El instrumento cru­cial de la política pública es el gasto. En efecto, si enten­demos al Estado como la agencia legítima de la sociedad para alcanzar el bien común y para resguardar el bien personal, el gasto manejado por los gobiernos es la forma de recapitular sus propósitos, de darle curso a los mandatos que recibieron en el marco de la ley y de hacer reales los planes y programas que presentaron.

En este sentido, la educación pública es la inversión que puede producir el retorno más grande y más ampliamente repartido de todos los esquemas de inversión pública, debido a que son las personas preparadas y capaces las que hacen realidad todas las demás riquezas tangibles; sin ellas, países con materias primas o gran infraestructura pueden tener tasas pequeñas y desiguales de crecimiento, mientras que países de poca riqueza extractiva pueden ser ejem­plos de crecimiento vigoroso y de reparto equilibrado, como pasa con Finlandia o Estonia, o que despegan de la limitación, como Polonia o Vietnam.

Por otro lado, los cambios en el entorno macroeconómico limitan la posibilidad de una expansión del gasto para 2017; en el ci­clo presupuestal de México, ésta es la etapa de los recortes. Es también la etapa del año en la que se movilizan grupos nacionales, sectoriales y locales para hacer efectivo su poder político y ser un factor de oposición hacia los cambios que modifiquen negati­vamente sus intereses.

En el Proyecto de Presupuesto de Egre­sos de la Federación (PPEF) 2017, se propo­nen 711,000 millones de pesos (mdp) para gasto educativo, lo que representa el 3.5% del PIB y casi el 15% del global del mismo PPEF 2017. Recordemos que, adicional a este gasto público federal previsto, para el gasto total hay que agregar lo que destinan a educación los estados de la República desde sus propios sistemas de finanzas, y todo ello sin contar el gasto privado y de las familias, que tampoco es desdeñable.

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Ahora bien, en el es­quema vigente, el grueso de los recursos federales (más del 80%) se va en sueldos y salarios, con responsabilidades de pago muy rígidas, así que la mayoría de los ajustes deben hacerse sobre la proporción restante. En términos reales, la propuesta que Hacienda manda a la Cámara de Diputados para el año venidero disminuye apenas en 4.8% con respecto de 2016, y hay que reconocerle al Gobierno Federal una voluntad de reduc­ción en costos de administración, pues la estructura operativa de la SEP llega con una propuesta de reducción del 15%.

Dicho esto, preocupa que, en el punto más alto de la transformación de la profe­sión docente, la formación continua de do­centes reciba un recorte del 34% respecto del año anterior; que los recursos para eva­luación de los aprendizajes ponga de nuevo en riesgo la implementación censal de PLANEA, que ya se pospuso el año pasado, con una reducción del 29.8%; que uno de los programas mejor evaluados, dedicado al fortalecimiento y a la inversión directa a las escuelas (llamado irónicamente “Programa de la Reforma Educativa”) tenga una re­ducción del 71.9%; que fondos destinados a Educación Inicial, por 500 mdp para 2016, sencillamente desaparezcan; que haya un recorte del 29% a becas de niños indígenas; que las Normales sí reciban, para el año próximo, 38% más de presupuesto, pero que las becas a los normalistas tengan una contracción del 29%; que el Programa para la Equidad e Inclusión sufra un decremen­to del 34.6%.

Se trata de al menos 6,824 mdp de recorte a tareas sustantivas. Con diversos aliados, insistiremos a los diputados y a Hacienda que se reconsideren estas disminuciones, y que, en lugar de ellas, se acabe de desterrar el pago a comisionados no educativos (que deberían dar sus servicios sin goce de sueldo), los desvíos generados por la nómina desordenada de los estados y las entregas de fondos al sindicato a cuenta de Comunicación o Formación, cuando ambas tareas son atribuciones de ley y responsabi­lidades del Gobierno Federal y los estados.

Es momento de sensatez, decisión y valentía: en medio de una transforma­ción educativa de metas ambiciosas, este instrumento de la política pública debe estar a la altura del reto. Los fines valiosos necesitan de medios proporcionados. La educación no se reforma sólo cambiando leyes y planes, sino con la implementación pulcra, oportuna y debidamente fondeada de dichas leyes y dichos planes.

Si queremos que algo pase en las aulas, no podemos dejar que se queden fuera del presupuesto. Como dice el adagio anglosa­jón: Put your money where your mouth is.

 

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