Por Santiago F. Arroyo S.*
En las últimas semanas hemos visto que en el Sector Energético mexicano, existe un endurecimiento de las políticas en la materia por parte del gobierno de México, en el sentido de dirigir el aprovechamiento energético de los consumidores mexicanos sobre los productos y servicios que alcancen a proveer las Empresas Productivas del Estado (CFE y PEMEX), favoreciendo legalmente a éstas, ya sea desde la Secretaría de Energía (SENER) o desde uno de los Órganos Reguladores más importantes que lo es la Comisión Reguladora de Energía (CRE), y también desde operadores del mercado como el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE); lo anterior pasando por encima de la iniciativa privada, e incluso, por encima de los propios consumidores, dado que la situación financiera de las Empresas Estatales es por demás desfavorable, sobre todo la de PEMEX que en su último reporte financiero relativo al primer trimestre de 2020, ha manifestado generar pérdidas por encima de los 500 MMDP, lo que implica tener procesos que deban trasladársele este déficit a sus productos y servicios, encareciéndolos en su entrega al público en general.
Así pues, vemos que las políticas que no sólo implican el favorecimiento de los monopolios naturales que tiene el mercado energético mexicano, sino también implican direccionar a los consumidores a tener una sola alternativa de aprovechamiento energético, que no solo es más cara, sino también al sacar el Gobierno mexicano de la ecuación de la cadena productiva energética nacional a la iniciativa privada, la cual ha demostrado crear oportunidades de generar competencia, eficiencia en sus procesos y finanzas, así como la propuesta de productos y servicios a precios competitivos y de alto valor desde la apertura del sector energético en el sexenio pasado.
Y que en esta vorágine estatista ha llevado a México a situarse como un país de alto riesgo para las inversiones, no sólo en el rubro de energía, sino en todos los aspectos de la economía nacional que implique cualquier clase de intervención de capital privado.
Sin embargo, esta lucha del gobierno por posicionar a la CFE y PEMEX como pilares de la economía nacional, como lo fueron en los años 1960s y 1980s; que se ha materializado no solo en la colocación del alfiles políticos en organismos eminentemente técnicos o de mercado, sino que ha llevado a las Empresas Estatales, sobre todo a la CFE a enfrentarse con la ciudadanía y con la Iniciativa Privada en los tribunales, tal como lo hemos visto en los famosos amparos contra el acuerdo del CENACE del 15 de mayo de 2020 y las Políticas de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, controversias judiciales que han sido planteadas tanto por inversionistas, permisionarios, organizaciones de la sociedad civil y particulares en calidad de consumidores con la finalidad de revertir los efectos restrictivos de estas medidas.
Siendo en el recuento de resultados una serie de derrotas para el gobierno en esta lucha contra sus propios gobernados que buscan, como toda sociedad aspiracional, adquirir productos y servicios de gran calidad, alto valor y a precios competitivos.
Ante estos escenarios tan contradictorios, y que de entrada, espantarían a cualquier inversionista; existen siempre oportunidades para el desarrollo de negocios, en los cuales hay grandes probabilidades de éxito y que, aunque no lo parezca, favorecerían a todos los integrantes del mercado, es decir, a los inversionistas, al gobierno y a los consumidores; ahora bien, se preguntarán: ¿Qué negocios del Sector Energético pueden resultar exitosos dentro del marco del gobierno, y la respuesta sería básicamente resumida en dos sencillos, pero a la vez complejos puntos:
- Generación Distribuida con Energías Limpias, y
- Almacenamiento de Petrolíferos.
Por regla general y antes de comenzar a exponer esas dos actividades reguladas por la CRE como potenciales áreas de oportunidad, debemos mencionar que ante los escenarios que plantean las nuevas políticas y líneas de acción con las que cuenta el gobierno dentro del Sector Energético, así como el contexto en donde siempre existe una enorme posibilidad de llegar a tribunales; las inversiones e iniciativa privada deberán considerar en sus estudios financieros y de planeación la integración de equipos que no sólo cubran las necesidades de compliance, sino también con una capacidad de afrontar retos judiciales, aunque es deseable llevar todo proceso de inversión con un bajo perfil, pero ante los nuevos paradigmas en la relación empresas-gobierno, todo puede suceder.
