La reforma al campo se encuentra estacionada en una pausa indefinida hasta ahora. Sin embargo, el agro mexicano requiere de una respuesta pronta que lo rescate del olvido de las últimas décadas.

 

La reforma al campo es ya otro de los damnificados del recorte presupuestal de 124,300 millones de pesos (mdp) este año. Además tendrá que enfrentar la reducción de 4.3% en el gasto para 2016, que representa iniciar el próximo año con 135,000 millones de pesos menos, lo que amenaza con dejarla (una vez más) en el olvido.

Casi cuatro meses han transcurrido de este año y la propuesta de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para reformar al sector agrícola no se ha hecho pública, pese a que el  panorama es urgente para el país: en los últimas dos décadas, la dependencia alimentaria de México se ha incrementado, al tiempo que 20 millones de mexicanos presentan carencia alimentaria.

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Tan sólo en 2012, la importación de maíz alcanzó 9.5 millones de toneladas, que provinieron casi en 90% de Estados Unidos y representaron cerca de 27,000 millones de pesos (mdp), indican datos de la Sagarpa.

México se encuentra en el séptimo lugar mundial como productor de proteína animal, el sexto en carne de res (1.8 millones de toneladas al año), el quinto en carne de pollo (2.8 millones) y en huevo (2.5 millones), además de que exporta alrededor de 1.2 millones de bovinos en pie, según cifras de la Coordinación General de Ganadería.

Organizaciones campesinas consultadas por Forbes México afirman que la apuesta del gobierno federal para el sistema de producción básico en el país se mantiene en espera, ya que el recorte al gasto público de 2015 y el presupuesto menor del año entrante son dos retos que la dependencia de Enrique Martínez y Martínez tiene que afrontar.

“En términos de comunicación es muy malo que no se haya anunciado oficialmente la reforma al campo. La sociedad está esperando un impulso al campo que se prometió. Es malo anunciar algo y no realizarlo”, dice Leticia Armenta Fraire, directora del Centro de Análisis Económico del Tecnológico de Monterrey campus Ciudad de México.

Sin embargo, voces del agro mexicano aseguran que la reforma está en marcha y pronto comenzará a dar frutos, que no se verán opacados por el recorte al gasto público y presupuestal en el país. Una postura que parece compartir el gobierno federal.

 

Una historia de olvido

En enero de 1915, el presidente Venustiano Carranza promulgó la primera versión de la Ley Agraria en México. Los principios eran simples: la formación de la pequeña propiedad, al disolver los latifundios, y restituir la tierra a los campesinos.

A 100 años de aquel acontecimiento, el reto de la administración federal es hacer del campo un espacio más justo, productivo, rentable y sustentable, con beneficios para la población mexicana.

En noviembre de 2013, el presidente Enrique Peña Nieto anunció frente al Consejo Nacional Agropecuario (CNA) la entrega de una iniciativa al Congreso de la Unión para hacer una “gran reforma al campo”.

La intención del primer mandatario parecía tomar forma en marzo del año pasado. La instrucción para el titular de Sagarpa fue la organización y realización de ocho foros temáticos nacionales con la presencia de organizaciones sociales, así como privadas, sumados a siete foros regionales con vocación territorial, foros estatales y foros vía internet.

Los foros temáticos y regionales concluyeron el 23 de julio, con saldo de 65 mesas de trabajo, la participación de 17,537 personas y la recepción de 3,945 propuestas; mientras, los 32 foros estatales contaron con 20,004 participantes y 3,921 ponencias.

El gobierno federal intenta generar un acuerdo de los sectores que representan al campo, como son productores e instancias gubernamentales, sobre temas como uso de biotecnología, financiamiento, comercio internacional y precios justos.

Algunas de las propuestas más recurrentes en los foros, de acuerdo con el Informe de la Consulta Pública para Transformar el Campo, fueron las siguientes:

  • Adoptar tecnologías de la información y comunicación para mejorar la eficiencia de los programas.
  • Descentralización de la operación de los programas y más articulación entre los órdenes de gobierno.
  • Dar mayor certeza a los productores a través de presupuestos multianuales, transparencia y rendición de cuentas.
  • Fomentar una política de asociación entre pequeños productores para impulsar la productividad del minifundio.
  • Planeación en la producción de granos y oleaginosas en función de la demanda, considerando los incentivos de Agricultura por Contrato e Inducción Productiva.
  • Aplicar la Ley Federal de Competencia Económica para evitar prácticas monopólicas y especulativas.
  • Hacer una reserva estratégica nacional de frijol, maíz y quizá de azúcar, que disminuya la sobreoferta estacional.
  • Reformar el artículo 73 de la Constitución y su marco jurídico para que la Federación regule la movilización de productos agroalimentarios, excluyendo las regulaciones locales que impactan de manera negativa a los movilizadores.
  • Aplicar la Ley de Bioseguridad con apego a la evidencia científica.
  • Generar y poner a disposición de los productores variedades mejoradas para que sean más productivos y competitivos.

Esta publicación solicitó una entrevista con algún representante de Sagarpa, pero la dependencia federal declinó la propuesta frente a la veda electoral de este año.

 

Biotecnología, en duda

El 18 de julio del año pasado, Alejandro Monteagudo, director general de Agrobio, miraba atento la exposición del titular de Sagarpa en el foro temático de Biotecnología. La reforma al campo guardaba una promesa para la causa que defiende.

Monteagudo piensa que aún hay una oportunidad para el campo y el cultivo comercial de Organismos Genéticamente Modificados (OGM).

Actualmente, la siembra comercial de maíz genéticamente modificado se lleva a cabo en 28 países a nivel mundial, mientras que la producción se consume en alrededor de 59 países.

