Los resultados de la Consulta Popular muestran que la ciudadanía no está dispuesta a cumplir caprichos ni a respaldar ocurrencias. La escasa participación, apenas el 7.08 por ciento del Padrón Electoral refleja esta situación.

Los incentivos para concurrir a las urnas eran muy bajos, porque la pregunta que se hacía era abierta y en realidad no significaba nada concreto. En el fondo la interrogante consistía en pronunciarse sobre si los hechos del pasado, que pudieran ser constitutivos de delitos deberían ser investigados.

La absoluta mayoría de los mexicanos está a favor de que la ley se cumpla y las instituciones hagan su trabajo. Es más, una de las debilidades que enfrentamos, y desde hace años, es que los responsables de que se aplique no hacen lo que les corresponde y por ello son tan elevados los índices de impunidad.

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El tema del juicio a los expresidentes nunca estuvo en juego y por dos razones: hacerlo habría sido ilegal y contrario a los derechos humanos y porque la Suprema Corte redactó un galimatías para salir del paso.

Los cientos de anuncios espectaculares, los cartelones y la papelería que anunciaban que la consulta era sobre el juicio a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto era una suerte de fake news, una invitación fraudulenta, porque de ello no trataba lo que estaba en cuestión.

El consejero Ciro Murayama llamó la atención sobre este aspecto y señaló que hay que clarificar la procedencia de los recursos de esa campaña. Es probable que la fiscalización, en su momento, arroje varias sorpresas.

En las Consultas Populares, a diferencia de las elecciones ordinarias, la abstención cuenta y mucho, ya que uno de los umbrales del éxito o del fracaso, está atado al porcentaje de quienes decidan emitir su opinión, el sí o el no. La Constitución establece que se requiere de al menos el 40 por ciento de los inscritos en el padrón, para dar carácter vinculante a la opinión mayoritaria. 

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Es en este aspecto en el que los resultados son mixtos. El fracaso de los promotores de la consulta es evidente, pero el éxito del INE al organizarla y hacerla posible no debe ser regateado por nadie.

Después de todo, es el primer ejercicio constitucional de ese tipo en nuestra historia y se aleja mucho de consultas patito como la que echó por la borda el Aeropuerto Internacional de Texcoco, por dar un ejemplo reciente.

Es interesante reflexionar sobre lo que habría ocurrido y más aún porque una de las primeras enmiendas a la Ley Federal de Consulta Popular, impulsadas en la actual legislatura por el partido mayoritario y aprobadas hace poco más de un año, fue la de cancelar la posibilidad de que las obras en construcción sean sujetas de escrutinios ciudadanos como el que aconteció el primer domingo de agosto.

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