La Huacana es un ligar difícil y riesgoso para las autoridades. En julio de 2009, sicarios de Servando Gómez, “La Tuta”, asesinaron a 12 agentes de la Policía Federal (PF). Fue una operación planeada, que contó con la participación de decenas de integrantes de la Familia Michoacana, quienes realizaron ataques simultáneos en diversas bases policiales, para dejar desprotegidos a los federales que realizaban labores de investigación en Arteaga y en otras zonas de Michoacán.

Cuando las áreas de inteligencia de la PF se percataron de lo que en realidad estaba ocurriendo, ya era tarde. Los cadáveres de los oficiales fueron arrojados en la orilla de la carretera de Lázaro Cárdenas a Morelia, la Siglo XXI, justo en La Huacana.

En 2015 acudí, junto con otros colegas periodistas, al lugar donde se realizó un homenaje a los policías que murieron en el cumplimiento de su deber. La ceremonia, breve pero intensa, la encabezó el entonces comisionado Enrique Galindo. Días antes habían detenido a “La Tuta”, en uno de los golpes más contundentes al crimen organizado.

La carretera se encontraba bloqueada para permitir el aterrizaje de los helicópteros de la PF y para evitar cualquier sorpresa. La Familia Michoacana estaba acorralada y casi diezmada, pero otros grupos ya acechaban en el horizonte, uno de ellos, el Cartel de Jalisco Nueva Generación se convertiría en la organización más mortífera y poderosa en los siguientes años.

Para descabezar a la Familia Michoacana, la sociedad delictiva que controló los mercados ilegales en el estado, que inclusive estuvo en los despachos del poder, se tuvo que echar mano de las autodefensas, integradas por personas en su mayoría desesperadas, pero también, en algunos casos, infiltradas por delincuentes. Eran grupos, sobre todo de agricultores, cansados de las extorsiones y amenazas que sufrían de modo cotidiano.

Sin su ayuda, la información que llevó a la captura de los grandes jefes se habría demorado, pero en los acuerdos se sembró, al mismo tiempo, la posibilidad de su resurgimiento.

Hace unos días, en La Huacana, un grupo de militares terminó desarmado por los lugareños. Se vivieron momento de alta tensión, que revelan hasta dónde es explosiva la situación y los enormes riesgos que se están corriendo.

La lucha contra el crimen organizado no permite atajos. Los bandidos no van a renunciar a sus negocios y van a avanzar hasta donde la autoridad lo permita.

Sí, es un cuento de nunca acabar y más vale que se entienda, porque posponer el combate contra la delincuencia los alienta y fortalece.

Nunca se sabe cuándo es la población ofendida la que reta a la autoridad, o cuando ya son ellos, los que sumergieron a regiones enteras del país en las tinieblas.

 

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