A lo largo de la historia de México, a medida que los gobiernos nacionales pueden tener el control del Congreso, también lo hacen de los gobiernos locales. Las débiles administraciones del siglo XIX dependían y eran siempre retadas por poderosos gobernadores armados. Eso cambió, en el Porfiriato, un dictador pudo someter y decidir sobre lo que sucedía a nivel local. Los gobiernos federales de la primera parte de este siglo tuvieron como principal reto controlar a los poderes estatales para pacificar (de ahí surgió en la Constitución, por cierto, la idea de la seguridad interior) y tratar de desarrollar políticas nacionales.

Eso se logró plenamente con Cárdenas y duró por varias décadas, hasta el fin del control priista del Congreso a finales de los años 90. Desde entonces, los gobernadores no solamente obtuvieron más recursos, sin necesidad de recaudarlos, sino que hicieron uso de un sistema que en la letra de la ley es claramente federal, pero que por los mecanismos de control político en realidad era centralista bajo el dominio priista.

Es verdad que ante los evidentes excesos varias leyes de carácter fiscal se han reformado en los últimos años para recentralizar facultades, pero en realidad no se han construido instituciones de gobierno eficaces, en particular de control, en el nivel subnacional. El federalismo en México es un péndulo que depende de qué tan autoritario es el gobierno nacional, pero sin instituciones locales mínimamente funcionales.

Es posible que todos los gobiernos locales en México funcionen mal. Con la excepción de algunas políticas del Gobierno de la Ciudad de México, que recauda más de la mitad de los recursos que gasta (los otros no recaudan más de 10%) prácticamente ninguna política innovadora ha surgido del ámbito local. Las entidades presentan irregularidades y problemas muy serios en el manejo de los fondos de educación, salud y seguridad del ramo 33.

No se diga de los recursos que ejercen por convenio, como los fondos metropolitanos o regionales, o de los que, sin mayor escrutinio sobre su pertinencia y capacidad de ejecución, asignan los diputados en los anexos del presupuesto. En medio de esto, están también las universidades estatales, de las cuales sabemos muy poco de la manera como ejercen los recursos públicos y mucho de sus excesos e irregularidades. Los estados reciben cada año un flujo de recursos que seguramente no es suficiente para atender las necesidades de su población, pero que al mismo tiempo no pueden ejercer con los mínimos estándares de transparencia y eficiencia.

Los estados son increíblemente creativos para simular las exigencias legales que tiene en materia de transparencia, fiscalización, registro y evaluación del gasto público. La implementación de la Ley General de Contabilidad, que nos tendría que llevar a presupuestos y cuentas públicas completamente comparables, simplemente no avanza. De presupuestos basados en evaluación y resultados ni hablamos.

En transparencia el avance puede ser mayor, debido a obligaciones que se derivan de una ley general, es decir una legislación nacional que es obligatoria para los gobiernos estatales. Donde el avance es cero en el tema de la fiscalización. Ni las contralorías locales sirven como mecanismos preventivos, ni las auditorías superiores para detectar las irregularidades. Basta con comparar las gravísimas fallas que encuentra la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el gasto que ejercen los estados, con las generalmente laxas auditoras de sus contra partes locales.

Las irregularidades cometidas por gobiernos como el de Javier Duarte son francamente inauditas y algunas de ellas fueron detectadas por la ASF, que dio vista a la PGR y que nunca actuó en consecuencia. A nivel local nunca se detectó nada, ahí todas las instituciones de control fallaron ante un desfalco tan evidente, como mayúsculo.

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Lo mínimo que nos toca es revisar cómo funcionan y cómo podemos hacer para que sirvan de algo las agencias locales de control. En el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, existen obligaciones de coordinación, que en el largo plazo podrían mejorar su funcionamiento. Pero la verdad es que tenemos que actuar con mayor urgencia y contundencia.

En mi carácter de diputado federal presenté una iniciativa para que los procedimientos de elección de los auditores superiores y sus obligaciones se determinen en la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, que es de carácter general. Podemos ir más lejos y tomar el modelo de designación de funcionarios y jueces electorales locales en el que la Corte y el INE participan en el proceso de designación.

Se podría, por ejemplo, que los auditores superiores locales fueran seleccionados de ternas establecidas por la ASF y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Los contralores locales, por otro lado, tendrían que ser auditores certificados por la SFP, que formen parte de un esquema de servicio civil y sean sujetos de evaluaciones permanentes. Es decir, si no establecemos controles, pues se van a seguir robando hasta las sillas.

 

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