El 23 de junio, el presidente Enrique Peña Nieto anunció el veto a la Ley Anticorrupción o conocida como Ley 3de3 para que ésta sea devuelta al Senado en un periodo extraordinario.

Hogan Lovells consideró que dos puntos que deben incluirse dentro de la legislación son la creación de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción para investigar posibles casos a sancionar y la posibilidad de realizar auditorías “en tiempo real” por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

La consultora señaló que los cambios legislativos sería un avance en el combate a la corrupción, pero es muy factible que la iniciativa planteada por organizaciones civiles no habría sido satisfecha íntegramente.

“Por ejemplo, en relación con la obligación de dar publicidad plena a las declaraciones de los servidores públicos y de conformar un sistema de protección de denunciantes y testigos, entre otros aspectos”, señaló la firma en un comunicado.

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Agregó que será necesario conocer el resultado del veto presidencial y los ajustes correspondientes que se realicen por el Poder Legislativo.

Peña Nieto mandó a los senadores la revisión del artículo 32 y 29.

El artículo 29 de la ley establece que los funcionarios deberán presentar sus declaraciones patrimoniales, fiscales e intereses en versiones públicas, con protección de su información personal y privados en los esquemas determinados por el Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción.

Por su parte, el artículo 32 señala que cualquier persona física o moral que reciba y ejerza dinero público deberá presentar ambas declaraciones, además de las personas físicas que presten servicios o reciban recursos de las personas morales que ejerzan o reciban recursos públicos.

 

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