Estos días ha habido un intenso debate sobre las nuevas reglas para los operadores de plataformas como Uber, Didi, Cabify y Beat que impone el gobierno de la Ciudad de México. Ante ello, vale la pena revisar la situación con mayor nivel de detalle desde varias dimensiones.

¿Qué problema están tratando de resolver?

De acuerdo con la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, las reformas a las disposiciones del reglamento de la Ley de Movilidad forman parte del derecho a la movilidad. En teoría,

En la práctica, buscan lograrlo a partir de la imposición de disposiciones que incrementan las fricciones de operación para las plataformas, como la creación de una licencia para conductores de servicios de aplicación, acreditar las pruebas de capacitación, la revisión físico-mecánica (o revista) del vehículo, la obtención y el pago de una constancia de registro —alrededor de 1,900 pesos—, la presentación de una factura de origen del vehículo por al menos 250 mil pesos y que éste no exceda los 10 años de antigüedad. Además, les impone la prohibición de recepción de pagos en efectivo.

El reglamento cumple con el mandato de la Suprema Corte de 2017 de que el servicio de las plataformas es diferente al que proveen los taxis, y se puede regular de forma distinta, siempre y cuando el trato sea “razonable”, lo cual seguramente será debatido en tribunales. Sin embargo, no cumple con la anulación de la prohibición para el pago en efectivo para plataformas de transporte por internet de octubre de 2018. Esto hace pensar que la reglamentación tendrá modificaciones.

El contexto de esta nueva reglamentación

Vale la pena destacar que el tema se comenzó a mover en febrero de 2019, cuando se organizaron una serie de protestas de grupos de taxistas —algunos más radicales que otros— en el Zócalo. A partir de mítines y presiones, las autoridades ofrecieron revisar los servicios con los que trabajan las plataformas, mientras los taxistas prometieron compromiso con las autoridades. Igualmente emplazaron a más paros en mayo y junio.

En el entretiempo, se terminó de digitalizar la tramitología para que buena parte del proceso de registro se haga digitalmente, mientras que la revisión se haga vía los Centros de Verificación, otrora percibidos como lugares donde suceden prácticas de corrupción.

Finalmente, en abril, se presentaron los nuevos lineamientos. A partir de esto, destaca:

  • La gran desconexión entre los objetivos con los que se presentó la reforma y las disposiciones en sí. Particularmente, que las adecuaciones estén totalmente cargadas a los conductores de las plataformas y no hay exigencias nuevas relevantes a los taxistas.
  • Que la reforma al reglamento se dé en el contexto de las reuniones entre representantes de taxistas movilizados, sin haber dedicado la misma atención a los representantes de las plataformas.

Los taxistas en su conjunto están actuando como un ente político y la reglamentación transmite el interés de quedar bien con ellos, así como la premisa de que los taxis cumplen íntegramente el reglamento y que el servicio está muy bien.

En el marco actual de los taxis, destacan los altos pagos que deben erogar los taxistas (cromática, licencia de conducir, paso de revista y ciertos impuestos municipales y federales —en este análisis se omitirán los taxis de aeropuerto—), lo que hace que contar con y mantener una placa de taxi es muy caro, en comparación con las utilidades reales. Históricamente, la verificación de trámites no fue suficiente para evitar taxis piratas, taxis sin pintar, facias amarradas, intercambio de identidades o letreros de ‘en trámite’.

Por otro lado, ellos también son sometidos a pruebas de manejo y capacitación. Igualmente, las pruebas no empujaron a una monitorización constante de los conductores, a efecto de ofrecer un servicio más homogéneo, donde el cliente estuviera primero que el conductor, donde no se negara el servicio, donde no se tuviera que negociar el precio, entre otros.

En síntesis, los lineamientos muestran que, el problema que están tratando de resolver es ejercer más control sobre las plataformas, fortaleciendo la estructura gubernamental y los grupos clientelares, por sobre otras declaraciones que han realizado. Lo decepcionante de esto es que, mientras que cuestionar parte de los modelos de negocios de las plataformas es saludable y legítimo, obstaculizar la actividad económica en nombre de modelos dinosáuricos, no lo es.

Los argumentos de los taxistas

De forma general, las exigencias de los taxistas pasan por los siguientes puntos —de los cuales, hay que distinguir cuáles son directamente resultado de la entrada de las plataformas—:

  1. Que ya no se les permita seguir ofreciendo el servicio a autos particulares “sin concesión”
  2. Que se sujeten al marco regulatorio actual y/o que las autoridades hagan estudios para saber cuántos autos realmente se necesitan
  3. Que tengan acceso a los derechos laborales
  4. Que aumenten las tarifas, ya que se ha perdido poder adquisitivo
  5. Que terminen los operativos por parte de las autoridades

De forma muy breve, la primera exigencia pudiera tener que ver con las plataformas, la segundo sí las atañe; en la tercera, ambas partes están en circunstancias similares —sin protección social—; en la cuarta, la vinculación es parcial —ya que influye en mayor medida el ritmo de subida de las tarifas y la creciente inflación, comenzando por el precio de la gasolina—, mientras que la quinta depende directamente de las autoridades.

Al ser cuestionados de que esas leyes fueron hechas antes de que aparecieran las tecnologías que permiten la existencia de las plataformas, los grupos principalmente argumentan que las plataformas no pagan los mismos impuestos, que el gobierno no sabe qué unidades están prestando el servicio y que son inseguras —las primeras dos, las mismas directrices que las esbozadas en la reforma al reglamento.

En un punto que tienen razón, se quejan de la campaña que han hecho las plataformas contra su servicio. Sin embargo, las principales razones por las que los usuarios gustaron de las plataformas fue la conveniencia: disponibilidad, auto en mejores condiciones generales, cargo con tarjeta, ofrecimiento de beneficios adicionales, posibilidad de regresar objetos perdidos, no necesidad de negociación verbal de tarifa, entre otras.

Al preguntárseles de por qué los deben usar, principalmente argumentan que es porque cumplen con su reglamentación, porque le han dedicado tiempo a capacitarse y porque son seguros. A este respecto, en un mundo de movilidad hiperconectada, extraña que no hayan emprendido esfuerzos para aceptar pago con tarjeta, instalar sistemas de GPS y colaborar con la ciudad para mejorar el tráfico general y estar compitiendo con un paradigma de limitación por escasez.

En la segunda parte de este texto, explicaré cómo pueden replantearse la regulación y enmendar su error, a efecto de que todas las partes sigan ganando.

 

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