La renuncia del ministro Medina Mora, hace algunos días, ha abierto una discusión en torno a diversos aspectos que tienen que ver con el trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, muchos de los cuales habían ya sido superados en contexto discusión pública, pero también en el espacio académico, donde incluso resulta preocupante que siga predominando una perspectiva de la Corte que se había pensado añeja y ajena a la naturaleza de lo que una Corte constitucional moderna implica.

En la primera instancia, el presidente de la Corte, el ministro Zaldívar, reaccionó ante diversos comentarios sobre la renuncia referida, en el sentido de que la Corte no era un partido político, y que, por lo tanto, no podría involucrarse en discusiones sobre cercanía o lejanía y de grupos políticos incluyendo aquellas del presidente de la República. Es obvio que la corte no es un partido político, pero tampoco es un órgano que esté en una caja de cristal y que únicamente tenga que ver con posiciones estrictamente jurídicas, como lo manifestó Diego Valadés, otro exfuncionario y académico, en su momento.

De la misma forma, la discusión sobre independencia y autonomía judiciales ha partido del supuesto de la no intervención de otros actores en las decisiones desde los jueces, magistrados y ministros, pero no ha abarcado los procesos de construcción de decisiones, donde esa independencia se ve mermada no únicamente por eventuales presiones, sino por los valores, experiencias, condiciones, filias, fobias, etc., de los propios juzgadores, como se ha documentado ampliamente desde la academia. 

 La Corte es parte de un poder público y, por lo tanto, su naturaleza es política, aunque su trabajo se desarrolle en el contexto de la interpretación constitucional por un lado, y de la defensa de los derechos humanos por el otro. Además del trabajo que implica el control de la legalidad constitucional sobre el trabajo de los distintos órganos del poder judicial. En ese sentido, la elaboración de decisiones en la Corte, hacen que se involucre en discusiones que tienen que ver con posturas diversas, mismas que la corte resuelve en el contexto de sus atribuciones, que es lo que ha hecho a lo largo de los últimos años en el contexto de una discusión que se va haciendo cada vez más democrática.

Sin embargo, negar la naturaleza política de la corte, implica también negar su condición de órgano constitucional, en el contexto de la democracia contemporánea, pues desde la designación de sus integrantes, pasando por los procesos de resolución y hasta las decisiones que toma al final de cada proceso judicial, la Corte encuentra un espacio en la discusión pública y sus resoluciones son fundamentales para construir los mecanismos de institucionalidad democrática que el país requiere, como se ha demostrado en los últimos años.

Negar la condición de contrapeso del poder judicial en general, y de la Corte en particular, es desconocer de tajo las perspectivas sobre división de poderes que fundamentan la estructura política en México, así como regresar a una idea anquilosada sobre el judicial, donde únicamente es un espacio de legalidad y no uno donde se expresan como en ningún otro lugar, las dinámicas sociales que, por su naturaleza, implican conflicto y que sustentan el cambio social, además de la pugna minorías vs. mayorías, que se resuelve precisamente ahí. 

No son claras las razones de la renuncia de Medina Mora, por lo que el proceso de designación de quien le sustituya está viciado de origen, dañando así la imagen de la Corte. Pero, más allá de eso, tratar de ubicar a la Corte en un espacio ajeno a la política es más riesgoso puesto que no se reconocen las áreas de vulnerabilidad que se pueden abrir, además de que, en efecto, pondría a la Corte en una posición secundaria con respecto a los otros dos poderes y otros actores que quisieran verla rebajada, a un mero espacio de interpretación de la legalidad y no de definición de los contenidos de las decisiones del resto de los entes públicos.

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LinkedIn: Gustavo Lopez Montiel

*El autor es Doctor en Ciencia Política por The New School for Social Research (New York) y profesor de Ciencia Política en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, región Ciudad de México.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

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