Claro, esto genera que se incrementen los riesgos y, por ende, los costos, pero sabiendo manejar desde el aspecto técnico los proyectos, la necesidad de un equipo legal va disminuyendo, lo que vuelve atractivos los prospectos de negocio energético, máxime si se enfocan en segmentos del Sector en dónde no se represente un obstáculo u oprobio a las Empresas Productivas del Estado y las áreas que, según la directriz y políticas del titular del ejecutivo son su prioridad o de su exclusividad; pero que coadyuven a paliar las debilidades de éstas.
En este sentido abrimos la primera de las actividades que se antojan atractivas, siendo esta la Generación Distribuida, pero, para los no iniciados explicamos brevemente qué esto; se trata de la generación de energía eléctrica o su almacenamiento en una escala pequeña y cercana al centro de consumo, la Ley de la Industria Eléctrica establece que se considerará así cuando la potencia sea igual o menor a 500 kW.
Generalmente esta energía es generada mediante el uso de mecanismos renovables como los paneles fotovoltaicos y las turbinas eólicas, pero también existe este modelo de generación con turbinas de ciclo combinado base a gas natural o con un “mix” de renovables y gas. Un claro ejemplo de lo anterior son los famosos “paneles solares” que instalan en los techos de casas, algunas industrias y comercios, pero trasladados a un nivel más alto de escala, por ejemplo, un condominio o conjunto residencial que se encuentre alimentado mediante energía solar pero bajo un esquema de red particular, es decir, estar exentos de pagar tarifas de transmisión o distribución a la CFE (aunque cuidado, no se está exento de interconectarse a la Red Nacional), lo que hace onerosos nuestros recibos de energía; así pues, la generación distribuida nos lleva a un esquema de energía gestionado por un particular, generalmente el inversionista y con la ventaja de ser más limpia, más eficiente, más económica y, obviamente con mayor transparencia en los recibos. Lo que trae consigo muchas ventajas.
Pero no todo es maravilloso, este modelo de generación bajo las Políticas de SENER; deberán atender a una serie de situaciones que, antes de que este compendio de regulación fuera publicado no existían; razón por la cual casi cualquier persona o emprendedor se convertía en un instalador de energías renovables, es decir, un aspecto favorable de estas políticas es que trajo consigo una obligación de profesionalizar un mercado que estaba actuando por completo en una anarquía, pero esta especialización conlleva un aumento de sus costos, sin embargo, adaptando los modelos de negocios puede lograrse eficientarlos.
Así pues, los nuevos elementos que se suman son la elaboración de estudios de confiabilidad, proyecciones financieras, análisis de viabilidad para interconexión a las redes generales, planos y verificaciones, equipos especializados e inteligentes de inversión y monitoreo de cargas, entre otras cosas más.
Lo que nos llevaría a pensar que la decisión de colocar “paneles solares” a nuestros negocios o domicilios, resultaría una mala idea por los enormes costos adicionales, pero realmente no, lo que nos lleva a ver más allá y pensar no solo en nuestro domicilio, ¿qué tal convertir a renovables toda mi cuadra?; distribuyendo los costos y, como se dijo líneas atrás, eficientar las inversiones para hacerlas rentables.
Máxime que la Generación Distribuida se trata de esquemas de inversión que han probado ser muy eficientes desde una perspectiva financiera, ya que desde 2007 hasta 2020, la capacidad instalada de Generación Distribuida ha pasado de los .003 MW hasta los actuales 233 MW, con una tendencia proyectada de crecimiento de la capacidad hasta en unos sorprendentes 2,800 MW; esto con datos provistos por la Comisión Reguladora de Energía. Siendo en términos generales un área de oportunidad importante para invertir por debajo del Mercado Eléctrico Mayorista.
