Los integrantes del Senado arrancan este sábado el Periodo Ordinario de sesiones del segundo año en el Senado de la República y entre sus principales metas está analizar, discutir y aprobar la iniciativa que, entre otras medidas, califica a las personas que evadan al fisco y las empresas fantasma como parte de la delincuencia organizada.

Algunos grupos advierten que dicha iniciativa, empujada por la bancada del partido mayoritario, Morena, daría pie a abusos y a una aplicación con criterios políticos.

La propuesta está integrada por tres iniciativas de grupos parlamentarios diferentes, y tiene por objetivo inicial reformar diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional y el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal.

El dictamen, al que Forbes México tuvo acceso, apunta que serán considerados miembros de la delincuencia organizada a quienes, con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal.

En este mismo rubro entrarían las personas que consignen en las declaraciones que presenten para efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o valor de actos o actividades menores a los realmente obtenidos o realizados o determinados conforme a las leyes.

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La defraudación fiscal equiparada también incluye aquellas personas físicas que perciban ingresos acumulables, cuando realice en un ejercicio fiscal erogaciones superiores a los ingresos declarados en el propio ejercicio y no compruebe a la autoridad fiscal el origen de la discrepancia en los plazos, situación que también será castigada en ese orden.

Además, se establece que se impondrán sanciones de tres a seis años de prisión a quienes alteren o destruyan los aparatos de control, sellos o marcas oficiales colocados con fines fiscales o impida que se logre el propósito para el que fueron colocados, las máquinas registradoras de operación de caja en las oficinas recaudadoras o a quienes adquieran comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

La propuesta también apunta a que habría prisión preventiva oficiosa a quien enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder por cualquier título mercancía extranjera que no sea para su uso personal, sin la documentación que compruebe su legal estancia en el país, o sin el permiso previo de la autoridad federal competente, así como para quien introduzca al país o extraiga mercancías omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensatorias que deban cubrirse.

El documento señala que un imputado podría acceder al “criterio de oportunidad” en caso de que aporte información fidedigna que coadyuve para la investigación y persecución del beneficiario final del mismo delito, tomando en consideración que será este último quien estará obligado a reparar el daño.

Se impondrá sanción de cinco a ocho años de prisión al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Organismos como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador empresarial (CCE), han advertido que estás medidas podrían ser excesivas a incluso ser utilizadas con fines políticos.

 

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