Por Palmira Tapia Palacios*

Ante la efervescencia que ha acompañado esta elección presidencial, parece tomarse por hecho que las elecciones en este país siempre se han hecho de la misma manera, o que realmente no ha cambiado de manera sustancial la forma de organizarlas en las últimas décadas. Un supuesto desafortunado y erróneo. Y es así porque pasa por alto el largo recorrido de reformas político-electorales que hemos tenido en las últimas décadas y la aportación de diversos actores por abrir el sistema de partido hegemónico a un régimen democrático. Una comprensión más cabal de cómo ha venido cambiado las reglas electorales permitiría una valoración más informada del desempeño de las autoridades electorales y, quizá, más incentivos para participar con nuestro voto en las elecciones.

El sistema electoral mexicano ha experimentado una constante evolución desde su creación, en sincronía con la correlación de las fuerzas políticas predominantes en el país, y con el fin último de garantizar mecanismos de control sobre el proceso electoral. De esta forma, las necesidades del régimen posrevolucionario por orientar y legitimar las elecciones llevaron a la construcción de instituciones que centralizaron al sistema electoral asegurando su manejo y, sobre todo, sus resultados. Desde 1977, cuando se da la apertura de dicho sistema, ha habido 11 reformas, incluyendo la de 2014, lo que se traduce en cambios intensos de nuestra normatividad electoral.

En México ha habido elecciones de manera más o menos constante a lo largo del siglo XIX e incluso, aún antes de su independencia, eran un ejercicio común. Como lo han sostenido algunos estudios, las elecciones tuvieron un lugar central como fuente de legitimidad y para la gobernabilidad del país, pero también como espacios de negociación política, de construcción de consensos y con los que se sellaban “pactos de reciprocidad” entre múltiples actores. Y qué decir de la centralidad de las elecciones en el México posrevolucionario hasta lo que va del siglo XXI. Sin embargo, la creciente rapidez y accesibilidad de la información a la población, podría transformar de modo radical el sistema electoral y la forma de hacer política, en el corto plazo.

Ha sido bien estudiado que la transición política a la democracia en México no puede entenderse sin los cambios en su sistema electoral, aunque desde luego el entendimiento de este ámbito no es suficiente para entender la democracia mexicana. El tema electoral en México ha sido clave para poder transitar hacia un sistema de elecciones cada vez más libres y competidas. El régimen político posrevolucionario dominado por un partido único, a diferencia de otros países con regímenes autoritarios o totalitarios, permitió el ejercicio limitado de ciertas libertades democráticas, y por la vía de los cambios al sistema electoral fue sorteando de manera, digamos pacífica, las demandas de una sociedad cada vez más compleja.

Las numerosas reformas electorales desde los años setenta del siglo XX sin duda reflejan los cambios sociales, económicos e incluso culturales de la sociedad mexicana, la cual tuvo como punto de quiebre el movimiento estudiantil de 1968, con el que inició con mayor rigor un reclamo por democratizar los canales de acceso al poder. Lo que también se observa a lo largo de cada reforma en el sistema electoral es un énfasis en la ruta electoral como eje rector de la apertura del sistema político. Tal como lo han señalado Woldenberg, la transición fue un cambio político gradual, negociado y centrado esencialmente en las reglas del juego político, y una respuesta a la demanda de los ciudadanos por la vía pacífica a través de las elecciones.

Entiéndase por sistema electoral el mecanismo que traslada los votos de los ciudadanos en espacios en los órganos de gobierno. Lo hace a través de varios elementos que permiten la materialización de las preferencias políticas de los ciudadanos en sufragios, mismos que reflejan la fuerza política de los partidos políticos.

Las elecciones en México han funcionado como un mecanismo básico en la construcción de legitimidad, fundamentalmente ante los ojos de actores externos, quienes estaban pendientes de la existencia de estructuras democráticas formales. Ante las exigencias de mayor apertura, se utilizó al sistema electoral como un mecanismo que permitió la entrada de actores distintos a los tradicionales a los órganos de discusión, pero limitando su capacidad de decisión.

Eventos como la represión del movimiento estudiantil de 1968, el jueves de corpus de 1971, cuando decenas de estudiantes fueron masacrados, la crisis económica de 1976, y el triunfo en este mismo año de José López Portillo como candidato único a la Presidencia de la República, detonaron la primera gran reforma político electoral de 1977, con el liderazgo de Jesús Reyes Heroles.

Esta reforma inicia el proceso de liberalización política, al promover la participación política ante la crisis de representatividad y la falta de credibilidad de las elecciones, pero sin una intención de romper con el sistema hegemónico, sino más bien, incorporando a grupos de izquierda y derecha. La misma reforma define a los partidos políticos como “entidades de interés público”, se asignan funciones a la Comisión Federal Electoral que antes estaban en las manos del Secretario de Gobernación y se modifica la integración de la Cámara de diputados a fin de dar mayor representación a los partidos minoritarios, al permitir hasta 100 diputados plurinominales.

