De los 400,000 funcionarios federales que presentaron su declaración patrimonial y de conflicto de intereses en el periodo de 2013 y hasta 2017, la mayoría de ellos no integraron datos de ingresos y si lo hicieron presentaron inconsistencias.

Luego de elaborar un ejercicio para integrar, procesar y comprar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, la organización civil Data Cívica, concluyó que la información que se presenta en el portal Declaranet, a cargo de la Secretaría de la Función Pública, es inconsistente y poco eficiente al momento de consultarla debido a los formatos en los que se presenta.

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“Sólo 15% de las declaraciones hechas en 2017 los funcionaros decidieron hacer pública su declaración patrimonial. Esto significa que hasta antes de las modificaciones en 2017 era una prerrogativa de los funcionarios optar por omitir su declaración patrimonial, 12% decidió publicar parcialmente”, apuntó Carolina Torreblanca, directora de datos de Data Cívica.

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La iniciativa surgió luego de que esta organización civil solicitó a la SFP todos los datos de las declaraciones en formato abierto, pero la dependencia apuntó que no contaba con esa base de datos y que generarla costaría aproximadamente 1.56 millones de pesos.

En respuesta, los integrantes de Data Cívica construyeron una base de datos abierta con las declaraciones patrimoniales con un presupuesto de que no alcanzó un tercio de los recursos que la SFP dijo que le constaría y en un lapso de cuatro meses, detalló Torreblanca.

Para la elaboración de esta base de datos fue necesario descargar más de 2.6 millones de declaraciones de 400,000 funcionarios de más de 2,000 dependencias.

Durante el proceso de vaciado y procesamiento de los datos se identificaron un gran número de errores en la integración de la información, como funcionarios que declaraban ganar un peso u otros con cargos menores que señalaron ingresos de 156 millones de pesos e incluso espacios en los que por nombre se ponía frases como “AAAAAA”.

“Declaranet prometía ser una herramienta para transparentar los ingresos de los funcionarios con información muy relevante, en la práctica no se puede consultar, comparar, contrastar y que no podemos estar seguros de que sea verídica”.

María Grisel Salazar, integrante del centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), calificó estas inconsistencias como “transparencia opaca”.

“Existe el dato pero no se puede utilizar,accionar y aprovechar. Existe la información pero no hay un manejo. Esa transparencia opaca nos sume en un fenómeno del cuál es difícil salir si no es por esfuerzos como este”, explicó la académica.

La información procesada por Data Cívica fue integrada en la plataforma 1560000.org, que además de integrar de forma accesible y “accionable” esta información, busca “mostrar” a las autoridades federales la forma en que debería de integrarse dichos formatos que buscan transparentar la información de los funcionarios.

 

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