Paula Soto, diputada diputada de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género explica que a nivel local, se logró un cambio en la ley para que las mujeres embarazadas pudieran tener acompañamiento durante el parto, la medida abona al combate de la violencia obstétrica. Uno de los indicadores al respecto es que, en México, entre el 26 y 67% de los partos son vía cesárea , cuando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que estas cirugías se realicen sólo en entre el 10 y 15% de los partos.

Para el futuro, el gran reto, explica la diputada por Morena, es que la asignación del presupuesto se realice con perspectiva de género.

Entre los pendientes inmediatos del ambiente legislativo destaca que el fortalecimiento en la investigación de los asesinatos de mujeres, leyes contra el acoso cibernético y la revisión del código penal para que la redacción tenga perspectiva de género.

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“Queremos fortalecer la investigación y sanción en casos de feminicidio. El objetivo es que todo asesinato de una mujer sea investigado con protocolo de feminicidio para que no se pierdan evidencias y se pueda hacer justicia”.

A nivel federal, la diputada Paula Soto trabaja en dos iniciativas, la primera está relacionada con la iniciativa de una Ley del Sistema de Cuidados, que reconozca la responsabilidad del estado en el cuidado de los niños, los discapacitados y las personas de la tercera edad, pues hoy esa responsabilidad se asigna de manera implícita a las mujeres.

Actualmente, las mujeres destinan un promedio de 58 horas a la semana al trabajo no remunerado de cuidado de personas y limpieza del hogar, mientras que los hombres destinan apenas 38 horas a la semana en promedio a estas actividades.

Paula Soto explica que la iniciativa de Ley del Sistema de Cuidadados recoge experiencias de otros países como España, Colombia, Costa Rica y Uruguay, donde se ha establecido un sistema donde el estado absorbe parte de la responsabilidad.

La segunda iniciativa de género a nivel federal está relacionada con el combate a la violencia política ejercida contra mujeres. Para ello, se busca reformar el Artículo 41 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para que la violencia política ejercida contra mujeres sea castigada con la pérdida de registro del partido que incurra en agresiones y discriminación.

“Los partidos políticos siempre pueden pagar una multa, necesitamos sanciones mayores”, dice la legisladora.

Paula Soto considera que la violencia contra las mujeres no debe ser un precio a pagar para desempeñar un cargo público o para tener trabajo.

“Necesitamos terminar con la impunidad y la permisividad. La violencia contra las mujeres se percibe como algo normal en la sociedad y no es normal, la violencia no es un precio que debamos pagar”.

 

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