Hace casi seis años, Peña Nieto inauguraba su sexenio con la firma del Pacto por México, junto con los presidentes del PAN y el PRD. Una versión mexicana de los Pactos de la Moncloa, “una demostración histórica de consenso nacional”, “un signo de unidad de propósito” fueron, entre otras, algunas expresiones usadas por analistas y los principales diarios nacionales e internacionales para referirse a este magno acuerdo. En su discurso para la ceremonia de la firma, Peña Nieto prometía un pacto que blindara de coyunturas político-electorales, a un proyecto de país, basado en un conjunto de reformas estructurales, compartido por las principales fuerzas políticas de aquél entonces.

La historia que sigue a la firma de ese Pacto es bien conocida. Y la historia reciente que se está escribiendo para la vida política de este país apenas está siendo cabalmente comprendida. Desde el 1 de julio de 2018, elementos del sistema político dados por sentado comienzan a demostrar que pueden ser impredecibles. Ejemplo de ello es la cohabitación novedosa y extrañamente tersa entre el presidente Peña y el futuro presidente López Obrador y que está por concluir. E irónicamente, lo que se supone debe pasar en un régimen democrático, que la transmisión de poder sea suave, pacífica, aquí en México, esa transición de terciopelo ha valido las acusaciones de un supuesto pacto de impunidad con el pasado inmediato.

Si de algo han servido estos cinco meses de transición es precisamente para hacernos una idea del estilo personal de gobernar de López Obrador. Desde luego, no todo es sorpresivo, su paso como Jefe de Gobierno es un buen antecedente de lo que veremos los siguiente seis años. Tampoco son sorpresivas algunas decisiones altamente polémicas como los dos ejercicios de “consultas ciudadanas” realizadas de manera frenética en tan poco tiempo, metodológicamente irregulares y sobre temas de un enorme impacto económico, social y ambiental. Pero si las consultas le han valido fuertes críticas al futuro presidente de México, su anuncio de la conformación de la Guardia Nacional y la Estrategia de Seguridad Nacional ha sido considerado por algunos como una traición a los electores o un abierto desafío a la Suprema Corte.

Si el Pacto por México le mereció a Peña Nieto el reconocimiento y un renovado entusiasmo en el PRI y su capacidad de construir acuerdos y de hacer política, con la firma de tan histórico acuerdo a sólo un día después de haber asumido la Presidencia, López Obrador ha ido un paso más allá con una transición adelantada desde el 1 de julio de 2018. Si la ambición de EPN para marcar su gobierno fue el Pacto por México, en tiempos de AMLO el propósito es más ambicioso: pasar a la historia como la Cuarta Transformación.

Nadie podría dudar que la 4T fue un discurso atractivo en tiempos de campaña. Luego, en tiempos de transición entre administraciones, este discurso ha tomado más forma y ahora podemos vislumbrar las ocupaciones del futuro gobierno en 2019, como las 12 reformas legales anunciadas desde julio, a las que se han sumado ahora reformas de corte constitucional como lo son la reforma para conformar la Guardia Nacional y otra para articulo 35 a fin de facilitar la realización de las consultas ciudadanas. Y desde luego, hacer que alcance el presupuesto para sus promesas de campaña, obras prioritarias y otros gastos inamovibles como el pago de intereses de la deuda, pensiones, jubilaciones y participaciones federales a estados y municipios.

Regeneración ética de la política, reconciliación y pacificación del país, un gobierno austero, un país menos desigual y más incluyente, son algunos de los elementos que parecen componer la 4T. Son propósitos en los que difícilmente podemos no estar de acuerdo, en mayor o menor medida. Sin embargo, en lo cómos está a la vez la discordia y las oportunidades de éxito de este ambiguo pero ambicioso proyecto de país.

 

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