¿Qué tan efectivo ha sido el combate a la corrupción en el gobierno de AMLO?

En junio de 2018, mientras compartía una mesa redonda con adversarios políticos, el aún candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador afirmó que la corrupción era el cáncer que está destruyendo a México. Se trataba del tercer debate presidencial y a López Obrador se le preguntó cuál era su plan para detonar el crecimiento económico del país que por más de dos décadas se mantuvo en tasas de 2.4% anual. Su fórmula, según el tabasqueño, era sencilla: “acabar con la corrupción porque ese es el principal problema del país”. TAMBIÉN LEE: A 100 días de gobierno, AMLO es popular, pero enfrenta pendientes Esta era una respuesta común en el candidato de Morena cuando se le formulaban cuestionamientos en torno a cómo resolvería problemas como la crisis de seguridad en el país, cuál era su propuesta para bajar niveles de impunidad o como disminuir la desigualdad economía en el país. En resumen el combate a la corrupción se convirtió en el punto central de la campaña de AMLO. La corrupción, en efecto, es la raíz de muchos de los problemas del país, afirma Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana. Este fenómeno está presente en obras públicas sin concluir, la triangulación de recursos públicos a empresas fantasma, licitaciones irregulares, la operación irregular de taxis, casos de impunidad, gasto de programas sociales con uso electoral y hasta violación a derechos humanos. Para combatirlo, AMLO presentó un plan integrado por 50 puntos 15 días después de que los votantes lo favorecieron en las urnas. Entre los lineamientos más destacados estaba la suspensión de fueros y privilegios a funcionarios públicos, reformar la ley para considerar delitos graves el tráfico de influencias, que la Fiscalía general tuviera completa autonomía y la supresión de estructuras y programas duplicados. A cien días de la operación de su gobierno ¿se puede hablar de un avance en el combate a la corrupción? Para calificar la gestión de AMLO para disminuir este fenómeno, no es necesario necesario revisar el cumplimiento de las cincuenta propuestas, sino observar la estrategia con la que se abordan casos específicos de corrupción. En opinión de Bohórquez, la administración del presidente de izquierda sí está mostrando un cambio de enfoque al abordar los casos de corrupción a través de la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera a la investigación de casos, así como del Sistema de Administración Tributaria (SAT).

La corrupción y la violencia arrastran a México en índice global de estado de derecho

El primer caso de corrupción que se aborda desde este enfoque es el del combate al huachicol, apunta el especialista. “Huachicol es el tipo de casos de corrupción que deberías enfrentar. Está detrás del problema de abasto, del problema de desvío de recursos, detrás del problema de la operación y los números de Pemex -si ese dinero se recuperará tendría efectos muy positivos sobre la tesorería de Pemex no hay ninguna duda-, en términos de control efectivo de la corrupción”, detalla. El otro indicador del éxito de las medidas implementadas por el equipo de AMLO sería el número de redes de corrupción desmanteladas, la cantidad de sentencias a personas que cometieron actos de corrupción y el retorno de recursos públicos que fueron saqueados de las arcas públicas a través de estos delitos. Bohórquez pone énfasis en la conclusión de las investigaciones de corrupción a través del establecimiento de sentencias, toda vez que hasta la fecha la mayoría de los casos de presentación de actores señalados por este tipo de delitos no concluyen en una sentencia condenatoria o se quedan en el tintero. “Un sistema anticorrupción efectivo se mide por las sentencias, el número de redes desmanteladas y la recuperación de los activos robados, sino recuperas los activos robados…”, apunta. Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, acusado por desvió de recursos públicos, lavado de dinero y asociación delictuosa a quien después de un juicio tras las rejas, el ex priista recibió una condena de nueve años de cárcel y 58,890 pesos. O del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, que enfrenta un proceso de juicio tras las rejas por la presunta venta de 9,600 hectáreas de terrenos frente al caribe mexicano a familia y amigos durante su gestión, terrenos considerados como bien público y por los que se pagaron menos del 1% del precio catastral. En ese sentido, las sentencias y la posibilidad de que estás permitan regresar dinero a las arcas públicas es fundamental. “Lo que hizo Borge es me hecho tres y medio (en la cárcel) y al final del arcoíris hay una olla de oro”, reflexiona Bohórquez.