Diputados y senadores buscan regular los videojuegos en México

La industria de los videojuegos en México está a punto de cambiar, en específico la manera en cómo se venden actualmente, y estas modificaciones ya están en camino, tanto así que podrían concretarse a finales de este año o en los primeros meses de 2018. El Congreso de la Unión, bajo la bandera de la protección de los derechos de la niñez, emprendió el andar legislativo de los proyectos que buscan regular la clasificación de los videojuegos, con la finalidad de evitar que contenidos con violencia y/o sexo, o simplemente inadecuado para su edad, lleguen a niños y adolescentes. El Senado de la República ya dio el primer paso y el pasado 27 de abril aprobó con 84 votos a favor el dictamen para modificar las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal y General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que en resumen plantean que la Secretaría de Gobernación (Segob) vigile los contenidos de los videojuegos y regule los lineamientos que establezcan los criterios de su respectiva clasificación, tal como lo hace actualmente para los contenidos de radio, cine y televisión. Al mismo tiempo, busca establecer candados para tener un mayor control sobre la venta de videojuegos no apropiados para menores de edad, que de concretarse la iniciativa necesitarán comprobar su mayoría de edad al momento de querer comprar un juego que cuente con contenidos que se consideren indebidos o aptos para audiencias maduras. Más de fondo: el proyecto tiene como meta generar una regulación nacional en la materia, pues si bien existe una normativa internacional en Europa y Estados Unidos, no hay una expedida por el país. Tenerla permitirá, desde el punto de vista de los legisladores, que las clasificaciones se encuentren en un lugar visible en el producto y en idioma español, para que el consumidor, generalmente los padres, tenga claro qué artículo están comprando a los niños. Mientras esa iniciativa se discutía y aprobaba en el Senado, la diputada Aurora Cavazos también presentaba una reforma similar pero en la cámara baja, con la diferencia de que la suya pretendía que las atribuciones regulatorias fueran para el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), no para la Segob. “La iniciativa aprobada por el Senado es distinta, pero va en el mismo sentido. Así que cuando llegue a la Cámara de Diputados se trabajará para enriquecerla y aprobarla en su conjunto”, señala a Forbes México la diputada Cavazos. La diputada neoleonesa subraya la pertinencia de una iniciativa como ésta ante algunos sucesos violentos que han ocurrido en el país y en los que se han visto involucrados niños y adolescentes, además de que pretende generar conciencia en los padres de familia para tomar responsabilidad sobre lo que le compran a sus hijos. También, agrega, obligar a la autoridad a castigar a quienes no respeten la ley y venden estos artículos sin atender la regulación; si bien ninguna de las dos iniciativas plantean aumentar las sanciones, buscan promover el cumplimiento de la ley. “No hacen falta más sanciones, con aplicar las que ya existen es más que suficiente. Todos debemos ser respetuosos de la ley, y promover su cumplimiento”, Tras su aprobación, el dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su debate, donde comenzará un nuevo paso en el proceso antes de ser rechazada o aprobada, y el cual obedecerá a los tiempos que marque el reloj legislativo y político de San Lázaro. Dado que en estos momentos el legislativo se encuentra en un periodo extraordinario de sesiones, será hasta que se inaugure un nuevo periodo ordinario en septiembre cuando llegará la minuta a las comisiones para su discusión, y se tendrá hasta el 15 de diciembre para que sea aprobado por el pleno. De ser aprobado, explica la diputada Cavazos, se enviaría al Ejecutivo (Presidencia de la República) para su análisis y posible promulgación, y posteriormente su publicación dentro del Diario Oficial de la Federación e inmediata entrada en vigor.   Regulación internacional vs. nacional Actualmente, la regulación a nivel internacional cuenta con diversos sistemas de clasificación de contenidos de los videojuegos, siendo el más utilizado en Latinoamérica el Entertainment Software Rating Board (Junta de Clasificación de Software de Entretenimiento), mejor conocido como ESRB. Éste proporciona información concisa y objetiva sobre el contenido de los juegos y las aplicaciones para que los consumidores puedan tomar sus decisiones de compra de una manera informada. Consta de tres partes: – Categorías de clasificación: sugieren la edad adecuada que debe tener el videojugador para ese juego. – Descriptores de contenido: indican los elementos que pueden haber motivado la clasificación asignada y/o pueden resultar de interés o preocupación, como violencia, lenguaje inapropiado o referencias sexuales, por decir algunas. – Elementos interactivos: son los que señalan los aspectos interactivos del videojuego, incluida la capacidad de los usuarios de interactuar, o si se comparte la ubicación de los usuarios con otros usuarios. Asimismo, se cuenta con una nomenclatura para clasificar estos contenidos de acuerdo con sus características: EC – Niños pequeños (Early childhood) E – Todos (Everyone) E10 – Todas las personas mayores de 10 años (Everyone 10 +) T – Adolescentes (Teen) M – Maduro (Mature) RP – Clasificación pendiente (Rating Pending) Los cambios propuestos en el legislativo buscan que se deje de utilizar esta clasificación y se repliquen las nomenclaturas que hoy emplea la Segob para de clasificar las transmisiones de radio y televisión, es decir: AA – Para todo público que tengan además atractivo infantil y sean comprensibles para niños menores de siete años de edad. A – Para todo público. B – Para adolescentes de 12 años en adelante. C – Para adultos de 18 años en adelante. D – Para adultos, con sexo explícito, lenguaje procaz, o alto grado de violencia. “Hoy México no cuenta con un mecanismo de clasificación de los contenidos de los videojuegos y esto se vuelve realmente un problema para la regulación de producción, la distribución y venta de dichos materiales”, destaca el proyecto de iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentada por la diputada priísta.