceres Behrens describe que los inversionistas deben estar seguros de que hay respeto a las normas y a los contratos. Además, los sistemas de catastro son “muy imperfectos”, lo mismo que los de registro de la propiedad y para la transferencia de dominio. Y, con base en estos elementos, lanza una advertencia: “Nadie invierte en un país donde no hay seguridad jurídica”.

 

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