Los documentos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) se pueden consultar en el Archivo General de la Nación desde hace ya varios años. El presidente Vicente Fox y el secretario de Gobernación, Santiago Creel, de la mano con organizaciones de la sociedad civil hicieron posible el proyecto.

La DFS tenía, entre otras responsabilidades, el seguimiento de las guerrillas y el combate a delitos del orden federal. Los años setenta fueron duros y las labores policiales se inscribieron en una lucha férrea contra los jóvenes que, después del 2 de octubre de 1968, optaron por la vía armada para “derrocar al régimen”.

El saldo de aquellos años es triste, porque se desató una guerra sucia y desde el Estado se utilizaron métodos ilegales para enfrentar ilegalidades que tenían un trasfondo social.

Aún ahora permanecen los listados de cerca de 300 desaparecidos políticos y entre ellos los dirigentes de la Liga Comunista 23 de Septiembre y de otros grupos armados.

Los agentes de la DFS tenían patente de corso para hacer lo que les viniera en gana y lo hicieron, metiéndose al narcotráfico y controlando los más diversos mercados ilegales. Todo se pudrió con el tiempo.

En uno de los actos más reprobables, uno de los directores de esa corporación ordenó el asesinato del columnista del diario Excelsior, Manuel Buendía.

Para desmontar esa cueva de bandidos es que, con el tiempo, se creó el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), una agencia de inteligencia civil. Es evidente que la transformación resultó notable y para bien del país. Nada que ver con los viejos comandantes y sus patrones de conducta.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció hace unos días la apertura de los archivos del Centro, lo que puede abonar en la transparencia, pero debe realizarse con cuidado.

Hay análisis y expedientes que son utilizados (o lo eran) en trabajos de seguridad que de ser revelados pondrían en riesgo a muchas de las fuentes con las que se elaboraron.

Es una línea fina, pero de la que puede depender el futuro de servidores públicos y de quienes han colaborado en la generación de inteligencia.

Por supuesto, el espionaje hacia opositores o personalidades molestas a los poderosos es reprobable, no trae nada bueno y además es ilegal. En los archivos de la DFS hay ejemplos muy claros al respecto y otro tanto se debió generar con posterioridad.

Además, hay historias del orden personal que también pueden afectar a terceros y a sus familias.

Ponderar esto es importante, porque se pueden salvaguardar la necesidad de la discreción y secrecía, junto con la apertura de los documentos que puedan mostrar cómo es que han desarrollado y actuado las agencias de seguridad.

 

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