La revisión fragmentada de la reforma legal en materia electoral recién aprobada prepara terreno para una opinión desinformada de la propuesta. En este momento concreto de la vida nacional, lo antes dicho adquiere todavía más importancia pues, al igual que la reforma constitucional, la legal desde ya ha empezado a ser objeto de una amplia embestida por parte de la oposición al presidente.
Esta reforma hace enmiendas a seis leyes, entre ellas la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley General de Partidos Políticos. Estos ordenamientos desarrollan lo establecido en la Constitución Política respecto al sistema electoral y de partidos, así como en el tema de la justicia electoral.
La iniciativa que presenta el Ejecutivo se puede organizar en torno a tres objetivos centrales: 1) acotar la burocracia electoral según el principio de austeridad y hacer más eficiente la operación del proceso electoral; 2) garantizar la representación de minorías, grupos vulnerables, así como seguir consolidando la paridad de género; y 3) actualizar el sistema de medios de impugnación y garantizar el juicio en línea, así como la supresión de dos Salas Regionales y la Sala Regional Especializada cuyas funciones serían retomadas por la Sala Superior del TEPJF.
Es de esperar que las críticas a la propuesta legal en materia electoral se concentren en el primer objetivo, en virtud de que toda pretensión de modificar la estructura del órgano electoral en su dimensión administrativa-burocrática, desde el planteamiento de reforma constitucional, ha sido atacado bajo la bandera del #ElINEnosetoca.
Lo cierto es que, en este eje temático, sin tocar la Constitución queda un espacio reducido para modificar sustancialmente al órgano electoral nacional y a los OPLE. Como se aprecia en la iniciativa, se conserva el método de nombramiento vigente de las y los consejeros electorales nacionales, a través del Comité Técnico y se conserva su número de once integrantes del Consejo General del INE.
De los elementos que si se modifican en este eje temático destaca la prohibición para el INE de destinar ahorros, economías o remanentes a la constitución u operación de fideicomisos. Las retribuciones de las y los consejeros, así como titulares de Direcciones Ejecutivas quedarán sujetas al límite establecido en el artículo 127 constitucional que considera como referente la remuneración que recibe el presidente de la República.
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Otras modificaciones relevantes son la fusión permanente de ciertas Comisiones del Consejo General, la fusión de Direcciones Ejecutivas, la sustitución de la Junta General Ejecutiva por una Comisión de Administración integrada por cinco personas consejeras, titulares de direcciones, Secretaría Ejecutiva y la o el presidente del INE.
El Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) se conserva en sus términos, pero la Dirección Ejecutiva del SPEN se compacta junto con la Dirección Ejecutiva de Administración. Sobresale la propuesta de que haya solo 260 juntas distritales y se aumente a 300 en elecciones presidenciales, y de que dejen de ser órganos permanentes para ser temporales. Destaca porque esta modificación ha sido utilizada para señalar que la reforma termina con la profesionalización de los órganos electorales desconcentrados. Lo cierto, sin embargo, es que hay elementos prácticos para sostener que esta medida no afecta la operación ni la organización de las elecciones y si se generan ahorros sustanciales. No olvidemos que en diversas democracias la institución electoral es de carácter temporal sin que ello suponga un peligro para la organización electoral.
Ante esta serie de modificaciones hay al menos dos preguntas relevantes. La primera, si su aprobación significa dinamitar al sistema electoral, la segunda, si estos cambios se traducen en una operación más eficiente de los entes electorales. Sobre la primera pregunta queda claro que no, sobre la segunda, un debate de altura en el Congreso de la Unión podría mover a los órganos electorales a ser más austeros y eficientes en el ejercicio de sus funciones.
Contacto:
Maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford y Licenciada en Ciencia Políticas y Relaciones Internacionales, por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Twitter: @palmiratapia
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