Ahora, pasamos a la siguiente actividad que representa una oportunidad ante los escenarios adversos que plantea el contexto general del país y Gobierno, tocando el turno a los petrolíferos (gasolinas, diésel y demás combustibles derivados del petróleo), específicamente a la actividad regulada del Almacenamiento, representada en las grandes infraestructuras donde se almacenan estos productos y conocidas por muchos como TARs (Terminales de Almacenamiento y Reparto).
Se trata de un mercado con un potencial enorme para las grandes inversiones, ya que una TAR que tenga capacidad para almacenar aproximadamente 50 mil barriles de productos, oscila en inversiones cercanas a los 200 MDD; sin embargo, ha sido un segmento del sector de hidrocarburos que ha estado desierto desde la entrada en vigor de la Reforma Energética, debido a que tradicionalmente ha sido un área en la que PEMEX ha detentado exclusividad en el transcurso de los años, sin embargo, la brecha tecnológica es brutal puesto que la última TAR que desarrolló PEMEX fue en los años 1980s y desde ese entonces, no fue hasta 2017 cuando se conoció de una nueva inversión de almacenamiento a manos de un privado en el Estado de Guanajuato y operando a favor de una empresa norteamericana de productos petrolíferos.
Y muchos preguntarán ¿qué tanta expansión pudiera tener esta área de negocios en energía?, la respuesta es, bastante; tomando en consideración que según datos de la Agencia Internacional del Energía (IEA), coloca a México como el 10º lugar en importaciones de petrolíferos en el mundo, por debajo de países como Nueva Zelanda, Singapur y otros; así como ser el 2º importador de combustibles para los Estados Unidos de América, justo por debajo de Canadá con unos escasos miles de barriles diarios de diferencia; logrando este posicionamiento en el mercado mundial de petrolíferos gracias a ser vecino del mayor productor de combustibles del mundo, lo que nos provee un lugar estratégico contra cualquier otro país del orbe, dado que también según información de la IEA en los Estados Unidos de América comercializa al exterior los combustibles petrolíferos más baratos del mundo desde una perspectiva del mercado y sin subsidios gubernamentales, como era el caso venezolano.
En suma, tenemos que la tendencia de la demanda de productos petrolíferos fue al alza, comparándolo con años anteriores y sin considerar los datos de 2020 que por la particularidad de la pandemia por COVID-19 y sus medidas de restricción a la movilidad, ha sido un año atípico para el mercado; sin embargo, se ha observado que de 2011 a 2019, se pasó de una demanda aproximada de 720,000 bd a una de 920,000 bd; lo que nos da un panorama de incremento de la demanda, a pesar del entorno de desaceleración que trae consigo el COVID-19.
A pesar de estas tendencias a la alza en demanda y consumo de combustibles, es curioso ver que no se ha ampliado la inversión de almacenamiento, considerando que según la información de SENER, el 97% del almacenamiento operativo es propiedad de PEMEX, lo que en diciembre de 2018 y los primeros meses de 2019 se observara un desabasto generalizado al momento de que el Gobierno de México decidiera paralizar el sistema de transporte por ductos que alimenta el 70% de las Terminales de Almacenamiento del país, con motivo de una estrategia para frenar el robo de combustibles, que únicamente logro evidenciar la debilidad del Sistema Nacional de Logística en petrolíferos, dejando como muestra que los cálculos de seguridad energética estaban muy por debajo de lo proyectado, es decir, nominalmente se reportaban hasta 7 días de seguridad de abasto, sin embargo, se mostró que este abasto era de horas por la enorme demanda y escaso almacenamiento.
