En los 6 días que Acapulco lleva sin contar con transporte público, las afectaciones al comercio rebasan los 400 millones de pesos, dijo Alejandro Martínez, Presidente de Canaco Servytur Acapulco.

El líder empresarial expuso que el problema de las extorsiones y la impunidad en el destino turístico seguirá mientras no haya un trabajo por parte de la fiscal de estado, Sandra Valdovinos.

“Desde que llegó Sandra Valdovinos no hemos tenido contundencia ni resultados en las investigaciones contra los criminales, por eso hay tanta violencia en Guerrero, porque hay impunidad.

Matan a 10 y no detienen a un solo asesino. Extorsionan a 20, y no hay detenidos. Y esto va a seguir si no tenemos investigación contundente”, acusó.

Previamente: Transportistas extienden suspensión de servicio en Acapulco por violencia

Ante representantes de los medios de comunicación, Martínez Sidney narró que tras el paso del huracán “Otis”, fueron los empresarios quienes con sus propios recursos dieron la cara por Acapulco.

Tras ello, en diciembre había 4,500 habitaciones de hotel disponibles, así como 1,200 comercios listos para la reactivación del puerto, expuso.

Pero, completó, “cuando la economía de la ciudad empezó a tener viabilidad, despertó a los grupos criminales que empezaron a activarse y a presionar. Hemos tenido una serie de extorsiones a comerciantes y empresarios en la playa”.

Por tanto, el líder de los comerciantes en el puerto, hizo un llamado a la supervisión del trabajo de la fiscal Sandra Valdovinos.

“Yo le pediría a los Diputados de Guerrero, quienes supervisan el trabajo de la fiscal, que la citen a comparecer ya, para ver qué es lo que está pasando con los asesinatos en Guerrero y que no se están resolviendo… Es tiempo de revisar el trabajo de la fiscal, que los diputados y senadores de Guerrero nos den garantías y resultados para Acapulco”.

Alejandro Martínez reconoció que el problema de la extorsión está presente en todo el país, aunque insistió en que el puerto va saliendo de los estragos que ocasionó el huracán Otis, por lo que urge una fiscal que dé resultados.

Los transportistas en Acapulco han detenido sus operaciones tras el asesinato de uno de sus líderes y amenazas por parte de grupos que se dedican a la extorsión.

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