Adicionalmente, y sin tocar el proceso de decisión política, se incluyeron a grupos organizados en partidos políticos de varios tipos, al mismo tiempo que se fortalecieron a los partidos que habían sido creados como parte del proceso de legitimación, pero cuya presencia no cuestionaba las formas de control existente. El cambio en el tamaño del órgano legislativo y los principios y mecanismos de elección, permitieron la inclusión de manera gradual de dichos grupos, pero con capacidades limitadas en la decisión final. Las leyes electorales de 1977 y 1986 fueron fundamentales en ello, pero los cálculos sobre los impactos de éstas en la apertura resultaron muy cortos con respecto a lo que ocurrió después.

La crisis económica ocurrida de 1982 y el terremoto de 1985, que evidenció las limitaciones del gobierno en contraste con la reacción de la sociedad civil, dieron pauta para la reforma de 1986.  Además de la apertura derivada de la reforma de 1977, la de 1986 formalizó la base del sistema electoral como lo conocemos ahora, con un órgano central encargado de la organización de las elecciones, con representantes de partidos políticos y reglas para el desarrollo del proceso electoral, además del incremento de los diputados de representación proporcional de 100 a 200.

En ese contexto se dio la elección de 1988: las elecciones más competidas y controvertidas en la historia moderna del país, las cuales, si bien no implicaron la discontinuidad del PRI en la Presidencia, evidenciaron con fuerza la falta de credibilidad en las elecciones. Sólo un año después, en 1989, se da el triunfo histórico del PAN en las elecciones para gobernador de Baja California. Tales eventos impulsaron un reordenamiento del sistema electoral que se hizo patente con el Código Electoral (COFIPE) de 1990, donde se corrigieron los aspectos que profundizaron el cuestionamiento de la elección de 1988, garantizando el acceso a las casillas y limitando el número de electores a 750, además de que inició un modelo de profesionalización de la actividad electoral.

Las reformas de 1993, 1994 y 1996, buscaron instrumentar un nuevo modelo de financiamiento a partidos y campañas que fortalecieron la inversión pública sobre la privada, generando condiciones de mayor equidad en el acceso a recursos a través de los topes de gastos de campaña. Adicionalmente, se vinculó al financiamiento un modelo de comunicación basado en el acceso a medios de manera equitativa, estableciendo tiempos para la publicidad gubernamental en las campañas electorales. La reforma de 1996 también creó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fuera de la influencia del ejecutivo.

En 2002, se introdujeron cuotas de género para el legislativo, que se consolidaron con la paridad en la reforma de 2014 en varios órdenes de gobierno. En 2003, la reforma permitió establecer condiciones más rígidas para el acceso de nuevos partidos al incrementar requisitos. En 2005, se plantearon nuevos mecanismos para hacer posible el voto desde el extranjero, además de especificar procesos de organización electoral.

A la luz de la controvertida elección presidencial de 2006, en 2007 se modificó el modelo de comunicación para profundizar la equidad en la contienda, al restringir el acceso a medios y asumir el control de los tiempos del Estado por parte de la autoridad electoral, pero generando vicios que aún no pueden erradicarse.

La última reforma que ha modificado las reglas de la competencia política ocurrió en 2014, reglas bajo las cuales se han realizado comicios federales y estatales desde 2015 y actualmente la contienda por la Presidencia de la República. De los cambios sustanciales destacan la reelección en varios cargos de elección popular, el principio de paridad de género en la integración de candidaturas y, en consecuencia, en los órganos de gobierno, así como la construcción de un modelo de administración electoral. Respecto a esto último, el IFE se convirtió en INE y con ello que se restaron atribuciones a los institutos electorales de los estados, como en el tema de fiscalización electoral, por citar solo un ejemplo, se diseñaron leyes generales de observación obligada para los llamados Organismo Públicos Electorales (OPLE) y se formalizó la rectoría electoral del Instituto Nacional Electoral, además de que se profundizó la centralización de los procesos electorales. Otra novedad importante de esta última reforma se refiere al de las candidaturas independientes, tanto en el ámbito federal como el estatal y municipal, con figuras relevantes que son hasta ahora, más bien casos excepcionales.

Reflexiones finales

Uno de los aspectos más relevantes del sistema de partidos mexicano es su propensión para cambiar las reglas que regulan la competencia electoral, así como la integración de los órganos de gobierno. Más allá de los aspectos técnicos y jurídicos, el sistema electoral fue y sigue siendo un espacio de negociación política, que ha permitido avanzar a elecciones cada vez más competidas y libres, aunque no siempre de forma lineal ni en un mismo sentido. Sin duda, las demandas de una ciudadanía cada vez más compleja, ha sido fundamental para que muchos de esos cambios tuvieran lugar. Como en otras elecciones, es de prever que las elecciones presidenciales de 2018 darán lugar a nuevos cambios en nuestro abigarrado sistema electoral. La diferencia con otros momentos de cambio en el sistema electoral es que ahora, en una época donde la información fluye más rápido y es más accesible como nunca a la gente, podría dar pauta a cambios de enorme calado que alteren la forma de hacer política en nuestro país.

*Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford y Licenciada en Ciencia Políticas y Relaciones Internacionales, por el Centro de Investigación y Docencia Económicas.

 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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