La industria maquiladora mexicana, gracias a esa agridulce vecindad con Estados Unidos, logró colocarse como un elemento fundamental de nuestra economía, a tal nivel que incluso tuvimos que clasificarla como de primera, segunda y tercera generación, desde su surgimiento con el “Programa de Industrialización Fronteriza” en 1965, y hasta su declive en 2000, para el surgimiento del offshoring en Asia. 

Sin embargo, también necesitamos decir que ese éxito no puede entenderse sin hablar de uno de los pasajes más oscuros de nuestra historia empresarial: la sistemática violación de los derechos humanos de la fuerza laboral en las maquiladoras. 

El éxito de las maquiladoras no sólo obedeció a programas gubernamentales y a las inversiones; éste también estuvo vinculado a que buena parte de su personal estaba constituido por población migrante y, por ello, altamente vulnerable. Las autoridades y los empresarios nunca se preocuparon de que la insalubridad, la violencia, el tráfico de drogas, la trata de personas, los secuestros, las violaciones y los asesinatos terminaron siendo la constante en las fábricas y en las zonas en las que radicaban. 

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La industria maquiladora siempre cargará con la mancha de que, entre su personal, se encuentran muchas de las mujeres asesinadas en Ciudad Juarez (“las muertas de Juárez”) y, más recientemente, la de que, durante la pandemia de Covid-19, muchas empresas (la mayoría, estadounidenses), obligaron a sus trabajadores a regresar a laborar sin contar con las más elementales medidas de salud, ante la complacencia de nuestras autoridades. Lo repito: la corrupción empresarial no es una simple ficción.

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Hoy tenemos la oportunidad de corregir estos errores gracias a la necesidad del gobierno de los Estados Unidos de recuperar la continuidad de las cadenas productivas interrumpidas por la pandemia y por su confrontación con China. El nearshoring está trayendo a México empresas que se están asentando más allá de las históricas Nuevo Laredo, Tijuana, Ciudad Juárez, Matamoros y Reynosa; también están llegando a otros sitios de Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, la Ciudad de México y Baja California; y la alta dirección necesita saber lo que ocurrió con sus antecesores, para evitar cometer los mismos errores. Ojalá esta nueva generación de empresarios y funcionarios públicos opten por implementar, al interior de sus organizaciones y dependencias, políticas laborales que garanticen la observancia plena de los derechos humanos contempladas en el Capítulo 23 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y las relativas al combate a la corrupción contenidas en el Capítulo 27. 

Ojalá los empresarios de la cuarta generación de la industria maquiladora no olviden las lecciones que nos dejaron sus antecesores y opten por un modelo de negocio ético, con un rostro humano. Se lo debemos a todos y todas los trabajadores y trabajadoras que desaparecieron a la sombra de las maquiladoras de nuestra frontera norte.

 

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