Por Camila Bassol Manzur*

A lo largo de los años México ha sufrido numerosos saqueos patrimoniales. Las cifras han aumentado en los últimos 15 años por lo que es pertinente abordar el tema que resulta de gran importancia, pues en el patrimonio recae parte de la herencia cultural de un país. El patrimonio cultural, según la UNESCO, se entiende como todo conjunto u objeto que posee en sí mismo características representativas.  Estas deben tener relevancia en la cultura de la que forman parte, permitiendo el estudio de la historia de la sociedad a la que pertenecen.

México es rico en su patrimonio cultural y desde 2009 es considerado por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) como uno de los países con más incidencia en casos de robo patrimonial cultural eclesiástico.  El alto precio que los coleccionistas y extranjeros están dispuestos a pagar por las piezas convierte al saqueo en una redituable profesión, tanto por profesionales del crimen como por ciudadanos y religiosos que tienen contacto directo con las piezas. La venta y trasiego de manera clandestina se da en todas partes, pero específicamente en el Centro de la Ciudad de México, en el mercado de la Lagunilla o en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

Actualmente existen varias leyes, disposiciones y reglamentos que procuran la investigación y conservación de los patrimonios culturales. Sin embargo, el problema está en ver al objeto como una pieza particular y no como un elemento que interactúa en una sociedad, pues cada pieza forma parte de un acervo que construye la historia del país en el que se circunscribe. Comprender a los objetos patrimoniales como parte de una sociedad viva, provocaría que los habitantes de las zonas que los albergan los puedan proteger como parte de sus comunidades.

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No se conocen las cifras exactas de los bienes culturales robados o desaparecidos, pero en 1998 El Excélsior reportó que de 1991 a 1998, 2,726 objetos fueron robados de numerosas iglesias del país.  Vale la pena recalcar, que no hay estadísticas actualizadas, pues es un tema poco tratado, del cual no abunda información.

Cabe señalar que no existe regulación alguna que prevenga la extracción ilegal de bienes culturales del país, puesto que hay leyes que sancionan el delito, pero son letra muerta por la inexistencia de un estado de derecho.

Según la Coordinación Nacional de Restauración del Patrimonio Cultural (CNRPC) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el tráfico ilícito de bienes culturales se divide en tres. En primer lugar, robos originados por ignorancia de los ciudadanos; pues por desconocimiento sistemáticamente saquean el patrimonio en pos de un ingreso adicional. En muchas ocasiones esta naturaleza del robo patrimonial está supeditada por grandes traficantes. En segundo lugar, por negligencia de instituciones que deberían de salvaguardar el patrimonio como el personal de aduanas, museos, zonas arqueológicas, templos, archivos, entre otros. Y, finalmente, la delincuencia organizada la cual incluye operaciones de gran escala. En la mayoría de los casos se manejan como pedidos o por búsqueda de piezas de gran demanda.

Es una realidad que numerosas propuestas en pro de la salvaguarda del patrimonio han sido arrojadas en los últimos años; pero el resultado sigue siendo tristemente el mismo. Una de las causas que dio paso al inicio del saqueo patrimonial de nuestro país fue que en 1872 Sebastián Lerdo de Tejada confinó los bienes de la Iglesia al Estado, con la intención de que la Iglesia perdiera injerencia sobre lo referente al Estado y la administración pública; pero esto derivó en la falta de claridad sobre el responsable concreto de los bienes eclesiásticos. Este problema se suma a otros, como es la existencia de archivos poco precisos por parte de la Iglesia y el Estado, los cuales facilitaron, gracias a sus pobres especificaciones, varias suplantaciones y robos.

El problema es real y no cabe duda de ello, pero el tema está en poder dimensionar la complejidad de este. El saqueo patrimonial es un monstruo de múltiples rostros, cada situación es distinta, pues las diversas iglesias, estados y comunidades tienen maneras y acuerdos propios por los cuales se rigen.

El embrollo del problema se hace evidente en la pluralidad de situaciones que pueden representarse, porque las piezas no catalogadas o estudiadas caen en situaciones que en muchos casos no están determinadas o previstas por la ley.

Las soluciones son varias y apelan a la participación de distintos actores, y sólo en la combinación de todas se podrá minimizar el saqueo patrimonial.

El robo y el comercio ilícito de obras es una realidad que afrontamos como país. La falta de presupuesto, la inexistencia de registros o su falta de actualización y la escasez de conocimientos en el ámbito de protección patrimonial, así como la poca profesionalización, son algunos de los problemas más apremiantes que contribuyen a que cada año el patrimonio mexicano se desvanezca.

*Cursa la carrera de Historia del Arte en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.

 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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