En lo que va del primer año de la gestión de Andrés Manuel López Obrador la economía de México creció en promedio 0.1%, se agudizó la crisis migratoria por la llegada de caravanas de habitantes centroamericanos, Donald Trump amenazó con iniciar una guerra arancelaria con México en caso de no contener el paso de centroamericanos y se registró desabasto de gasolina en diferentes partes del país por el arranque de una estrategia para combatir el huachicol.

En cada una de estos momentos, las decisiones del gobierno federal han tenido tanto detractores como personas que defienden las medidas adoptadas. Sin embargo, existe un elemento de la agenda del gobierno federal que pocos se atreven a defender: las medidas para atender la crisis de seguridad que se generó en el gobierno de Felipe Calderón, continuó en el sexenio de Enrique Peña Nieto y parece estar agudizándose en la administración de López Obrador.

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De acuerdo con datos del Semáforo Delictivo, durante el primer trimestre del año se registraron 7,242 homicidios, que representa un incremento de 10% comparado con el mismo periodo del año pasado. 

Pero más allá de la cifra, dos sucesos han marcado estos nueve meses de la administración de AMLO: el ataque armado a invitados de una fiesta familiar en Minatitlán, Veracruz, en el que fallecieron 13 personas, entre ellas un bebé; y el ataque a un bar de Coatzacoalcos, Veracruz, que hasta el momento ha dejado un saldo de 26 personas muertas.

El ataque al grupo familiar acaparó las primeras planas de los periódicos nacionales y varias menciones en la prensa internacional, así como los espacios de noticias en radio y televisión; sin mencionar que se colocó como uno de los temas más comentados a través de redes sociales, en donde se reprodujeron sin censura la imagen de los cuerpos masacrados de los asistentes a la fiesta de cumpleaños de una mujer de 52 años.

Pese a ello, tuvieron que transcurrir 29 horas para que el presidente se pronunciara sobre los hechos, actitud que fue bastante cuestionada.

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En el caso del ataque a las personas que se encontraban en un bar, la respuesta por parte del presidente fue casi inmediata, a través de su conferencia mañanera en la que comunicó que la Fiscalía General de la República (FGR) atraería la investigación.

Hasta la fecha, la estrategia de seguridad del gobierno de AMLO se ha enfocado en la formación de la Guardia Nacional y la puesta en marcha de los diversos programas sociales, entre ellos, Jóvenes Construyendo el Futuro, que apoya con una beca mensual de 3,600 pesos a personas de entre 18 y 29 años que se integren a una actividad laboral. 

De hecho, la frase con la que AMLO resume uno de los objetivos es: “becarios, sí, sicarios, no”.

Pero expertos en la materia advierten que tanto es poco probable que la entrega de apoyos a través de programas sociales “arrebaten” a los jóvenes del crimen organizado, como que la Guardia Nacional constituye en esencia, una estrategia de combate entre un ejército desplegado en las calles y grupos criminales.

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“Sus programas son nada frente a lo que puede corromper el narco con dinero, el problema es como limitas la economía de mercado y cómo fortalecer las economías regionales, las economías indígenas pero en una lógica no de mercado, eso es lo que no quieren enfrentar y pues si una aspirina “le voy a dar 3000 pesos a los chavos el narco llega y te da 15”, apuntó Javier Sicilia en entrevista con Forbes México, en marzo de este año cuando se cumplieron ocho años por el asesinato de su hijo.  

El rostro más visible de los agraviados por la batalla entre fuerzas armadas del Estado y los carteles de la droga u otros grupos criminales, aseguró que la política de atención a la violencia de AMLO se trataba de otra forma de simulación, con un diferente rostro, otro argumento pero los mismos resultados: injusticia, violencia, terror.

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No es el único. Integrantes de organizaciones internacionales y nacionales de protección de derechos humanos, académicos y líderes de asociaciones civiles enfocados en seguridad, han advertido que la estrategia de seguridad, en especifico la puesta en marcha de la Guardia Nacional,  no disminuiría la crisis de criminalidad en el país, y que por el contrario representa una amenaza para los derechos humanos.

 

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