La separación de un territorio de su Estado no sólo concierne a los habitantes de dicha región. El efecto político y económico sobre el resto de los pobladores de un país tiene un impacto no menor.

 

 

 

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Por Héctor Duarte. Escritor de la sección Política en Paradigmas. Politólogo del CIDE.

 

 

El referéndum al cual convocó el parlamento de la región, todavía, ucraniana de Crimea la semana pasada (en el cual se preguntaría a los votantes de la provincia su opinión con respecto a unirse en un futuro a Rusia) fue rechazado por casi toda la comunidad internacional. Ahora bien, en medio de la actual crisis que enfrenta Ucrania, la justificación del referéndum que hizo la legislatura es sumamente interesante. Sergei Shukainikov, uno de sus miembros, expresó: “Ésta es nuestra respuesta al desorden y la anarquía en Kiev […] Vamos a decidir nuestro futuro nosotros mismos”.

En principio, los argumentos del legislador son bastante plausibles. No suena mal que sean los habitantes de un territorio los que decidan a qué país quieren pertenecer. Ésta es una idea basada en principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos reconocidos por el derecho internacional. Otros conflictos independentistas y secesionistas, como los de Cataluña o Quebec, ya han apelado a este tipo de principios. Este derecho a la independencia suena aun más razonable en un contexto como el de Crimea, donde el Estado al cual pertenecen, Ucrania, difícilmente puede garantizar el bienestar de la provincia.

Sin embargo, un problema fundamental con el derecho a la secesión es que es difícil delimitar quién tiene la capacidad para ejercer este derecho. Muchos de los expertos reconocen que sólo pueblos con características similares y cierta población deberían poder decidir en esta materia. La pregunta acerca de si Crimea cumple con estos “requisitos” queda en el aire.

Un asunto adicional, y el de mayor importancia, es que la separación de un territorio de su Estado no sólo concierne a los habitantes de dicha región. El efecto político y económico sobre el resto de los pobladores de un país tiene un impacto no menor. Dicho efecto podría llegar a poner en peligro la supervivencia del resto de un Estado. Hay buenas razones para pensar que algo así podría ocurrir en Ucrania. Por ello, dada la existencia de estos “daños colaterales”, la opinión del resto del país no debería ser ignorada. Algunos académicos han explicado que los únicos casos donde esta consideración no debería de aplicar son cuando el territorio es víctima de graves violaciones a los derechos humanos más básicos o cuando sufre una distribución de recursos discriminatoria. Crimea no pareciese ser uno de estos casos.

Más allá del peligroso involucramiento de Moscú en la soberanía de Ucrania, el caso de esta península es un interesante ejemplo de un problema recurrente en la política global: el tema de los territorios independentistas o secesionistas. Para este caso como para otros está claro que el separarse de un país es un derecho que depende de las características de un territorio y de la relación con el Estado del cual busca separarse. Es una decisión que no puede ser tomada a la ligera ni de manera improvisada como busca hacerse hoy con Crimea.

 

 

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