Y mientras la primera Ley Agraria en México cumple un siglo, la Ley de Bioseguridad de OGM conmemora 10 años de haberse publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 18 de marzo de 2005.

“La biotecnología agrícola puede contribuir a la seguridad alimentaria que se está buscando en el campo”, asegura Monteagudo.

De 1996 a 2012, periodo que comprende la siembra de maíz transgénico, se han generado beneficios económicos por 98,000 millones de dólares (mdd), derivados del incremento en la producción del grano y los ahorros para los agricultores, según información de las empresas.

Alejandro Moteagudo sabe que ha llegado otro momento decisivo en la batalla por posicionar la biotecnología como un tema prioritario para el desarrollo del país, aunque no se preocupa mucho por la presentación de la reforma al campo.

“Somos optimistas en el sentido de que con la decisión que se tomará por parte del gobierno y de la autoridad, por supuesto con apego a la ley y evidencia científica, habremos de avanzar en la adopción de esta tecnología más allá de la reforma al campo”, dice el director de Agrobio.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 plantea como una línea de acción que se oriente la investigación y el desarrollo tecnológico hacia la generación de innovaciones aplicadas al sector agroalimentario, que eleven la productividad y competitividad del país. Ésta es una de las certezas que le permite mantenerse confiado.

“Esta tecnología (de las semillas transgénicas) cada vez tiene más presencia en el mundo, y la razón de impulsarla es que estamos buscando que haya un uso más racional y responsable de la biodiversidad, porque seguimos usando los insecticidas, químicos y herbicidas que tarde o temprano nos van a llevar a morir”, asegura Francisco Bolívar Zapata, coordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de la Presidencia de la República.

Sin embargo, los otros interesados en la reforma al campo se mantienen atentos a los siguientes pasos de la administración federal.

 

La verdadera preocupación

Las afectaciones del gasto público son una certeza para la secretaría de Enrique Martínez. La Sagarpa fue una de las tres dependencias que resultaron más afectadas por los ajustes de la SHCP para 2015.

Al inicio de este año, la Sagarpa contaba con recursos por 50,563 mdp, que ahora son de tan sólo 44,163 mdp, monto que representa una disminución de 7.8% si se le compara con la cifra inicial.

“Ésta es una reforma que no sólo requiere recursos, sino que también es necesario que el gobierno y los productores inviertan en capacitación, así como la modernización tecnológica de los procesos agrícolas”, argumenta Armenta Fraire.

El dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) asegura que la organización no le teme al recorte presupuestal, pues a pesar de éste se impulsa al agro mexicano.

“Muchos quisieran ver cambios legales, pero para nosotros (la CNC), la reforma al campo ya se está practicando”, dice al ser consultado por esta publicación Guillermo Correa, encargado de comunicación cenecista.

De acuerdo con lo expresado por el senador Manuel Cota Jiménez, presidente de la organización, la reforma se mantiene: “Al campo no lo afecta, ya que es uno de los sectores más importantes para el gobierno de la República. Hay garantías a los precios de los productos básicos que se pagan a los campesinos, además de que se incrementaron 5,000 millones de pesos en la comercialización, los cuales no se tocan, así como tampoco las inversiones en proyectos productivos.”

Lo cierto es que es necesario un cambio. En un documento publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) y la Red para la Agricultura Familiar –conformada por más de 60 uniones de productores, gobierno y sociedad civil– se propone que la próxima reforma impulse el desarrollo de la agricultura familiar para revivir al agro.

México se ubica en la posición 35 de 109 países que conforman la tercera edición del Índice de Seguridad Alimentaria que elabora la unidad de inteligencia de The Economist, lo que representa un retroceso de tres lugares si se le compara con el lugar que ocupó el año pasado.

El recorte al gasto público y el presupuesto pueden representar una oportunidad de revisar los programas de apoyo al campo, ya que no se está gastando de forma eficiente.

“Algunos programas de apoyo al campo son los que más se tendrían que revisar en términos de eficiencia, ya que durante los últimos 50 años no se han visto los resultados esperados y el campo ha recibido una cantidad de recursos muy importante y, sin embargo, los resultados no son igual de importantes”, dice Armenta Fraire.

Llevar a buen puerto la presentación e implementación de la reforma al campo tiene beneficios para el pequeño, mediano y gran productor, pero de una forma ordenada. Las reglas de selección y entrega de recursos deben ser claras.

Leticia Armenta cree que hay dos elementos decisivos que los cambios legales deberían seguir en el corto plazo: centrar el programa en metas y hacer un compromiso con los beneficiarios para el otorgamiento de los recursos, así como que el agricultor amplíe su visión, para que salga de los cultivos tradicionales.

Enrique Martínez había asegurado que la propuesta de reforma sería presentada a finales de 2014 o principios de este año. Sin embargo, hasta ahora no hay nada que se haya presentado formalmente.

“Veo complicado que se haga un lanzamiento oficial de la reforma, ya que estamos prácticamente llegando a la mitad del año, y las acciones, al menos, no se han transparentado. A lo mejor están ahí, pero no las conocemos”, dice la académica.

La meta está puesta al final de la carrera. La FAO establece que, de forma idónea, las naciones deben producir 75% de los productos que consumen, mientras que México tan sólo alcanza cerca de 58% en este rubro.

Para Leticia Armenta, del Tecnológico de Monterrey, el tiempo se acaba en el rescate al campo, y la atención no parece ser la misma a la de otras reformas: “Tal vez la reforma al campo no sea tan deslumbrante como la energética, pero sería mejor pensar esta reforma al campo de una manera más profunda e integral, contrario a dar paliativos contra la pobreza. ¿Por qué no verlo como una opción de transformación para la población?”

 

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