Situación que también evidenció la pandemia por COVID-19, donde la caída demanda mostró que los almacenamientos de petrolíferos se encontraban a tope, causado por un estrepitoso descenso de las ventas de combustibles hasta del 70%; haciendo que los compromisos contractuales de PEMEX y otros importadores se vieran vulnerados al tener que modificar los contratos de transporte marítimo por almacenamiento, debido a que los buques mercantes no podían descargar el producto a causa de que las Terminales se encontraban al máximo de su capacidad operativa.
Igualmente la SENER, en diciembre de 2019 flexibilizó las Políticas de Almacenamiento Mínimo, haciendo descender los días de almacenamiento operativo de 10 a 5 en el caso de gasolinas y diésel, así como de 5 a 3 para el caso de turbosina; esto como consecuencia de lo visto a inicios de ese mismo año con el escenario del desabasto auto infligido. También es imposible pasar por alto que, a partir del 1 de julio de 2020 dará inicio a la entrada en vigor de las nuevas condicionantes normativas y regulatorias de las Políticas de Almacenamiento Mínimo, debiendo las empresas importadoras, comercializadoras y distribuidoras de petrolíferos contar con una capacidad de guarda de producto, ya sea propia o contractual mediante el uso de tickets de almacenamiento, que hacen a su vez un tipo de título cambiario en un mercado secundario al de las gasolinas.
Sin embargo, ante este escenario la CRE debió establecer un control tarifario para privilegiar la competencia y proteger al consumidor de practicas monopólicas nocivas y que llevaran a los petrolíferos a un incremento de precios causado por los costos de almacenamiento, pero a la fecha, el órgano regulador ha sido omiso; provocando que se observen irregularidades como que PEMEX imponga sus propias condiciones contractuales de almacenamiento, sin un control tarifario.
Circunstancias que al contextualizarlas, brindan un panorama de un potencial de crecimiento y retorno de inversión interesante para la iniciativa privada, máxime que este mismo escenario, sobre todo el correspondiente al del Acceso Abierto (que entraña una obligación del almacenista de conservar un porcentaje de capacidad de almacenamiento para uso común entre permisionarios a cambio de una contraprestación señalada por la CRE), lo cual le brinda una ventaja a PEMEX quien, al contar con problemas financieros para desarrollar infraestructura, plantea escenarios favorables para aplicar recursos en este rubro de logística.
También es imposible pasar por alto el hecho de que los importadores y comercializadores privados de petrolíferos, paulatinamente han ganado terreno en la competencia de los combustibles, siendo que de 2017 a la fecha, las importaciones de petrolíferos han pasado de un escueto 7% a un ya significativo 30%, siendo que la gran mayoría de estas empresas importan desde los Estados Unidos y casi todas carecen de almacenamiento propio o arrendado, debiendo que llevar a cabo cadenas de suministro sumamente complejas y que provocan externalidades que deban trasladarse al consumidor, caso contrario a que si tuvieran acceso al almacenamiento privado y gestionado con eficiencia.
No olvidemos mencionar que, ante el contexto global de México respecto a la economía, finanzas y la relación se su Gobierno Federal con la iniciativa privada, los Gobiernos de los Estados han visto en estos rubros de energía un potencial para la atracción de Inversión Extranjera Directa, que es una de las que más ha impulsado las economías regionales; todo esto acompañado desde agresivas campañas que difundan las ventajas de los Estados, calificaciones crediticias positivas como el caso de Jalisco y el desarrollo de complejos esquemas de mejora regulatoria o creación de dependencias que coadyuven a la iniciativa privada como un elemento aliado en la gestión de proyectos de infraestructura energética, como es el caso de Puebla con su Agencia de Energía.
Lo que en resumen hace que estas dos actividades energéticas sean un área de oportunidad que se pueda explotar en el marco del desarrollo de la “soberanía energética” del Gobierno de México, pero sin los riesgos inherentes y con los que cargan el resto de los segmentos de esta importante industria.
Santiago F. Arroyo S., Director General de la Consultora Ursus Energy.*
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