Fitch Ratings emitió un comentario de análisis donde afirma que los préstamos al sector gobierno (estados y municipios) representan riesgos para el sistema financiero, pues es posible que este tipo de financiamiento se concentre en el mediano plazo en menos instituciones.
“(La concentración) Podría generar un riesgo de liquidez y político mayor entre algunas instituciones financieras”, expone la calificadora.
Ante la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (que entró en vigencia en abril de 2016); el crecimiento en el otorgamiento de créditos a gobiernos ha disminuido rápidamente desde su máximo de 25% en 2014 hasta un 1% en septiembre de 2017 en relación con el crecimiento crediticio general de 9.8%.
Fitch explica que, como resultado de la ley, los estados y municipios, que históricamente han representado la mayoría de los préstamos gubernamentales totales (aproximadamente el 57%), han restringido su demanda de crédito, mientras que la ley también los obliga a contratar préstamos en mejores condiciones.
La Ley de Disciplina Financiera establece reglas prudenciales para el financiamiento por parte de las entidades del gobierno al tiempo que limita el endeudamiento y promueve una transparencia y responsabilidad mayores. Las sanciones son obligatorias por el no cumplimiento con la legislación.
La calificadora advierte que la introducción del límite de la deuda, monitoreado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), podría tener un marcado efecto en el crecimiento del crédito en el sector ya que solo aquellos estados y municipios con niveles menores de endeudamiento han estado adquiriendo créditos y aquellos con un endeudamiento mayor podrían verse obligados a dejar de tomarlos.
“BBVA Bancomer y Banorte representan aproximadamente 32.3% del total de préstamos del gobierno. Banco Interacciones es otro actor importante con 9.7% en agosto de 2017, mientras que Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), el banco de desarrollo más grande, también es un competidor importante en el segmento (29.1%) especialmente en aquellos estados y municipios generalmente no atendidos por bancos comerciales”, detalla el comentario de la analista Bertha Pérez.
Al 31 de agosto de 2017, la SHCP bajo su sistema de alertas, otorgó una advertencia amarilla a 9 entidades (lo que significa que su capacidad de endeudamiento se ha limitado) incluyendo Coahuila, Chihuahua, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora y Veracruz.El riesgo de prestar al gobierno
La principal ventaja de los préstamos al sector gobierno es que no tienden a presentar morosidad, pues están garantizados por transferencias federales, como resultado, la creación de reservas para este tipo de créditos es baja; sin embargo, el financiamiento al sector sí impacta la liquidez y se ve vulnerable a riesgos políticos.
“Los préstamos al sector gobierno generalmente tienen vencimientos de 5 años o más y requieren financiamiento a largo plazo para evitar desajustes de plazos en los balances bancarios. Los problemas con la capacidad de pago de los deudores también podrían conducir a la reestructuración de préstamos, como ha sucedido en el pasado en algunos casos específicos. El riesgo político y de evento que conduce a tales reestructuraciones también es una consideración. Las próximas elecciones federales y locales en julio de 2018 podrían tener también un impacto en el crecimiento de los préstamos”.
En particular, Banorte e Interacciones anunciaron una fusión el 25 de octubre de 2017, lo que significaría que más del 26% de los préstamos en el segmento se concentrarán en solo dos bancos. Como resultado del anuncio de fusión, Fitch colocó al Grupo Financiero Banorte en Observación Negativa, ya que, en apreciación de la agencia, la fusión llevaría a un aumento sustancial en los volúmenes de préstamos del sector público con un potencial efecto ligeramente negativo en la calidad de los activos.
